Hace casi una semana el teniente Ronald Ojeda Moreno, opositor al régimen de Maduro y refugiado político, fue secuestrado en la madrugada en su residencia de la comuna Independencia en Santiago de Chile y hasta ahora se sigue sin tener pistas de su paradero. Sus captores se hicieron pasar por agentes de la Policía de Investigaciones (PDI), tenían el rostro cubierto y se llevaron a Ojeda en calzoncillos, según lo han reflejado los medios del país austral.
Hasta tanto el Ministerio Público chileno confirme alguna de las hipótesis de la investigación que adelanta, todas las sospechas conducen a la cabeza del régimen venezolano.
¿Es descabellado pensar así? ¿Será que los venezolanos hemos perdido la sindéresis y vemos a Maduro y sus tentáculos en todas partes? Hay una primera certeza: ningún ente venezolano, ningún representante de la Fiscalía, tan diligente para otras cosas, ha manifestado ni tan siquiera una mínima preocupación.
Solo el diputado Diosdado Cabello, en sus tareas televisivas al frente de Con el mazo dando -un nombre que ya lo retrata-, se refirió al hecho. Para burlarse. “Es que nosotros somos unos campeones. Si nosotros podemos hacer eso, ¿quién nos para en este mundo? (…) 5.200 kilómetros y lo trajimos atravesando no sé cuántos países, cordilleras”.
La línea de actuación del régimen de Nicolás Maduro guarda similitudes con la de las dictaduras militares que asolaron el sur del continente americano durante las décadas de los sesenta y setenta del siglo pasado. Hay presos políticos, desapariciones forzadas, tortura y muertos bajo custodia del Estado. Por eso todas las sospechas conducen al mismo lugar y a los mismos personajes.
Además de la persecución de un opositor político y militar, a la nomenclatura venezolana le molesta y detesta la libertad de criterio del presidente de Chile, Gabriel Boric, que declarándose de izquierda no transige con los violadores de los derechos humanos. Así que la operación, si se confirma la autoría del régimen, logra dos objetivos: la venganza contra Ojeda, quien se fugó de la prisión militar de Ramo Verde, y sembrar dudas sobre la capacidad del gobierno de Chile de proteger a quienes confiere la condición de refugiado político.
Es una apuesta riesgosa para Maduro, que pocos amigos conserva en la región. Chile ha respondido como debe hacerlo un gobierno democrático, ordenando una investigación, recabando todas las evidencias del suceso y sin precipitarse, hasta que logre esclarecer la investigación.
La sociedad civil venezolana y los medios de comunicación independientes estamos obligados a hacer el seguimiento de este caso y sus repercusiones. El Estado, como en tantas otras áreas, está “autoinhabilitado” para actuar y reclamar la libertad de Ojeda y la protección de su vida. Hay que apoyar a Omaira Moreno, la madre del militar secuestrado, que ha agradecido la gestión de Chile y ha pedido ayuda a Interpol para saber de su hijo.
Apenas se acerca el fin de febrero y las familias venezolanas -la de Rocío San Miguel, la de Ojeda Moreno, la de tantos detenidos por las “supuestas” conspiraciones- viven de un sobresalto en otro. ¿Se acercará el fin, también, de esta pesadilla?