Ni sorpresa, ni furor ni aflicción puede causar a nadie lo que está ocurriendo con el referéndum revocatorio. Todos sabíamos que Nicolás Maduro lo reventaría, porque aplicarlo correctamente significaría su inmediata remoción. Pero había que solicitarlo para demostrar la ilegalidad del régimen que ha venido violando, en un golpe de Estado permanente, la Constitución y las leyes de la República desde que se demostró, en la elección legislativa de diciembre de 2015, que Maduro no tenía respaldo popular suficiente para ganar ninguna elección. Desde entonces, en contubernio con los militares, ha pervertido los poderes públicos y el sistema electoral.

De nada servirá refutar el desatino premeditado del Consejo Nacional Electoral al aprobar a vuelo de pájaro un cronograma impracticable para la recolección de firmas del referendo revocatorio. La apelación y el recurso de amparo ante el Tribunal Supremo de Justicia no surtirán ningún efecto, sin embargo, es preciso ejercer esas acciones jurídicas antes de acudir a instancias internacionales, para demostrar la arbitrariedad del régimen y abultar su prontuario delictivo.

La dirigencia opositora tiene que aceptar de una vez por todas que la Constitución nacional y las leyes de la República en manos del chavismo son letra muerta y actuar de acuerdo con esa realidad. Sólo situaciones especiales, como la ocurrida en diciembre de 2015 y la que se produjo hace poco en el estado Barinas, que toman al régimen por sorpresa, impidiéndole ejercer la truhanería que lo caracteriza, tienen posibilidad de éxito.

La dirigencia opositora desde su triunfo de 2015 hasta hoy, con excepción de lo ocurrido en Barinas, ha ejercido una conducta incorrecta y desleal con los venezolanos. El régimen chavista ha navegado cómodamente en la corriente de la desunión y la discordia brindada por ella. En ese curso ha empleado los remos de la ilegalidad y de la arbitrariedad de manera continua y desenvuelta. La mala actuación de la dirigencia opositora ha contribuido, con mucho, a la profundización y la permanencia del desastre nacional. Para superar ese estado de cosas es indispensable la recomposición del liderazgo opositor.

Es imprescindible la participación de todas las fuerzas opositoras en un frente de lucha único, legítimo, transparente, insospechable, honesto y patriótico. Deben cesar por completo los arrumacos, las carantoñas, los arrimos y los pactos secretos con el régimen madurista. En la lucha contra la dictadura, la ruina y la corrupción, o se está incondicionalmente con el pueblo venezolano que quiere salir de todo eso, o se está contra él si se mantienen posiciones ambigua. No debe haber medias tintas en este asunto.

La liberación de los presos políticos, la suspensión de las inhabilitaciones a los líderes de la oposición, la repatriación de los exiliados políticos, el cese de la persecución y de la represión y el adelanto de las elecciones presidenciales, deben ser demandas irrevocables planteadas al régimen en cualquier tipo de diálogo que se pretenda reiniciar. No pueden emprenderse negociaciones secretas y sin un término de tiempo previsto, para evitar que el régimen, como lo ha hecho siempre, manipule, distraiga, confunda y gane tiempo para continuar su marcha destructora.

Si el régimen, prevalido del poder y la arrogancia de siempre, no acepta las condiciones anteriores, no debe emprenderse nuevos diálogos así clamen al cielo las voces agoreras de los supuestos pacifistas, moderados, demócratas y sufridos de la patria. Debe terminar la blandenguería opositora y que se queden, Maduro y a la cúpula militar corrupta, absolutamente solos ante la inmensidad del daño nacional que han producido, para que asuman totalmente su responsabilidad ante el país, el mundo y la Historia.

 


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