La universidad pública venezolana está sustentada en el principio de la autonomía, es decir, en el derecho inalienable de elegir a sus autoridades, autogobernarse y conducir los procesos de enseñanza e investigación de manera independiente y plural, apoyada con los recursos asignados por el Estado, y adicionalmente, por los recursos generados obtenidos de sus propios procesos de investigación, extensión e innovación.
La universidad siempre ha sido combativa a favor de la libertad, cultura, pluralidad y paz, ha impedido con las acciones de su comunidad el apoderamiento de las universidades autónomas frente a la antiautonómica actitud del régimen. La estrategia oficial como alternativa provisional orientó sus objetivos a la intervención de las universidades experimentales y de los Institutos Universitarios de Tecnología, de tal manera que logró su control e inició una suerte de diversificación educativa con la creación de centros de estudios masivos mediante un modelo populista y demagógico caracterizado como una oferta engañosa y de carácter proselitista cuyo producto final son estudiantes ideologizados que salen del sistema sin ninguna competencia profesional.
La presión y los diferentes mecanismos de apoderamiento oficial ejercida por el Tribunal Supremo de Justicia cambió las reglas de juego para la elección de las autoridades universitarias, las cuales se opusieron a la medida con declaraciones basadas en su esencia por el discurso y defensa de la autonomía universitaria, la preservación de la paz y el cambio del sistema electoral, introduciendo inútiles recursos legales contra las pretensiones del régimen.
En once años no se han hecho elecciones de autoridades universitarias cuyo período ha vencido después de cuatro años de gestión formal y permanecen en sus cargos ya por muchos años de desgaste y perdida de auroritas, independientemente del deterioro de la infraestructura física y académica, condicionada por las restricciones financieras y el consecuente éxodo de más de la mitad de la fuerza docente, de investigación y la merma estudiantil que ya alcanza iguales proporciones.
Las autoridades universitarias para lograr la supervivencia institucional han hecho concesiones al régimen aceptando las decisiones del Consejo Nacional de Universidades y ha intercambiado regularmente la formalidad administrativa y académica con los ministros de turno y con las autoridades del partido de gobierno a través de cuestionadas reuniones con los dirigentes del régimen a cambio de su presunta estabilidad y de permitir el funcionamiento universitario con presupuestos mermados, los cuales han tenido el efecto directo de ir degradando a la institución; debilitando al cuerpo docente, el cual se ve sometido a una política salarial miserable, que los obliga a la deserción, y deterioro de su decoro personal y profesional. Los gremios hicieron de la merma salarial una bandera y pregonan sistemáticamente las justas reivindicaciones usando los tradicionales paros y manifestaciones públicas, emitiendo regularmente los comunicados de rigor, los cuales son desoídos por el régimen cuyos objetivos opuestos son los de reducir y controlar la universidad.
Las autoridades universitarias no han estimulado la convocatoria a las elecciones de sus períodos ya vencidos por años bajo el falso argumento de la aplicación de multas y penas dictadas por el Tribunal Supremo de Justicia que supuestamente les impondría por desacato a una írrita sentencia violatoria de la Constitución y la Ley de Universidades. Esta sentencia ha sido cuestionada públicamente por ilegítima y anticonstitucional, en consecuencia las autoridades han ocurrido inútilmente a la vía jurídica, oponiéndose a la presunta ilegalidad de las restricciones impuestas para la celebración de elecciones de sus autoridades; sin embargo, han acatado la medida y permanecen en sus cargos. Se han visto obligados ante la renuncia de algunos decanos y directores de escuela a reemplazarlos por suplentes en cuestionados procedimientos. Esta actitud ha permitido que mantengan una relación de convivencia con el régimen poniendo como excusa el funcionamiento precario del el sistema universitario. No obstante y en contraste, los estudiantes siempre contestatarios celebran regularmente sus elecciones, retan permanentemente al régimen eligiendo libremente a sus representantes en los centros estudiantiles y federaciones universitarias de acuerdo con los términos autónomos del reglamento electoral de la universidad y, en loable actitud combativa, ejercen la acción de denuncia y defensa pública de la democracia y lógicamente universitaria, por ello, tienen voz trascendente en el pueblo.
Buen ejemplo el de los estudiantes en el ejercicio de la autonomía universitaria que las autoridades deberían replicar y acompañar a la comunidad universitaria en su deseo de cambio de autoridades. Estas muestran evidente cansancio y escasa efectividad en sus funciones, ya es hora de un cambio importante por otras autoridades relevantes y comprometidas que permitan un enfoque nuevo del sistema universitario para intentar recuperar su misión y simultáneamente reflejar al país la resistencia a un modelo de gobierno absolutamente contrario a los valores universitarios.
El mensaje subyacente derivado de la última asamblea celebrada en el Aula Magna de la Universidad Central de Venezuela fue la postura correcta de proponer que solo se elegirán autoridades con la reglamentación derivada de la Ley de Universidades. Esa posición de principios es necesaria ponerla de manifiesto y concretarla para celebrar inmediatamente elecciones; sin embargo, esto requiere un cambio de conducta de las autoridades universitarias porque si no la asumen seguirán en los cargos en actitud pasiva hasta que se instale un nuevo gobierno o cambie el modelo político.
Los discursos leídos en el evento mencionado no tuvieron sentido trascendente dentro de la perspectiva de cambio que pide el país y de la revisión integral que necesidades de la educación superior, tales como: la reforma de los instrumentos legales, cambio en la estructura de la organización y reorganización de las universidades existentes cuyas funciones son redundantes e improvisadas, la calidad educativa de profesionales mal preparados y sin competencias adecuadas, la necesidad de resolver el tema fundamental relativa a la ausencia de profesores e investigadores calificados que abandonaron la universidad y a sus discípulos forzados por la precaria vida profesional y familiar a la cual han sido sometidos por años.
La comunidad universitaria exige salarios dignos, un gobierno legítimo y una universidad en manos de autoridades comprometidas con el cambio. Deseamos ver a una universidad combativa que rete a la usurpación, se oponga con fuerza a decisiones ilegales y que celebren elecciones de sus autoridades de una vez por todas antes del mes de febrero del próximo año ajustándose a la Constitución, las leyes y a nuestros reglamentos autónomos. Proceso este que debe ser conducido valientemente por la respectiva Comisión Electoral.
Deseamos una universidad que se pronuncie contra el hambre, la depauperación a la cual ha sido sometida la población y su propia comunidad, que haga la denuncia objetiva y verdadera y fije las pautas rectoras para una Venezuela mejor. Una universidad que sea reflejo de la esperanza de cambio que tenemos los venezolanos.