La percepción generalizada en Venezuela, palpable en cualquier conversación o calle, y además confirmada por todos los estudios serios de opinión pública, es de un agravamiento acelerado de la ya insoportable tragedia nacional. Ninguno de los indicadores sociales y económicos muestra algo distinto a una rápida declinación. Los venezolanos sienten, con razón, que todo empeora, y que al mismo tiempo no se vislumbra en el horizonte una salida política al calvario colectivo.

Como si fuera poco, a lo anterior se suma un problema de naturaleza psicosocial de peligrosas consecuencias. Y es que esa sensación generalizada de estancamiento contribuye a percibir con pesimismo el desenlace. No ver una solución tangible a corto plazo, y además no saber qué hacer para que ello ocurra, termina por generar la creencia de que no hay solución posible. Se origina así un ciclo pernicioso de reforzamiento cognitivo que finaliza provocando una actitud de indefensión y desamparo, que conduce a conductas de desmovilización y resignada pasividad.

Lo anterior explica la importancia que el régimen de Maduro asigna a la estrategia de generar constantemente entre la población la creencia de que la tragedia llegó para quedarse, y que nada de lo que se haga va a impedirlo. Y, al mismo tiempo, explica la urgente necesidad de que los factores de la oposición democrática se esfuercen por presentar al país una hoja de ruta cada vez más nítida y entendible, que conduzca efectivamente a la percepción y convicción de que la salida a la crisis no solo es posible sino viable.

En este esfuerzo se inscribe tanto el “Acuerdo para corroborar la ruta política integral planteada al país que permita elecciones libres y transparentes como salida a la crisis que viven los venezolanos y la reinstitucionalización del país” aprobada por la Asamblea Nacional hace un par de semanas, como la propuesta presentada en las negociaciones auspiciadas por Noruega. Tanto el acuerdo de la AN como la propuesta de la delegación democrática venezolana insisten en un punto esencial, y es que la única solución verdadera y permanente es aquella que conduzca a devolver a los venezolanos la posibilidad de decidir ellos su destino. Porque cualquier salida que no pase por la decisión soberana de la población será la “solución” de alguien, pero ciertamente no de los venezolanos.

Algunos han preguntado si esta ruta política integral es distinta a la expuesta a comienzos del año, descrita sintéticamente como cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Lo cierto es que, por el contrario, tanto el acuerdo como la propuesta lo que hacen es explicitar la ruta inicial, y describir cómo llevarla a cabo. Y ambas apuestan por la construcción de condiciones de presión social, presión internacional y trabajo político que obliguen a la inevitabilidad de un acuerdo político integral que estipule “la convocatoria a un proceso electoral presidencial libre, justo y transparente, con observación internacional seria y calificada, que permita la libre participación de todos los venezolanos; para lo cual se requiere de un nuevo Poder Electoral legítimo, designado por la Asamblea Nacional, en ejercicio de sus competencias constitucionales, así como el establecimiento de un gobierno de transición que conduzca al país y garantice este proceso”.

La oposición democrática venezolana ha insistido en su interés y compromiso por trabajar en una ruta de múltiples vías, pero que conduzca a un objetivo común, y es a la realización de elecciones de verdad como paso fundamental y necesario para iniciar la reconstrucción del país. Pero cuando se habla de elecciones de verdad, no se trata simplemente de exigir que ello ocurra, ni mucho menos limitarse ingenuamente al deseo de contar con ellas algún día. Se trata es de luchar porque se devuelva la soberanía decisional a la población. En términos prácticos, ello implica aumentar desde todos los sectores la presión social interna sobre el régimen, fomentando y articulando las legítimas manifestaciones de protesta cívica, seguir reforzando la cooperación internacional a la causa democrática, y convertir la exigencia de elecciones de verdad en una bandera que arrope y aglutine a todos los venezolanos sin excepción.

Más allá de una exigencia, la lucha por elecciones de verdades una oportunidad dorada de escalamiento y crecimiento de la necesaria presión cívica interna, sin la cual ninguna estrategia de solución de la crisis es siquiera posible. Es un estandarte que comulga con nuestra cultura política y nuestra forma de entendernos y percibirnos como nación. Pero, además, es una exigencia que respalda y entiende la comunidad internacional y a la que resulta muy difícil no apoyar.

El plan A del régimen es resistir. Y si no presionamos, la viabilidad de su plan B que es tener que negociar lo que teme –la realización de elecciones libres– se reduce a cero. No permitamos que la percepción de agravamiento de la crisis nos haga pensar erróneamente que no hay solución posible. Ni mucho menos caer en la trampa de pensar que el no poder ver claramente en el corto plazo una salida significa que ella no exista. Existe, pero su factibilidad no es un asunto de deseo, sino de presionar y trabajar todos para lograrlo.

@angeloropeza182