In memoriam: Al académico doctor Tomás Enrique Carrillo Batalla en el centenario de su nacimiento.
Cuando misiones espaciales de los Emiratos Árabes Unidos y China entraron en la órbita de Marte, y la NASA hizo amartizar al Perseverance en un cráter del planeta rojo, en Venezuela millones viven sin agua potable, sin gas doméstico, y prácticamente sin ningún servicio público de calidad; y es que por mas de veinte años las políticas dictatorialmente impuestas han hecho retroceder al país hasta colocar a la otrora quinta economía del mundo de los años cincuenta en un estadio de tierra desconocida, como aquella que para los antiguos quedaba más allá del cabo “Finis Terrae”, en la legendaria Costa da Morte de las tierras gallegas.
“En el difícil entorno actual, la nación demanda con urgencia un cambio de modelo que nos permita recuperar la confianza que tanto necesita nuestra economía para apalancar un desarrollo sostenible; sobre todo después de la pandemia, siendo obligación de todos procurar ese país próspero, incluyente y productivo que exigen los venezolanos”, ha dicho la patronal Fedecámaras, añadiendo que el gremio empresarial está convencido de que el progreso social y el crecimiento económico solo se alcanzará cuando se garantice la libertad, la democracia, la libre iniciativa empresarial, el derecho a la propiedad privada y el estricto apego a la Constitución; pero para que esos objetivos se materialicen con la necesaria credibilidad y transparencia, es necesario superar el estadio de jueces provisorios, designaciones digitales, corrupción, complacencia y cualquier otro vicio que se pueda considerar como un mal servicio de justicia, compilados en ese lato memorial en que caben lamentables e inaceptables historias de jueces y magistrados convertidos en Mujiquitas del mandón de turno, de sentencias con “nombres y apellidos” , de decisiones ad hoc en favor de un “enchufado”, o de una “banda de enanos” o “tribus”, como se le decía en el pasado.
En fin un rosario de iniquidades que parecieran relatos anclados en el tiempo de la naciente república de Venezuela por su similitud con la iniquidad que en aquellos días significó el enjuiciamiento del doctor Pedro Núñez de Cáceres, un abogado nacido en Santo Domingo y que emigrara a Maracaibo en 1828, adonde había arribado para eludir las persecuciones políticas de las cuales era víctima en La Española.
Cuenta el doctor Núñez en sus Memorias que fue sometido a un juicio militar que le fuera inventado por haber defendido el caso de su cliente, lo que lo mantuvo encarcelado por varios años en la prisión de los Pontones, en Puerto Cabello, hasta que por gracia del entonces presidente de Venezuela, general José Antonio Páez, se autorizó su traslado a otro lugar con palabras más o menos similares:
“Ese Nuñecito, mándelo a Valencia, que ya lo hemos trabajado bastante”.
En esta narración se observa la primacía de la arbitrariedad sobre la ecuanimidad y la justicia, tiempos en los que aquellos próceres eran considerados como portentosos generales independentistas y que, además se sentían como los amos del poder, lo que les permitía intervenir decisivamente en la labor judicial en una nación que para la post guerra se encontraba en ruinas y carente de instituciones solidas, una clara similitud con la Venezuela actual, en la que se anuncia con bombos y platillos una sedicente reforma procesal mediante la derogatoria del Código de Procedimiento Civil para sustituirlo por un Código Orgánico Procesal cuyo proyecto parece haber sido fabricado en desconocidos y clandestinos laboratorios por empíricos leguleyos capeados de toga y birrete que practicando la proskynesis pretenden que la ciencia del derecho procesal quede sujeta al arbitrio y el capricho de una ideología fracasada, desdeñando cualquier aporte científico que desde los centros de estudio del derecho se podría compartir para que el hoy ya antiguo CPC de los juristas Rengel Romberg, Fuenmayor, Márquez Áñez y Maury sea puesto al día y adaptado a un cuerpo de normas procesales al estilo del Código Procesal Civil Modelo para Iberoamérica que desde hace años promueve el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal y, además, aprovechar la oportunidad para la incorporación de la tecnología digital que ofrece posibilidades de facilidades y certezas para la simplificación de los actos procesales. “Hay que pensar en una forma más amplia y aceptar que las formas tradicionales deben ser abandonadas”, ha dicho con acierto un avezado procesalista.
El pretendido proyecto de reforma contiene una serie de aberraciones que deben ser combatidas por la sociedad civil porque es inadmisible, por ejemplo, la inclusión de un representante de las comunas en los procesos “a petición del juez o de oficio”, o que las comunas sean parte de los procesos incluso entre particulares, figuras que, de resultar aprobadas serían mas que suficientes para la independencia judicial y por tanto la seguridad jurídica justo cuando se pretende atraer a los inversionistas extranjeros. ¿Qué inversor foráneo, por muy tolerante que sea en cuanto a violaciones de derechos humanos, va a apostar por Venezuela para poner su dinero, a sabiendas de que las comunas pueden decidir la suerte de los posibles juicios que pudieran tener en el país?.
En este sentido un comunicado publicado el 7 de marzo de 2021 por un importante grupo de profesionales del derecho que concluye en los siguientes términos:
“Se hace necesario también señalar que antes de la reforma de los códigos y las leyes hay que mejorar la situación del Poder Judicial. Nada se logra con un buen texto legal si los funcionarios que deben interpretarlo y aplicarlo están sometidos a trabajar en sedes físicas deficientes, carecen de la información y preparación adecuada, tienen bajos sueldos, precisan de estabilidad laboral y tampoco cuentan con el indispensable apoyo tecnológico tanto en equipos físicos como en capacitación para utilizarlos, y así poder acometer los retos de la justicia digital. Una reforma procesal sin estos cambios previos estaría destinada al fracaso”.
En fin, si no se corrigen los vicios y falencias que afectan al sistema judicial y si no se sanciona constitucionalmente una reforma procesal seria, Venezuela continuará viviendo como en los tiempos del doctor Pedro Núñez de Cáceres, en los que la justicia dependerá de la “generosidad” de un dictador y de su corte de Mujiquitas. O de una comuna.