El anunciado reinicio de conversaciones-negociaciones en México entre el régimen madurista y una parte de la oposición plantean expectativas y dudas tanto dentro del país, como fuera. Nadie puede negar que la mejor forma de solucionar un conflicto o una crisis es a través de la negociación, sea directa entre las partes o asistida por un buen oficiante, un mediador o un conciliador. Pero la negociación debe responder a ciertos criterios. En primer lugar, es esencial la representatividad y legitimidad de los que se sientan en la mesa y, en segundo lugar, que el objeto de la negociación, es decir, la agenda o los temas que se deben discutir y resolver respondan a los intereses de la sociedad que sufre la crisis.
El régimen estaría representado por una delegación impuesta desde la cúpula del poder, sin importar la opinión de sus “seguidores” o “adeptos” a quienes nunca se les consulta, lo que es propio de los regímenes totalitarios como el de Maduro. La “delegación opositora”, por su parte, estaría integrada en forma excluyente por algunos grupos políticos y sociales, lo que sin duda afecta su legitimidad y en consecuencia, la efectividad de las negociaciones y de los acuerdos que se habrían de adoptar. No se trata de que todos estén sentados en la mesa, sino que quienes estén sentados en ella representen el sentimiento nacional general y tomen en cuenta y expresen y defiendan las preocupaciones de todos.
Por otra parte, la agenda no puede ser impuesta. La agenda debe ser objeto de consenso y no solo entre las partes en la mesa, sino entre los grupos representados. Deben atenderse las preocupaciones de la mayoría de los venezolanos. Los temas fundamentales que deben ser considerados en forma transparente, según la opinión mayoritaria, son el retorno inmediato al Estado de Derecho; la liberación igualmente inmediata y sin condiciones de todos los presos políticos, civiles y militares; el cese de la tortura y de otros tratos inhumanos y degradantes, a los que sabemos están sometidos a diario los presos o secuestrados del régimen; el fin de la discriminación y la exclusión por razones políticas o ideológicas; elecciones libres y seguras, vigiladas internacionalmente, en la que participen todos los venezolanos, los que estamos fuera y los que están dentro, sin discriminación alguna, de manera que se exprese la verdadera voluntad popular. No se trata de lograr acuerdos sobre la soberanía nacional, ni sobre el ambiente, tampoco sobre otros conflictos internacionales, menos sobre los fondos marinos y oceánicos o el espacio ultraterrestre.
De las conversaciones-negociaciones en México debe excluirse, por supuesto, el tema relacionado con el levantamiento de las sanciones internacionales, que no depende de la voluntad del régimen, ni de la oposición ni de los dos juntos, sino de los gobiernos extranjeros que las han adoptado soberana y legítimamente para proteger a una población -la venezolana- que sufre la violación sistemática de los derechos humanos de un régimen que abandonó el Estado de Derecho y viola todas las normas internas. También debe excluirse el tema de la suspensión del proceso que se ha iniciado en la Corte Penal Internacional para investigar los hechos ocurridos desde 2014 y castigar a los autores de tales crímenes pues, simplemente, ello no depende de los poderes nacionales ni de acuerdos entre unos y otros, sino de la Corte misma y de la comunidad internacional que está obligada a actuar ante la comisión de crímenes internacionales, de lesa humanidad en nuestro caso, cuando los tribunales o el sistema de justicia nacional no funciona, es decir, el compromiso asumido por todos de luchar contra la impunidad por la comisión de crímenes atroces como los que se han cometido y se siguen cometiendo en el país.
Los acuerdos que se pudieren lograr en México deben responder en definitiva a las preocupaciones de los venezolanos y no a los intereses políticos del régimen y de los partidos y grupos políticos que participan en ese proceso que por lo demás debe ser absolutamente transparente y genuino. Si queremos una solución definitiva, estable y duradera, los “negociadores” deben atender las preocupaciones y las exigencias de todos los venezolanos. De lo contrario, seria dar un nuevo paso en falso que generará, sin duda, mas frustración, por una parte; y respiro y estabilidad al régimen cuyo objetivo es permanecer eternamente en el poder.