TSJ Maduro
Foto: Archivo

“Solamente la ley o la sanción de muchas generaciones, pueden apoyar a los gobiernos”. Simón Bolívar.

Cuando diariamente observamos todas las tropelías, abusos y delitos de toda índole que ocurren en los estamentos del Estado, comprendemos que quienes detentan el Poder Ejecutivo, Legislativo y demás, violan sistemáticamente la Constitución de la República. Y son precisamente los propios actores del oficialismo que representan al soberano en la Asamblea Nacional quienes hacen caso omiso de los principios fundamentales que contempla el Título I  de la carta magna, en su exposición de motivos.

Dicho capítulo refiere entre otras cosas que el patrimonio moral y los valores de libertad, justicia, igualdad y paz internacional están fundamentados en el ideario de Simón Bolívar, el Libertador.

Preguntamos: ¿de cuál patrimonio moral podemos sentirnos satisfechos si constantemente se producen hechos reñidos con este principio? La corrupción copa todos los ámbitos y latitudes de los poderes públicos y hasta el militar. Y si hablamos de libertad, preguntamos: ¿existe realmente libertad en un país en el que se cierran canales de televisión, se cancelan concesiones radioeléctricas, y se sanciona a los medios de comunicación impresos como es el caso del diario El Nacional, y hace apenas cuatro días el cierre de una emisora en San Juan de Los Moros, estado Guárico, víctimas del abuso de poder con la bendición de los demás poderes secuestrados?

Y si hablamos de justicia tendríamos inexorablemente que preguntarles a quienes se enseñorean con el poder: ¿de qué justicia hablan o predican, cuando hombres y mujeres  que adversan al régimen, se encuentran detenidos? Son presos políticos simplemente y no políticos presos como sarcásticamente definen los socialistas, marxistas y mal llamados bolivarianos. Y ni hablar de la paz internacional, pues a menudo Maduro, Cabello y sus conmilitones desafían al “imperio yanqui” y a quienes no comulgan con su doctrina del socialismo del siglo XXI del autor Dieterich, quien por cierto anunció hace ya más de nueve años que va de capa caída.

Sin embargo, tienen el descaro de afirmar que en el país existe una autonomía de poderes. Cosa incierta, pues es manifiesta la descarada adhesión al gobierno de quienes están al frente del TSJ, CNE y otras instituciones, que apoyan irrestrictamente todo cuanto exige el inquilino del Palacio de Miraflores en sus diatribas que ahora realiza a menudo en cadena por radio, televisión y todos los medios con los que cuenta a nivel nacional, vale decir, radioemisoras y televisoras comunales, regadas a lo largo y ancho del país.

Entonces, no pueden hablar de autonomía, por cuanto la Real Academia de la Lengua Española define a ésta como la potestad que dentro de un Estado tienen ciertas entidades para regirse mediante normas y órganos de gobierno propios. Justamente es dicha potestad, de «manejo independiente», la que con el debido control denominado contrapeso sostiene una democracia y la blinda contra los excesos del poder.

La simulación o carencia de autonomía, genera el denominado abuso del poder, que se evidencia al echar la mano  a las distintas entidades y funciones del Estado, rompiendo el equilibrio. El control en el poder de decisión en la justicia, organismos electorales, de control ciudadano etc., es la demostración clara del desbalance que produce la carencia del equilibrio y la inexistencia de la autonomía real.

El exceso de poder sumado a la prolongación de su ejercicio produce desgaste e inconformidad en el consciente ciudadano y genera en el que detenta el poder, la sensación de conspiración, tratando de justificar el descontento popular, en lugar de reconocer errores.

Para que reine una verdadera democracia, no solo es necesario que el pueblo asista a depositar su voto en las urnas, sino que exista equilibrio en las instituciones para que se puedan fiscalizar y controlar todas las acciones de los otros poderes del Estado. Si un gobernante llega al poder por el voto, y acapara las demás funciones, ese sistema deja de ser democrático y se convierte en autocrático, como es el caso venezolano, circunstancia ésta que por cierto molesta en demasía al régimen de Maduro.

Y nada más dañino que el poder absoluto por largo tiempo, pues le hace creer al gobernante que ha sido elegido por el destino para regir la vida, conducta y pensamiento de su pueblo, y que su voluntad está por encima del bien y el mal. Estas características son propias de los fascistas como Mussolini, Hitler, Mao, Castro, Chávez y Putin, entre otros. En los regímenes en los cuales la institucionalidad desapareció, la democracia es un concepto referencial manipulado y maleable, de acuerdo con la conveniencia del gobernante, porque tiene el  poder absoluto en sus manos, como es el caso venezolano.

Preguntamos: ¿cómo definen los boliburgueses y comunal burgueses la organización jurídico-política que adoptó la Nación – según la Constitución – como un Estado democrático y social de Derecho y de Justicia, para procurar el bienestar de los venezolanos, creando las condiciones necesarias para su desarrollo social y espiritual en procura de la igualdad de oportunidades, para que todos los ciudadanos puedan desarrollar libremente su personalidad, dirigir su destino, disfrutar de los derechos humanos y buscar su felicidad?

He allí los hierros que desnudan la realidad que hoy en día vive y padece el pueblo venezolano, que hace 23 años confió sus destinos en manos de quienes están llevando a la nación al borde un profundo barranco, por el que corren pútridas y pestilentes aguas, que erosionan y dañan el cuerpo físico de millones de hombres, mujeres y niños, en quienes la calidad de vida cada día se pierde en lontananza.

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