Una extraordinaria jornada de educación tributaria, organizada en la ciudad de Maracay por los funcionarios del Seniat-Aragua, me motivó a escribir de nuevo sobre situaciones financieras que los ciudadanos no quieren escuchar o, mucho peor, aceptar.
La actividad tuvo como brillantes ponentes a los licenciados Carlos Vargas, Carlos Luna y Wilmer Pérez, junto con su eficaz equipo de apoyo técnico-digital, las licenciadas Rosimar Irigoyen, Aiza Castillo y Wendy Pereira, quienes lograron explicar detalladamente la importancia del impuesto sobre la renta en la sostenibilidad de la administración pública y con ello de toda la nación.
Comencemos con el problema de origen, como son los ingresos fiscales de la nación, basándonos en los siguientes datos:
“Prensa Seniat.- El Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (Seniat) alcanzó una recaudación de 32 millardos 24 millones 407 mil 702 bolívares, durante el año 2022, lo que equivale a 30 millones 930 mil 101 petros, gracias a la responsabilidad y al compromiso que adquieren los contribuyentes y la ardua labor que realizan los trabajadores de esta institución…. De esta manera, el superintendente nacional aduanero y tributario, José David Cabello Rondón (@jdavidcabello), a través de su cuenta personal en la red social de Twitter, informó: “Hoy #2Ene dando cumplimiento a la instrucción del Pdte. @NicolasMaduro informo que @SENIAT_Oficial cerró el año 2022 con una recaudación de Bs. 32.024.407.702, es decir 30.930.101 petros. #SENIATPotenciaLaEconomía #SENIATVictoriaTributaria».
Ahora bien, los 30,9 millones de petros equivalen a 1.855.806.060 dólares estadounidenses, lo que representa cerca de 154 millones de dólares estadounidenses mensuales para atender a un país de 28-30 millones de habitantes durante un año. A buen entendedor… el gobierno nacional no tiene fondos suficientes para sostener las necesidades sociales, ni de infraestructuras, ni institucionales de la nación.
Si estuviéramos en la Europa de hace siglos, cuando las autoridades rompían el banco de los cambistas insolventes, naciendo de allí el término “bancarrota”, no cabría la menor duda de que la banca del actual gobierno sería vuelta “polvo cósmico” por las autoridades financieras que le supervisaran.
Dicha realidad hace evidente que ni heroicos esfuerzos de los funcionarios del Seniat podrán duplicar o triplicar dichos ingresos (la evasión fiscal no puede ser tan grande) y llevarlos a cerca de 500 millones de dólares para colocar unos magros 6.000 millones de dólares al Tesoro Nacional. Esto arroja 2 conclusiones tan inquietantes como irrebatibles:
- El verdadero tamaño de la economía venezolana, calculada como PIB, es mucho menor de lo que quieren o pueden admitir la mayoría de los expertos, tal vez con la intención de no desatar el pánico ante una realidad espantosa. Hemos tocado fondo pero ni el Banco Central ni el Ministerio de Finanzas, ni mucho menos la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, van a aceptar dicha situación. Así que, más allá de las quejas y denuncias sobre las 914 sanciones, las cuales no se levantarán hasta que se alcance con la Plataforma Unitaria de Venezuela en forma definitiva un acuerdo político, es un hecho muy concreto que la economía nacional se ha reducido de tal manera que no parece que pueda cumplir más financieramente con el sostenimiento de sus deberes constitucionales (algunos, de hecho, están por cuenta de los ciudadanos, en la práctica cotidiana ), por lo cual la emergencia económica total está a la vista.
- Las valientes declaraciones de un dirigente sindical nacional oficialista, en un audio que se hizo viral, sobre un registro de 9 millones de personas entre empleados públicos y pensionados, hacen centrar la discusión laboral en otra dimensión muy diferente a la de los contratos colectivos tradicionales en Venezuela.
La crisis económica y la permanente devaluación del bolívar digital hacen imposible el sostenimiento de millones de ciudadanos atados a los ingresos del Estado y el mismo Estado no puede acometer el cumplimiento del artículo 91 de la Constitución, puesto que un salario mínimo acotado a una canasta básica de 400 dólares mensuales es imposible de asumir fiscalmente en forma responsable: 7 millones de personas por 400 dólares mensuales son 2.800 millones de dólares mensuales o sea, 19 veces la recaudación del Seniat mensual o 166% de lo que se recaudó en todo el año 2022.
Si imaginamos que esto se paga con dinero inorgánico, entonces la hiperinflación que generaría seria de tal tamaño que destruiría lo que queda de la economía nacional, por lo cual el gobierno nacional está entrampado entre una “crisis social imparable” o “una política económica inamovible”. Esto implica el colapso de buena parte de la administración pública, especialmente los sectores del educación y salud por los extremadamente bajos sueldos y prestaciones o beneficios sociales, actuales o futuros, mientras se mantenga la severa crisis económica y por tanto fiscal que afecta al país.
Ante este “apocalíptico cuadro”, es necesario que el gobierno comprenda la urgente necesidad de llegar a un acuerdo político total con la oposición y la comunidad internacional que le apoya, antes de que se hagan realidad los tristes presagios del excomandante Arias Cárdenas, expresados este 4 febrero de 2023, cuando manifestó su preocupación por una desgracia nacional tan grande que sus hijos y futuras generaciones sean señalados como culpables por los próximos decenios.
Esta preocupación tan sorpresiva, debe ser acompañada por todos los cuentadantes de la nación, que deben reconocer la incapacidad financiera de cumplir plenamente con sus obligaciones, como suelen fingir muchos alcaldes y gobernadores, que parecen querer demostrar que ellos, si están por encima de las sanciones, bloqueo o crisis económica y que simplemente, es que los ministros son unos incapaces…
Empleados públicos, pensionados e instituciones del Estado, ameritamos un Plan de Rescate Internacional de miles de millones de dólares, para evitar una tragedia humanitaria, que termine por provocar el éxodo de millones de venezolanos, que aún quedan en el país, por lo cual se hace necesario tener el valor de decir la verdad, actuar en consecuencia, evitando todas las desgracias futuras, que pueden ser mucho peor que las desgracias existentes en la actualidad.
El gobierno nacional debe entender que ni el Seniat puede conseguir los fondos necesarios para salvar el país, ni los gobernadores o alcaldes pueden cumplir a cabalidad con sus funciones, como tampoco la administración central, ni los empleados públicos y pensionados pueden seguir soportando por más tiempo la brutal devaluación de la moneda nacional y los simbólicos salarios mínimos.
Ya no es tiempo de negociar, sino de pactar políticamente…