No se habla en Venezuela de “ciertos” presos. Como no son (o al menos no lo eran) opositores al régimen, no figuran en las listas de las ONG que se ocupan de velar por los derechos de quienes han sido detenidos (y algunos condenados) por sus luchas para restablecer la democracia y sus actividades contra la continuidad del grupo en el poder. Para sus antiguos compañeros de ruta se trata de “traidores al proceso”. En consecuencia, como recordaba un famoso mandatario suramericano “no merecen siquiera justicia”. A ellos, pues, no los mencionan ni los unos ni los otros. Pero son venezolanos.
Según la ONG Foro Penal para el 15 de enero pasado se contaban 257 presos políticos en Venezuela. De ellos 146 son militares (6 en forma preventiva desde hace tiempo). Y 119 no han sido condenados: están sometidos a juicio, algunos desde hace varios años, aunque conforme a la ley tal situación no debe prolongarse más de 3 años. Más de la mitad de esos presos sufren de enfermedades (muchos de alguna gravedad). Varios –como Raúl Isaías Baduel, quien liberó a Hugo Chávez cuando fue enviado a La Orchila en 2002– han muerto en prisión. Otros, más de 9.000 venezolanos, están sujetos a medidas restrictivas de libertad: deben presentarse periódicamente ante un tribunal y pesa sobre ellos prohibición de salir del país. La ONG mencionada recuerda que 273 personas fueron asesinadas entre 2002 y 2019 durante manifestaciones y protestas. Y que para evitar la persecución miles han huido al exterior.
A muchos presos políticos no se les ha permitido el acceso a la justicia (ni siquiera han sido presentados ante un tribunal); y con frecuencia ha pasado bastante tiempo después de su detención antes de que hayan comparecido. En todos los casos los juicios se han demorado más allá de cualquier límite razonable (o legal). En ocasiones se ha ordenado la reposición del procedimiento cuando estaba a punto de concluir. Ninguna medida puede entonces compensar al encausado por los años perdidos. En el otro extremo ha sucedido que se ha mantenido en prisión a personas que habían cumplido una condena injusta o cuando había transcurrido el lapso establecido para obtener una medida alternativa. Emblemático es el caso de los oficiales y agentes de la policía de Caracas que actuaron durante la manifestación del 11 de abril de 2002 (injustamente condenados como responsables de las muertes que entonces se produjeron).
El régimen se ha preocupado por algunos de sus parciales juzgados (y condenados) en el exterior, cuya asistencia ha costado millones de dólares. Una de las muchas “iniciativas internacionales” de Hugo Chávez estuvo dirigida a “reivindicar las luchas” de Ilich Ramírez (Carlos “el Chacal”), con participación en más de 100 atentados y 84 asesinatos, sentenciado en Francia a 3 cadenas perpetuas. Sus palabras apenas merecieron comentario menor. Con más suerte (o “mejores armas”) Nicolás Maduro obtuvo primero (en 2022) la libertad de dos sobrinos de su esposa, que cumplían penas en Estados Unidos (desde 2017) por actividades vinculadas al narcotráfico. Ofreció a cambio la liberación de 7 norteamericanos retenidos (como rehenes) en Caracas. Y hace pocos días (diciembre de 2023) logró el canje del “empresario” colombiano (con pasaporte venezolano) Alex Saab, acusado en el norte de varios delitos graves: con tal fin entregó 10 estadounidenses y 19 presos políticos venezolanos.
Las “revoluciones socialistas” se han caracterizado por celebrar procesos contra algunos de sus más importantes dirigentes. No son la excepción a la regla (atribuida a Danton) según la cual “la revolución, como Saturno, acaba devorando a sus hijos”. Durante el período estaliniano fueron frecuentes los juicios en los cuales los acusados terminaban por admitir crímenes que no habían cometido. El mundo siguió espantado con el desarrollo de “la gran purga” (1936-1938), durante la cual cerca de 4 millones de personas fueron arrestadas, 720.000 ejecutadas y 1,6 millones enviadas al gulag. En China, además de los eventos ocurridos durante la “Revolución Cultural”, desaparecido Mao Zedong sus más cercanos camaradas fueron descartados. Y más próximos, en Cuba, a los juicios de La Cabaña (contra representantes del antiguo régimen), siguieron los procesos contra quienes se desviaban o se sospechaba en tratos con el enemigo: como el general Arnaldo Ochoa o el poeta Heberto Padilla.
No puede causar asombro, por tanto, el inicio del proceso contra los seguidores de Tareck el Aissami, del “primer círculo” del chavismo (ministro del Interior, gobernador de Aragua, vicepresidente ejecutivo, ministro de Industrias y del Petróleo). De repente (marzo de 2023), fueron apresados los amigos que ejercían funciones importantes en distintos niveles de la administración. Se les acusó de cometer actos de corrupción; y se afirmó que habían defraudado a la República por decenas de millardos de dólares. Tiempo antes hubo otras “purgas” (R. Baduel, R. Ramírez); pero ninguna tuvo la amplitud de ésta. Evidentemente, la investigación y la preparación de aquel “golpe” tenía muy alto respaldo. Secreta, pocos de los indiciados lograron escapar. Pero, también era de trascendencia lo que estaba en juego: ocurrió cuando comenzaban a debatirse alternativas, dentro y afuera, para una transición en Venezuela (dada la debilidad de Nicolás Maduro) y cada grupo extendía sus tentáculos.
En agosto de 2022 Tareck el Aissami denunció a Rafael Ramírez como coautor de un “megarrobo en la industria petrolera” de 4,85 millardos de dólares. En su turno, en marzo pasado, Ramírez informó de un “faltante” de 20 millardos de dólares en la caja de Pdvsa correspondiente al tiempo de la gestión de su sucesor. Los venezolanos tienen, pues, constancia auténtica de la responsabilidad de los administradores chavistas en la quiebra de la industria petrolera, provocada por las orientaciones que fijaron y el saqueo de sus recursos (en cuantía imposible de precisar). También han descubierto las terribles contradicciones de la revolución “humanista” que anunciaba el caudillo. Ramírez, quien vive lejos, exiliado en Italia, ha sido formalmente acusado. No se nombra a El Aissami en organismos oficiales (ni en la Fiscalía). Desapareció de la vista pública y de la nomenclatura: del corazón del poder al limbo en vida. Castigos diferentes, destino común: el ostracismo definitivo.
Conocí a algunos de los señalados en el caso, cuando eran estudiantes en la Universidad de los Andes. En esos claustros existe una gran camaradería entre profesores y estudiantes. Es una de las ventajas de la institución, asentada en una ciudad pequeña que permite el encuentro de las personas. Algunos fueron mis alumnos en asignaturas que interesan a quienes tienen inclinaciones políticas. Eran como los demás: alegres, ambiciosos de futuro. El chavismo los transformó. Salidos de las aulas, ingresaron en la recién creada burocracia “revolucionaria”, en la que ascendieron velozmente. Al parecer, nadie los guio para enseñarles las exigencias del bien común y las normas morales que deben acompañar el ejercicio de la función pública. Militaban en el movimiento “Utopía 78” que dirigía Tareck el Aissami, hijo de enigmático comerciante de El Vigía, con quien ganaron (2001) las elecciones de la Federación de Centros Universitarios, organización importante siempre en Mérida.
No existe información precisa sobre los actos que se imputan al grupo mencionado. La riqueza que exhiben, adquirida rápidamente despierta sospechas. Pero, cuesta creer que al régimen lo mueva hoy la lucha contra la corrupción. Debería ser una de sus primeras preocupaciones; pero, la lenidad demostrada hasta ahora y las acciones en defensa de indiciados en delitos de ese tipo indican lo contrario. Por eso, muchos piensan que el alejamiento de El Aissami y el procesamiento de sus allegados buscan frenar aspiraciones y asegurar la continuidad de quienes ejercen el mando. Ocurren en vísperas electorales. Pueden formar parte de un libreto que incluye la inhabilitación de María Corina Machado (que pretende debilitar la alternativa democrática). Pero, cualquiera sea el fundamento de la acción penal se debe exigir el cumplimiento de los extremos legales y el respeto a los derechos de los imputados, lo que no envuelve pronunciamiento sobre su conducta.
Resulta peligroso permitir la violación de los derechos y garantías de las personas. Es materia que interesa a todos. Por eso, se impone la defensa de quienes sufren esa situación, independientemente de sus simpatías políticas, figuren en el campo del oficialismo o la oposición, sean amigos o adversarios. Es una cuestión de principios. En tal caso, no se trata de criticar la conducta de un régimen cuyas políticas se rechazan. Es de la esencia de la democracia el reconocimiento recíproco de los adversarios. Es también asunto de conveniencia: al sostener los derechos del contrario se adquiere autoridad para reclamar los propios.
* Profesor Titular de la Universidad de los Andes (Venezuela)
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