La responsabilidad ciudadana se refiere a deberes y obligaciones de personas que integran una comunidad nacional. El deber cívico de participar activamente en procesos electorales es esencial al desenvolvimiento de la democracia. Las decisiones políticas afectan la vida del ciudadano y el desarrollo y viabilidad de la sociedad en su conjunto. Para ello son fundamentales el conocimiento de los factores en juego –económicos, políticos, sociales, humanos, culturales– y, sobre todo, el disciplinado respeto a las normas jurídicas originadas en el pacto social. Es entonces primordial que los ciudadanos estén debidamente informados, base fundamental del actuar responsable de todo individuo que conoce y comprende sus derechos y obligaciones, tal y como aparecen consagrados en la Constitución.

En circunstancias particulares, los ciudadanos pueden protestar pacíficamente, suscribir y someter peticiones no solo a organismos internos, sino también internacionales reconocidos en tratados suscritos válidamente por la República, igualmente asistir a reuniones y manifestar libremente opiniones diversas sobre todos los temas de interés general, siempre en actitud de respeto al parecer de los demás. Solo así se precisan los rasgos sustanciales de una democracia vigorosa, esto es, no limitada a los actos proselitistas y eventos netamente electorales. Una sociedad justa es aquella en la que los ciudadanos asumen sin reservas los principios y valores democráticos en todos los niveles de actuación pública y privada. Aún más, aquella que se rebela sin tregua ante los desplantes de quienes pretenden imponer formas totalitarias que anulan esos principios y valores.

En otro orden de ideas, la responsabilidad social se refiere al compromiso del ciudadano, del ente público o privado y en general de toda organización para con la sociedad. De allí prosperan los aportes a organismos públicos y privados, incluso a individuos o grupos comunitarios, en ánimo de alcanzar mejores condiciones de vida, avances en la cultura y el conocimiento, también para la necesaria renovación institucional.

Las mejoras educativas, de capacitación técnica, de fomento al emprendimiento, de salud pública, de sano esparcimiento, de protección al medioambiente, sin duda contribuyen poderosamente al crecimiento social y al fortalecimiento de la democracia. Y se trata de un esfuerzo que compromete a todos por igual: los trabajadores también deben participar en programas de servicio comunitario, naturalmente aportando a ellos conforme sus capacidades y posibilidades económicas.

En otro sentido, debe igualmente acometerse una labor de desaliento a la producción y el consumo de productos perjudiciales para la salud, así como proteger al ciudadano en su lugar de trabajo y fomentar todo aquello que conduzca a una mayor transparencia en los mecanismos de intercambio, a una mejora en la calidad de los productos y servicios de consumo masivo.

Todo lo anterior nos lleva a concluir que la dignidad y la libertad de la persona humana no pueden concebirse enteramente apartadas de las nociones de justicia, solidaridad, responsabilidad ciudadana y bienestar social. En el siglo XX venezolano, mucho antes de los acontecimientos políticos de la última década, surgieron empresas y sobre todo empresarios hoy convertidos en referente de actuación social responsable, siempre desplegada en beneficio de los trabajadores y de las comunidades humanas cercanas a sus establecimientos mercantiles. Sin duda, los ejemplos provenientes de países desarrollados tuvieron su influjo sobre aquellos emprendedores locales que comprendieron la pertinencia de tales iniciativas.

Como ejemplo remoto encontramos a La Electricidad de Caracas, fundada por el ingeniero Ricardo Zuloaga en 1895, empresa pionera en la construcción de colegios con comedores escolares en sus plantas generadoras, tal como registra Charo Méndez Rivas en su excelente investigación sobre tan importante tema. Del mismo modo nos habla la citada Méndez Rivas de la donación que hizo Oscar Machado de un terreno para la construcción del Instituto Benéfico Simón Rodríguez en 1929, para atender niños pobres y desnutridos, donde funcionó el programa nombrado Gota de Leche, y en el cual también participó activamente el empresario Alfonzo Rivas.

Así pues, desde las primeras décadas del pasado siglo, cuando ya Venezuela comenzaba a transformarse en país petrolero, algunas empresas auspiciaban programas voluntarios de apoyo y asistencia a los menos favorecidos; una Venezuela todavía desprovista de normativa especial que regulara las relaciones obrero-patronales.

La responsabilidad social de la empresa fue un concepto novedoso en la Venezuela rural de vuelta del siglo XIX y aún en los primeros tiempos de la nación petrolera. Actualmente, se ha puesto muy en boga, entre otras razones, por el desastre que nos envuelve, consecuencia palmaria del recurrente descuido o desinterés de buena parte del liderazgo político y empresarial venezolano. Suele sostenerse que hoy por hoy se ha propagado y ha sido consecuencia favorable –he allí una de tantas paradojas– de la irracionalidad del régimen actual y sus políticas pendencieras para con la empresa privada.

Hoy prácticamente todas las empresas venezolanas impulsan programas de asistencia social para con sus trabajadores, pero esto tiene que salir de adentro de la misma empresa como una respuesta moral frente a la sociedad en la que se desenvuelve; no debe provenir del miedo que inspiran los populistas.

Más allá de los empresarios nombrados en la primera parte de esta breve disertación, Venezuela cuenta con ejemplos maravillosos de responsabilidad social que vienen expresándose con fuerza y, sobre todo, eficacia desde hace más de 50 años. Eugenio Mendoza es uno de ellos; también Alejandro Hernández, Empresas Polar y otros grupos de significativa importancia.

Quiere decir que nuestra sociedad es capaz de producir esos grandes valores desde adentro. Al efecto, para Manuel Acedo Mendoza “…teóricamente, la función social del empresario arranca de la interacción de dos ideas fundamentales en la sociedad contemporánea: el concepto de justicia social y el de responsabilidad que a cada sector incumbe en su realización…”. Y añade: “…los empresarios venezolanos, al constituir la Asociación Dividendo Voluntario para la Comunidad, estupenda promoción de una idea original de Eugenio Mendoza, definen la responsabilidad social de la empresa en términos enfáticos: El dirigente de empresa tiene la obligación de poner en función social el máximo de su capacidad espiritual, intelectual y económica. En tal sentido, debe intervenir como ciudadano y a través de su empresa en toda actividad social, cívica o educativa de la comunidad que promueve el desarrollo y ejercicio de los derechos del hombre…”.

Así pues, tanto la responsabilidad ciudadana, como la responsabilidad social son conceptos básicos que nos atañen como sociedad nacional y que todos debemos resguardar e impulsar como esenciales al restablecimiento y perfección de nuestro sistema democrático.