Hay un dicho que dice que el que a hierro mata no puede morir a sombrerazos. Es lo que acaba de acontecer en la Organización de Naciones Unidas con la escogencia de los miembros representantes de América Latina en el Consejo de Derechos Humanos. Venezuela formaba parte desde 2020 y había sido elegida un año antes. Los gestores de Nicolás Maduro hicieron el necesario lobby para la reelección por otro período consecutivo, pero no obtuvieron los votos.

Parece que repartieron promesas y amenazas entre los países que integran la ONU, pues es la Asamblea General la que vota por los miembros de este consejo. Nada de esto les sirvió, porque las misiones decidieron no hacer caso omiso a los informes de la Misión de Determinación de los Hechos sobre Venezuela y lo que han concluido sus expertos, que desde Miraflores salen las órdenes para amenazar, torturar y perseguir a los opositores.

Ya en 2019 cuando Venezuela logró un puesto en el consejo, las organizaciones no gubernamentales que defienden los derechos humanos en el país lanzaron sus gritos de alarma, porque las violaciones eran materia cotidiana de denuncias, pero como el gobierno chavista se paga y se da el vuelto no se procesaban los casos. Ya habían pasado los horrendos hechos de 2014 y 2017, los venezolanos lloraban la pérdida de cientos de jóvenes, los torturados y los presos políticos, y a pesar de eso lograron sentar a un representante muy orondo en las oficinas de Ginebra.

Solo pudo interpretarse como una actitud de gran cinismo detentar semejante puesto y abiertamente violar los derechos humanos de los venezolanos a diario. Pero de nada les sirvió, pues en 2020, justo cuando comenzaba oficialmente el período en el Consejo de Derechos Humanos, se nombró la Misión de Determinación de los Hechos para el caso de Venezuela por las constantes denuncias. Y al presentar su primer informe ya se perfilaba como la corroboración de lo que los ciudadanos contaban y padecían. Luego, en 2021 se produjo el segundo informe. Los especialistas hicieron un trabajo minucioso entrevistando a testigos, víctimas y familiares y fueron completando un expediente con la ayuda también de las investigaciones de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos dirigida por Michelle Bachelet.

Lo que parecía una burla les disparó en la cara; pero como el gobierno chavista no tiene vergüenza, lo único que hacían era descalificar los documentos y las denuncias, lavarse las manos, mentir sobre la disposición de procesar los casos y hacer justicia. Pero el último informe fue la estocada final, no se pueden esconder, ya no pueden disimular, son los mismos jefes de Miraflores los responsables de esta dantesca situación; y eso sirvió para que muchos países entendieran que el régimen chavista es violador de los derechos humanos y no cayeran en chantajes “diplomáticos”. El mandato de la misión fue prorrogado, siguen escudriñando en la terrible realidad que se vive en Venezuela.

No obtuvieron los votos para el Consejo, pero tampoco es que salieron reprobados, pues de 97 que requerían para la reelección lograron 88, que es mucho decir. No debería existir en el mundo un país que no apoye la lucha de los venezolanos y no se solidarice con su sufrimiento, que es total responsabilidad del gobierno chavista. Siempre habrá aliados, amigos e interesados, pero poco a poco la verdad va ganando terreno. Lo importante es que se haga justicia.

 


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