Nunca será suficiente cuando se trate de denunciar lo que le ha hecho el chavismo al país en dos décadas. La irresponsabilidad del gobierno en el manejo del tema de Guyana y la gravísima situación interna, por la violación de los derechos humanos, han llevado a Venezuela a las Cortes en La Haya. 

Sobre la Ordenanza que adoptó la Sala de Cuestiones de la Corte Penal Internacional y que se comunicó el pasado viernes publicamos el lunes un editorial. En esta oportunidad nos referiremos a lo ocurrido en las audiencias de la semana pasada en la Corte Internacional de Justicia en relación con la controversia planteada por Guyana sobre la validez/nulidad del laudo arbitral del 3 de octubre de 1899. La vicepresidenta Delcy Rodríguez defendió la excepción de inadmisibilidad de la demanda guyanesa y sostuvo que la ausencia de Reino Unido como “parte interesada” en el proceso impedía al tribunal ejercer su jurisdicción. De aprobarse esta excepción, la única presentada por el Estado aun cuando ha podido exponer otras para detener la acción de Guyana, la Corte suspendería el proceso, lo que llevaría la controversia al Acuerdo de Ginebra. Distintamente, de no ser aprobada, el proceso seguirá y Venezuela tendrá que demostrar que el laudo arbitral es nulo e írrito, como lo habían sostenido desde siempre los gobiernos democráticos, especialmente, desde 1958. 

Delcy Rodríguez estuvo acompañada de abogados extranjeros. No entendemos si como un punto de honor han ignorado siempre la opinión de la academia y expertos venezolanos, como Héctor Faúndez y Víctor Rodríguez Cedeño, a quienes nunca se les consultó sobre la estrategia que debía adoptar el Estado ante la demanda de Guyana. ¿Ignorancia o mezquindad? Lo que sea, a nadie beneficia. Está claro que jamás sabrán anteponer la nación a sus intereses o resentimientos personales. 

El Esequibo es un asunto que incumbe a todos los venezolanos. 


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