Emular prácticas gubernativas de épocas superadas, esto es, sin tomar en cuenta que los tiempos, el marco regulatorio, las ideas y las circunstancias mundiales han cambiado de manera ostensible, conduce a errores de mayor o menor envergadura. Los regímenes autoritarios desde hace tiempo vienen siendo cosa del pasado y los que aún coexisten de manera torpe y obcecada, se resisten a reconocer que ya no pueden sustentarse como antiguamente lo hacían en la propaganda y el aparato represivo del Estado –en el primer caso, porque las redes sociales han sobrepasado las capacidades informativas de los medios convencionales y, en el segundo, porque la represión deviene en violación de derechos humanos, sobre los cuales no solo las acciones legales y responsabilidades personales no prescriben, sino además, cómo hemos visto en las últimas décadas, ello podría acarrear –de hecho es el caso en numerosos ejemplos de actualidad mundial– severas sanciones impuestas por la comunidad democrática de naciones.
El totalitarismo como expresión de ideologías o regímenes políticos en los cuales la libertad de elegir ha sido severamente restringida y el Estado como entidad jurídica y política ejerce el poder público sin limitación alguna, todavía se impone y causa estragos en un número muy significativo de naciones del mundo actual; lo peor del caso, es que la dirigencia de esas naciones persiste en su propósito de extender su modelo a otros países. Esas tendencias todavía nos muestran su preferencia por el conflicto social, provocado por la imposición de patrones de conducta excluyentes de todo pensamiento alternativo, en lugar de buscar y fortalecer el consenso ciudadano, sin duda mucho más exigente y perdurable en las sociedades modernas. Quienes justifican estos regímenes de fuerza suelen argüir que su política se sustenta en culturas y costumbres ancestrales, aquellas que no comulgan con la democracia como sistema de gobierno y por lo cual toman distancia del pensamiento occidental. Con este razonamiento, pretenden justificar la continua violación de los derechos humanos. El trato inhumano que recibe el ciudadano común en los regímenes tiránicos suele ser causa eficiente de un sinnúmero de males sociales que tienen consecuencias en todos los ordenes de la vida.
Expresión cabal de lo que venimos anotando en estas breves líneas, es la guerra librada en Ucrania. Como ha dicho el presidente Emmanuel Macron, la guerra “…no es un conflicto entre la OTAN y Occidente, por un lado, y Rusia por el otro como algunos pueden escribir. No hay tropas ni bases de la OTAN en Ucrania, eso es mentira. Rusia no está siendo agredida, es el agresor. Esta guerra es aún menos, como la propaganda insostenible quiere hacernos pensar, una lucha contra el nazismo; es una mentira. Los líderes rusos atacan la memoria del Holocausto en Ucrania, como atacan en Rusia la memoria de los crímenes del estalinismo. Esta guerra es fruto de un espíritu de venganza, alimentado por una lectura revisionista de la historia de Europa, que quisiera volver a las horas más oscuras de los imperios, las invasiones y los exterminios…”.
Anne Applebaum, refiriéndose al llamamiento a la “auto-purificación” de la sociedad rusa, concluye que ese aspaviento del régimen actual solo puede tener una intención: recordar a los rusos las “purgas” de Stalin –aquellas campañas de represión y persecución política llevadas a cabo en la Unión Soviética a finales de la década de 1930–. El régimen, añade, evoca oscuras memorias, de modo que los “traidores” y “quintas columnas” que no apoyen la línea trazada por el Kremlin, “sean expulsados como moscas”; son miles los que huyen aterrados de semejante opresión.
Pero estas escaladas de violencia y autoritarismo tienen en nuestro tiempo inevitables consecuencias económicas y políticas. A ello se añade una mayor interdependencia entre países y regiones del mundo. Las sanciones impuestas por las naciones pertenecientes a la comunidad democrática, inexorablemente se proyectan sobre nuestro mundo globalizado, en algunos casos afectando la dinámica de las cadenas de suministro de materias primas y productos terminados, así como el comercio internacional y los precios de insumos, bienes y servicios. También se producen restricciones –ello afecta primeramente al país sancionado– sobre las diferentes alternativas de fondeo institucional para acometer proyectos de inversión, así como la imposibilidad de acceder a los mercados voluntarios de deuda, tan necesarios como recurrentes en el manejo de las finanzas públicas de los Estados soberanos, sus agencias gubernamentales y empresas en marcha.
Desde el punto de vista social, las consecuencias de las sanciones no son imperceptibles. Los ciudadanos menos favorecidos en el país sancionado pueden ser los primeros en absorber el impacto de las medidas restrictivas. Suele hablarse de la unilateralidad de las sanciones como factor que las deslegitima, un argumento rebatible en la medida que son la reacción a los excesos del régimen de gobierno de que se trate. ¿Quién es responsable en primer término de la continuada agresión a los derechos humanos? La respuesta parece obvia. Puede decirse que las sanciones y sus efectos son las secuelas del autoritarismo insurgente. El sector privado de la economía suele ser otra víctima de las penalidades impuestas.
La disyuntiva de sancionar a los culpables o a un país determinado afectando a su población inocente, puede ser un falso dilema. Las más de las veces, ese pueblo ya está siendo severamente castigado por los desplantes y excesos del autoritarismo. Presionar una salida no violenta (énfasis añadido) a situaciones como las que estamos presenciando en nuestro mundo contemporáneo, siempre será mejor que no hacer nada. Naturalmente, cuando los resultados esperados no se alcancen, habrá que ensayar fórmulas alternativas sin caer en la agresión armada que, afortunadamente, ya no es propia de los tiempos que hoy transita la humanidad, aunque todavía muchos se resistan a aceptarlo.