¿Cómo quiere el gobierno chavista ser invitado a una reunión como la Cumbre de las Américas si está visto que sigue practicando la tortura física y psicológica contra ciudadanos inocentes? ¿Cómo quiere que Estados Unidos levante sanciones si mantiene cuerpos de represión para amedrentar a los venezolanos? ¿Cómo quiere que la Corte Penal Internacional los absuelva si no dan indicios de acabar con esta terrible práctica?
Lo que sí está claro es la razón por la cual están confeccionando una ley para caerle encima e “ilegalizar” las organizaciones no gubernamentales que les sacan los trapitos sucios para que el mundo los vea, como el Programa Venezolano de Educación Acción en Derechos Humanos. Las cifras de torturas del año 2021 son elocuentes, 241 denuncias recogió Provea, un aumento de 248% con respecto a 2020.
Se trata del segundo registro más alto en 33 años, 23 de los cuales le corresponden a la era chavista. No hay manera de esconder estos números ni mucho menos las víctimas, y la sencilla razón es porque existen venezolanos valientes que trabajan a pesar de los obstáculos para decirle al mundo cuál es la verdadera naturaleza de este gobierno. Leer el último informe de Provea sin que genere desasosiego es un ejercicio de fortaleza.
Es aterrador saber, por ejemplo, que aumentaron los abusos basados en la humillación y la reducción física y psicológica de las víctimas y que 60,9% denunció haber sufrido algún tipo de abuso sexual, que en varios casos llegó a la violación. Son señalados entes de seguridad chavistas como el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas, que es autor de 64,3% de los casos.
¿Y qué hacen las autoridades del gobierno chavista para acabar con esta barbarie? Absolutamente nada, pues muchas de las denuncias son engavetadas. ¿Se ha realizado alguna acción para reprender a los funcionarios señalados de estas prácticas? ¿Se han enjuiciado, se ha llegado hasta el que dio la orden? Nada de esto ha ocurrido y es precisamente la razón por la cual el fiscal de la CPI, Karim Khan, avanza con su trabajo de investigación.
“Las diversas acciones adoptadas en el ámbito de la justicia para evadir la acción de la Corte Penal Internacional fueron infructuosas y confirmaron que el Estado venezolano carece de voluntad genuina de investigar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos de conformidad con los principios del Estatuto de Roma”, se puede leer en el informe de Provea.
Sí, puede ser que el número de muertos a manos de las agencias de seguridad chavistas haya disminuido de 3.034 en 2020 a 1.414 en 2021, pero es que no debe haber ni una víctima, pues si se trata de sospechosos de cometer delitos, debe garantizarse un juicio ante los tribunales porque Venezuela no tiene pena de muerte. Este esfuerzo por disminuir las ejecuciones extrajudiciales, asegura Provea, no es significativo si no viene acompañado de modificaciones estructurales en la administración de justicia y el comportamiento de los organismos policiales.
Sabiendo todo esto, ¿quién quiere juntarse con el gobierno de Nicolás Maduro? Solo los que tienen una manera similar de proceder y que siguen el ejemplo del gobierno de Cuba.