Dos juicios separados, uno en Estados Unidos y otro en Suiza. En ambos es el mismo demandante. La acción es por los mismos hechos. En uno la acción se propuso contra 42 autores, en el otro solo contra 2 de ellos. Así de trucada nace esta historia judicial, un thriller que pudiera representarse gráficamente como un horrendo monstruo de dos cabezas que se lanza contra nuestro maltratado pueblo para arrebatarle lo poco que le queda del saqueo que por 20 años sufre en manos de la revolución maldita.

Descripción

Por los mismos hechos Reinaldo Muñoz Pedroza, procurador de Maduro, coautor de la trama US Pdvsa Litigation Trust, formuló acusación penal en Ginebra el 9 de febrero de 2018 contra Francisco Morillo y Leonardo Baquero como autores de los delitos de extracción de data, corrupción de funcionarios extranjeros y lavado de activos. Casi simultáneamente el 3 de junio del mismo año el famoso abogado David Boies, actuando en nombre de un estrafalario contrato firmado a escondidas en Nueva York y generado en las calenturientas mentes corruptas que han saqueado a nuestro país, presentó su demanda en la Corte de Florida, pero incluyendo a otros 40 demandados.

¿Dónde están los 10.000 millones de dólares?

¿Por qué esa diferencia de acusar solo a 2 personas en Ginebra y a 42 en Miami exactamente por los mismos hechos? ¿Quién tiene el dinero robado, los dos de Ginebra o los 42 de Miami? ¿Si todos lo robaron, por qué a unos se les acciona penalmente y a otros no? ¿Fue una velada amenaza extorsiva a los otros 40? Todas estas y muchas otras preguntas son lógico producto de estos extraños sucesos judiciales, pues si de algo estamos seguros es de que no se trata de una chapucería de abogados recién graduados, por medio está un poderosísimo bufete de Nueva York, y otro no menos poderoso de Suiza. Es el uso de la justicia para fines delictivos.

Un detalle importante

El contrato firmado en Nueva York el 17 de julio de 2017 por el entonces presidente de Pdvsa Nelson Luís Martínez y el procurador de Maduro, Reinaldo Muñoz Pedroza, por el cual le ceden a la firma privada que inventaron, US Pdvsa Litigation Trust, todos los derechos para recuperar y retener los 10.000 millones de dólares robados a la petrolera venezolana, entre sus cláusulas establece que es de naturaleza “irrevocable”. De modo que lo que se llegue a recuperar en el litigio en Ginebra será reclamado legalmente por esa firma privada que maneja el bufete autorizado, es decir Boies Schiller, el mismo de los narcosobrinos, el mismo de Wilmer Ruperti.

Cómo nos metimos en el juicio en Ginebra

Nosotros, “los tres mosqueteros”, como nos llamaban allá en los tribunales de Miami, terminado aquel proceso y al recibir información de que en Ginebra se estaba moviendo el aparato corrupto de Maduro con el falso procurador Reinaldo Muñoz Pedroza como punta de lanza, decidimos también intervenir allí y lo hicimos. Comenzamos contratando a un abogado en Suiza. Allá Muñoz Pedroza estaba ilegalmente actuando como procurador general y también como representante de Pdvsa. Con esa doble cualidad otorgó poder a un abogado de nombre Guerric Canónica para llevar el juicio que se inició en el Expediente P/3072/2018 ante el procurador general, que allá equivale al fiscal general, de nombre Olivier Jornot. Lo primero que hicimos fue consignarle un escrito explicativo de la situación en Venezuela y le pedimos que nos diera una audiencia para exponerle sobre el caso. Nos recibió el escrito, pero se negó a recibirnos por no ser parte en el proceso. Entonces firmamos un poder al abogado que contratamos y elaboramos un escrito formal de denuncia penal sobre los robos a Pdvsa y denunciamos la ilegitimidad de Reinaldo Muñoz Pedroza. También acusamos como coautores al actual presidente de la petrolera, el general Manuel Quevedo, y también a Rafael Ramírez bajo el argumento de que era imposible que cuando menos no se hubieran enterado del desfalco.

El procurador legítimo faltó a su deber

Temiendo que se nos rechazara nuevamente intervenir iniciamos gestiones ante el procurador designado por el presidente Guaidó, el doctor José Ignacio Hernández. Le explicamos el caso y le suministramos copia de nuestros escritos. Lo que le pedíamos era que se hiciera parte, pero nunca pudimos lograr que lo hiciera. Ante mi insistencia me explicó que él anteriormente había intervenido a título de experto contratado por el grupo de demandados en Miami, entre los que estaban los mismos acusados del robo: Francisco Morillo y Leonardo Baquero. Por supuesto, él estaba (y está) en una situación incómoda para ir a litigar contra unas personas a favor de quienes antes le habían contratado y pagado sus servicios. Pero podría haber designado a otro abogado para que lo hiciera. No lo hizo. Evadió su responsabilidad usando artificios como la vía diplomática que no tiene competencia en materia judicial.

 Luisa Ortega Díaz también boicoteó nuestra participación

Entre José Ignacio Hernández, procurador designado por el presidente Guaidó, y la fiscal Luisa Ortega Díaz de común concierto nos boicotearon nuestra lucha y facilitaron que se nos excluyera del caso. En la continuación de esta serie de artículos que estoy escribiendo sobre este caso detallaré esta afirmación.

Nos sentenciaron en contra

El procurador (fiscal) de Ginebra, Olivier Jorniot, rechazó nuestra actuación en aquel proceso. Sentenció que como simples ciudadanos no teníamos derecho de intervenir. Eso choca con elementales principios del derecho penal según los cuales la autoridad instituida para la persecución del delito debe intervenir ante la información que por cualquier vía obtenga sobre ello. Nosotros seríamos lo que en doctrina se denomina “sujetos connaturales del proceso”, que aún no formando parte de la relación jurídico-procesal tenemos derecho de intervenir dada la naturaleza del delito tramitado que afecta a toda una nación de la cual invocamos nuestra condición de ciudadanos. Pero, Suiza es Suiza. Allá nos dicen que priva un excesivo formalismo. Otra cosa habría ocurrido si el procurador nos hubiese dado una autorización expresa, que habría sido lo natural si en verdad hubiera mostrado real interés en combatir ese escandaloso hecho delictivo en curso.

En el próximo artículo: José Ignacio Hernández, Luisa Ortega Díaz, Francisco Morillo, Leonardo Baquero y nuestra apelación ante la Cámara de Recursos Penales de Ginebra.