La agresión de Rusia a Ucrania, condenada por todas las democracias del mundo, ha sorprendido a todos, aunque no tanto a los analistas políticos expertos en la región que veían, desde hace años, más desde 2014, después de la anexión de Crimea y del apoyo a los separatistas del Donbás, en la frontera este del país, las intenciones de Putin de anexarse, al menos políticamente, a Ucrania y evitar que este país al que ahora desconocen, muy distintamente a 1945 cuando apoyaron su ingreso como República Socialista a las Naciones Unidas, establezca alianzas políticas, económicas y militares con Occidente, Europa y la OTAN.
Los expertos en geopolítica y en economía tienen mucho que decir acerca del impacto del conflicto en las relaciones políticas globales, en la estabilidad de la región y en Europa y sobre los efectos a corto y mediano plazo en la economía y las finanzas internacionales, más en el marco de las sanciones que impone con razón la comunidad internacional a Rusia y al régimen autoritario y despótico de Putin. Por lo pronto, se inicia una enorme crisis de refugiados que se calcula que podría llegar los próximos días hasta los 5 millones de ucranianos que se desplazan por tierra hacia los países limítrofes, especialmente, Polonia y Eslovaquia, flujos menos importantes hacia Moldavia y Rumania, países en condiciones económicas menos favorables y hacia Hungría, cuyo gobierno, más cerca de Moscú, mantiene una posición más rígida ante las migraciones.
La agresión rusa es violatoria del Derecho Internacional. El reconocimiento de las entidades separatistas de Donetsk y Lugansk es un acto unilateral absolutamente contrario el Derecho Internacional por lo que no surte efectos jurídicos internacionales, salvo que la comunidad internacional en su conjunto decida reconocer estas entidades como Estados independientes, lo que sería absolutamente inaceptable, pues ellas están dentro de sus fronteras internacionalmente reconocidas y por lo tanto forman parte de la República de Ucrania y seria a los ucranianos a los que correspondería tal decisión para decidir su futuro, mediante el respeto de sus normas internas.
Independientemente de las razones que pudiere argumentar el Kremlin para justificar este acto de agresión, Rusia ha violado el compromiso asumido al suscribir la Carta de las Naciones Unidas sobre el cual se construyó la nueva sociedad internacional en 1945 “de preservar a las generaciones venideras del flagelo de la guerra que dos veces durante nuestra vida ha infligido a la humanidad sufrimientos indecibles”. Además, ha violado los principios fundamentales aceptados por la comunidad internacional que regulan las relaciones pacificas ante los Estados desde entonces: el respeto de la soberanía y la integridad territorial, la no injerencia en los asuntos internos de los otros Estados, la prohibición de la amenaza y del uso de la fuerza para resolver las controversias internacionales, la amenaza del uso de armas nucleares.
Además de violar el Derecho Internacional Humanitario (crímenes de guerra), objeto de la competencia material de la Corte Penal Internacional, Rusia comete un acto de agresión, tal como definida en la resolución 3314 (XIX) de la Asamblea General de las Naciones Unidas, un tema que debe ser examinado por el Consejo de Seguridad de la ONU para determinar la responsabilidad política de Rusia; y, a la vez, un crimen de agresión que tendría que ser considerado por los tribunales internacionales para establecer la responsabilidad penal internacional individual de las más altas autoridades civiles y militares rusas. Lamentablemente, la Corte Penal Internacional no puede ejercer su jurisdicción para conocer este crimen porque Rusia no es parte del Estatuto de Roma y Ucrania no ha ratificado la revisión de este texto que permite al tribunal conocer el crimen de agresión, lo que no excluye que algún tribunal nacional pueda conocer estos crímenes en ejercicio del principio de la jurisdicción universal para sancionar a los autores de tales actos.
La decisión del gobierno democrático de Ucrania de estrechar sus relaciones con la Unión Europea y adherir a la OTAN no puede justificar la agresión rusa. Los Estados tienen el derecho, tal como lo defienden siempre quienes hoy actúan de manera diferente al aceptar la desintegración territorial de Ucrania, de decidir su destino, de manejarse independientemente sin presiones, ni imposiciones ni influencias externas, lo que se funda en el derecho consagrado que tienen todos los pueblos a su autodeterminación.
El sistema internacional ha mostrado ante la agresión rusa una debilidad que frustra al mundo, a la vez que genera desconfianza en el orden que se intenta crear en 1945. El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, al que los Estados miembros han conferido “la responsabilidad primordial de mantener la paz y la seguridad internacionales”, no ha podido adoptar una decisión para detener la agresión y el crimen en contra de un pueblo de un Estado miembro y ello porque Rusia es uno de sus miembros permanentes con derecho a veto, lo que puede abrir el espacio de acción a la Asamblea General como lo ha hecho en varias ocasiones, la primera en 1950 cuando se adoptó la resolución 377 (V) tras la imposibilidad de que el Consejo funcionara por la insistente obstrucción (veto) de uno de sus miembros.
La Asamblea General podría reunirse extraordinariamente en los próximos días y considerar la cuestión y adoptar una resolución sin la amenaza del veto de Rusia, una resolución que aunque distintamente a la que pudiere adoptar el Consejo de Seguridad, podría mostrar al mundo el respaldo al pueblo y al gobierno democrático de Ucrania y un rechazo a Rusia y a los pocos países que como Venezuela, Cuba y Nicaragua han apoyado esta criminal agresión, sin excluir eventuales sanciones, difícilmente, es claro, de carácter militar.
Finalmente, tal como lo anuncia el valiente presidente Zelenski, apegada al Derecho Internacional, Ucrania demanda a Rusia ante la Corte Internacional de Justicia, el órgano judicial de las Naciones Unidas, “para que rinda cuenta por manipular la noción de genocidio (de los rusos en Ucrania) para justificar la agresión”. Pidió al mismo tiempo la adopción de medidas cautelares o conservatorias, de conformidad con el artículo 41 del Estatuto en la que solicita al tribunal “prevenir los perjuicios irreparables a los derechos de Ucrania y su pueblo y para evitar que la controversia se agrave o se amplíe”.