El encadenamiento de hechos, anuncios y declaraciones sobre y desde Venezuela en lo que va del mes de mayo, con algunos eslabones previos, ofrece cada vez más pistas sobre lo que desde finales del año pasado se advertía como una nueva fase en el entramado de crisis que es Venezuela. También en su trato internacional, en la estela global de la pandemia, la recesión económica y la guerra en Ucrania. La secuencia, más bien las secuencias apuntan a lo que se perfila en atención internacional, con sus riesgos y oportunidades, para los intereses del régimen y para los del país.
El gobierno de hecho ha tenido encuentros de muy alto nivel como para, en medio de su aislamiento, exhibir relaciones estratégicas. Entre febrero y mayo recibió las visitas de altos funcionarios de Rusia, Turquía e Irán. En este último caso con el añadido de petróleo pesado e inversiones para refinación, en continuidad de tratos para la recuperación del sector petrolero. En otra escala, ha reafirmado la naturaleza de la relación con Cuba y otros países del Caribe, diésel más anuncios de condonación de deudas mediante. Pero la visita más importante fue la de la delegación de Estados Unidos con altos funcionarios de la Casa Blanca y el Departamento de Estado, entre ellos Juan González, asesor presidencial y director para el hemisferio americano del Consejo Nacional de Seguridad. Hasta donde dejaron saber después unos y otros, conversaron en Miraflores de la liberación de los estadounidenses detenidos por el régimen, sobre petróleo y acerca de la mesa de negociación iniciada en México en agosto y abandonada por el gobierno en octubre. No sobra recordar que esta visita se produjo en medio de la urgencia por ubicar en el mundo fuentes sustitutivas de los hidrocarburos rusos, un mes después de la del vicepresidente de Rusia, pero también a un mes de filtrarse a los medios documentos sobre las viejas vinculaciones de cooperación con Estados Unidos de Alex Saab, ya en manos de la justicia de ese país.
Ante la polémica y las críticas al encuentro, hubo tres muy expresas precisiones hechas con insistencia desde Estados Unidos que añaden pistas a la secuencia: el interés en el petróleo venezolano, el apoyo a la vuelta a la mesa de negociación y la vinculación de las sanciones a los acuerdos concretos que se alcancen en ella y no al acceso al sector petrolero. Sobre esto último había quedado en algún momento un cabo suelto que, cambiando lo cambiante, coincidía con el alivio de algunas sanciones a Irán por Estados Unidos como incentivo para rescatar el acuerdo nuclear. Se trataba de una nota de prensa publicada en enero que asomaba la posibilidad de reducir sanciones para que se produjera el retorno a las negociaciones en México. A la vez, se sumaban las voces críticas al régimen de sanciones sectoriales (no a las individuales), por la limitación de su eficacia y por los efectos colaterales que agravaban las penurias prevalecientes antes de que se aplicaran las medidas restrictivas.
Luego llegaron las noticias sobre reuniones de la oposición democrática en Panamá y el anuncio del acuerdo para refundar la Plataforma Unitaria, con mayor amplitud e inclusión, trabajar en su organización y acuerdos para elecciones primarias. Ante las reacciones críticas, se ha defendido como un paso a valorar, que debería contribuir a construir y ampliar acuerdos, y a reducir la fragmentación que tanto ha debilitado a la interlocución nacional e internacional de los partidos y dirigentes democráticos venezolanos. Lo cierto es que enseguida se produjeron los dos anuncios que van cerrando estas secuencias: el de la reducción de algunas sanciones por el gobierno de Estados Unidos y el del reinicio de las conversaciones entre los representantes de la Plataforma Unitaria y del régimen. Fueron dos tipos de sanciones las levantadas, una personal, que se señala como gesto de la Casa Blanca para mantener abierto el canal de comunicación con Maduro, a quién se ha atribuido la propuesta. La otra, con implícita anuencia opositora, permite a la petrolera Chevron tener conversaciones con Pdvsa. Solo eso, por ahora. Es un gesto muy limitado pero que podría cambiar para ampliarse en la medida que hubiese avances en la negociación. Si no los hay, según ha insistido el ya mencionado Juan González, se reimpondrían las medidas levantadas. Quizás, cabe pensar, a ese propósito termine sirviendo solamente el otro caso, el de la sanción personal. En fin, estos anuncios, que tan duras y previsibles críticas han provocado en importantes promotores de la política bipartidista hacia Venezuela, entre ellos Marcos Rubio y Bob Menéndez, ocurren a seis meses de las elecciones de medio término que tan poco auspiciosas se perfilan para los Demócratas. También desde allí se pueden trazar y proyectar otras secuencias: tanto sobre la importancia para Estados Unidos de mantener su incidencia en el apoyo a negociaciones que, cuando menos, frenen el rumbo a la normalización autoritaria que se ha propuesto el régimen venezolano, como la de cuidar la presencia de sus empresas sin cerrar espacio a las de Europa, para recuperar terreno ante la expansión de intereses de Rusia y China en el sector petrolero venezolano.
Tres rasgos resumen, finalmente, los riesgos a tener en cuenta y las oportunidades por cultivar en las secuencias de cada cual. Para el régimen, el propósito muy expreso de lograr la eliminación de las sanciones va ahora acompañado por la campaña sobre la recuperación económica, ya descartado en su propio discurso lo de que Venezuela se arregló. También por el impulso a relaciones y foros regionales en la expectativa de una nueva ola rosa, así como por la disposición a aprovechar hasta su conveniencia la negociación con la oposición. Sin embargo, la recuperación económica es y se perfila muy limitada ante un país en ruinas. Las perspectivas políticas regionales –tomando como referencia a los gobiernos de Gabriel Boric, Alberto Fernández y Andrés Manuel López Obrador, así como lo que va de la campaña de Lula da Silva– no asoman afinidades sustantivas ni asociaciones estrechas con el régimen venezolano. El abandono de la mesa, a medida que los sucesivos intentos han logrado mayor formalización, mediación internacionalmente respetada y registro de lo propuesto y avanzado, se ha vuelto cada vez más costoso, por condenable, generador de desconfianza y obstaculizador de acercamientos y acuerdos internacionales.
Respecto a Estados Unidos, vistos los explícitos propósitos políticos, económicos y geopolíticos del apoyo a negociaciones, la combinación de presión con muy calculadas medidas de persuasión confirma la reorientación política hacia Venezuela. Por un lado, se hace insistentemente explícito que corresponde a los venezolanos definir y poner en práctica sus estrategias para la recuperación del estado de derecho, condiciones de vida digna y democracia. Por el otro, se vincula el alivio de sanciones a cambios de conducta significativos y sostenidos por parte del gobierno de hecho hacia esos propósitos, con referencia a los términos y agenda acordados en México. El riesgo mayor está en la descoordinación entre los intereses petroleros y los propósitos políticos de Estados Unidos, así como de la Unión Europea y, particularmente, algunos de sus miembros.
En cuanto a la oposición en proceso de reorganización, se trata de la oportunidad de cultivar sobre nuevas bases la relación con Estados Unidos y de recuperar coherencia y proyección concertada ante el régimen empeñado en normalizar nacional e internacionalmente su desempeño arbitrario. Fortalecerse pasa por aprovechar el momento para revisar sus estrategias de movilización, resistencia y demanda de protección de derechos humanos, dentro y fuera de las negociaciones, dentro y fuera de Venezuela. Los riesgos siguen siendo muchos, pero los mayores pudieran ser la inmovilidad, el debate público interminable o el desbocamiento sin concierto.