Quienes hacen vida política en Venezuela saben que casi todo lo que se ha intentado para cambiar el balance de poder en el país no ha tenido resultados favorables. No se han conseguido mayores libertades políticas. No se ha logrado la liberación de los presos políticos. No se han abierto espacios de conciliación o acuerdo que permita que las fuerzas económicas del país puedan actuar con libertad y seguridad. No se ha logrado tampoco el fortalecimiento de una iniciativa política que sea capaz de garantizar una victoria electoral. No hay una causa nacional que reúna a todos los venezolanos y conduzca esa energía hacia un objetivo político que nos libere de la tragedia que el gobierno de Maduro ha significado para el país.
Casi todas las estrategias emprendidas por los opositores a la autocracia han terminado en fracasos y no ha significado ningún debilitamiento del poder que ejerce el madurismo. Sin embargo, en medio de este desalentador panorama, hay una iniciativa que destaca particularmente porque, a juzgar por las declaraciones y las acciones intentadas por la autocracia, es algo que les preocupa y quieren quitarse de encima: estamos hablando de la investigación que inició la Corte Penal Internacional por violaciones de los derechos humanos contra autoridades venezolanas, gracias a nuestra denuncia y a las incontrovertibles pruebas que presentamos.
La denuncia que presentamos acusa —y podemos afirmar que prueba con suficiencia— al gobierno encabezado por Nicolás Maduro de crímenes de lesa humanidad. No es poca cosa. El Estatuto de Roma establece en su artículo 7 que son crímenes de lesa humanidad «cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque: a) asesinato; b) exterminio; c) esclavitud; d) deportación o traslado forzoso de población; e) encarcelación u otra privación grave de la libertad física en violación de normas fundamentales de derecho internacional; f) tortura; g) violación, esclavitud sexual, prostitución forzada, embarazo forzado, esterilización forzada o cualquier otra forma de violencia sexual de gravedad comparable; h) persecución de un grupo o colectividad con identidad propia fundada en motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos, de género definido en el párrafo 3, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional, en conexión con cualquier acto mencionado en el presente párrafo o con el crimen de genocidio o crímenes de guerra; i) desaparición forzada de personas; j) el crimen de apartheid; k) otros actos inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física».
Maduro sabe que él y sus cómplices cometieron esos delitos. Saben que existen las pruebas que demuestran esta afirmación, y saben que la Corte Penal Internacional tiene en sus manos elementos suficientes que demuestran quiénes cometieron tales abusos contra los derechos humanos en el país. Lo sabe y tiene miedo. También sabe que el Estatuto de Roma, en el artículo 77, establece que la pena aplicable que le corresponde, va desde «a) La reclusión por un número determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando lo justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado». Alguno de sus abogados de seguro ya le explicó a lo que se enfrenta, y eso lo asustó más.
En su desesperación —y quizá deficientemente asesorado por un abogado complaciente y atemorizado—, le pidió a sus cómplices que hicieran algo para anular los efectos de mi denuncia y para evitar que la investigación prosiguiera. Lo que hicieron es lo que siempre hacen: mentir, tergiversar, falsear, manipular, deformar y alterar todo lo que, a su entender, puede ser usado como prueba de sus delitos; y, en su lugar, ofrecer una versión completamente adulterada de los hechos. Algo así funciona solamente en los tribunales sumisos y obedientes que ellos han impuesto en Venezuela. Tribunales que no imparten justicia, sino que acatan órdenes de un autócrata caprichoso. Pero todo lo que han hecho, no solo carece de efectos en la CPI, sino que constituye una razón mayor para sospechar de la intención innoble y perversa de los que hoy ocupan el poder en Venezuela.
Al ver que nada de lo que hicieron —acusar y meter presos a unos funcionarios de rango bajo—, evitó que la CPI pidiera la reanudación de la investigación, y de ahí, la preocupación y el miedo se convirtieron en cólera. La exasperación ya es evidente y sabemos que comenzará a costarle la cabeza a quienes, en su afán adulante y lisonjero, prefirieron mentirle haciéndole la promesa utópica e irrealizable de que era posible quitarse a la CPI de encima. Van a rodar cabezas en las instituciones que le hicieron creer a Maduro que se le puede mentir a la CPI, que es posible engañarlos, que se pueden manipular, y que se puede evitar que un tribunal de verdad, con jueces de verdad, lleguen inexorablemente a la única conclusión posible: Maduro y sus cómplices cometieron crímenes de lesa humanidad y deben ser condenados por ello.
Hay otra acción que ejercí en 2017 que servirá de punto de referencia para la reconstrucción democrática e institucional de Venezuela. De ella hablaré en otro artículo. Baste por el momento, la satisfacción enorme que produce ver al autócrata sudando frío, encendido en cólera, lleno del miedo que siente el que se sabe culpable y que no tiene salida.
Cuando hice la denuncia, hace cinco años, y vimos el espanto en los ojos del opresor, manoteando desesperado, es el alentador preámbulo de su caída. Sabemos ser pacientes y que nos asiste la razón. Le dimos a la justicia internacional suficientes elementos para cumplir con su labor. Y podremos ver, tarde o temprano, el resultado favorable de nuestras acciones. Pero les confieso algo: saber que el autócrata se muere de miedo es reconfortante. No se los niego.
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