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Conocí de cerca la belleza de la “Isla del encanto” y la bondad de su gente. Hace más de medio siglo me fui a enseñar a Puerto Rico. Allí viví cuatro años y me nació un hijo. Mandaba el gobernador Roberto Sánchez Vilella. Le creí a Luis Muñoz Marín, el líder de los “populares”, cuando nos explicó que el “Estado Libre Asociado” era el presente y el futuro del país. Pero no tardaría en escuchar que “no era Estado, ni Libre, ni Asociado”. ¿Qué era entonces?

Finalmente, hablaron los expertos. (Por lo menos, muchos de ellos). Decenas de scholars en Derecho Constitucional de las mejores universidades norteamericanas les han escrito una carta pública a Nancy Pelosi y a Kevin McCarthy, a Charles Schumer y a Mith McConnell –los líderes demócratas y republicanos del Poder Legislativo, donde está la autoridad de la Isla- urgiéndolos a aprobar la ley que permitiría a Puerto Rico incorporarse a la Unión Americana como el Estado # 51.

Simultáneamente, los animan a que rechacen la propuesta de ley llamada “Puerto Rico Self-Determination Act”. La razón que esgrimen tiene que ver con la esencia de la República: Estados Unidos es una república regida por leyes y no se contempla una vinculación al país que no sea como un Estado más de la Unión Americana. El “Estado Libre Asociado”, creado por Luis Muñoz Marín en 1952, no es posible. Es una quimera. No existe. Según los firmantes de la carta, el juego no es a tres bandas. Es sólo a dos: independencia total o total vinculación a Estados Unidos.

Naturalmente, como la independencia total tiene pocos partidarios –apenas un seis por ciento-, eso deja a la “estadidad” como única opción real. Pero sucede que las dos terceras partes de los puertorriqueños comparten valores y visión con los demócratas actuales (todos: los de derecha y los de izquierda), así que los republicanos prefieren prolongar indefinidamente la cuestión del status de Puerto Rico, y que sea la próxima generación la que le busque una solución al “problema”.

Los dos senadores puertorriqueños, y la decena de congresistas federales, de acuerdo con el panorama político actual, se vincularían a los demócratas y “desequilibrarían” las relaciones de poder en Washington. ¿Se aumentarían las 435 bancadas del Congreso para acomodar a los boricuas o se mantendría esa cifra y se redistribuirían las curules?

En todo caso, si los puertorriqueños tienen una oportunidad de alcanzar la estadidad, es ahora, durante la presidencia de Joe Biden, cuando se tiene una visión plural de la sociedad norteamericana y existe en Washington una manera inclusiva  de entender las relaciones políticas.

Hace 123 años, en 1898, comenzó el “problema” durante la Guerra Hispano-Americana. Entonces desembarcaron los norteamericanos en Puerto Rico y Cuba en medio de una salva de aplausos y apoyos a cargo de los boricuas y los cubanos. Poco antes, la flota del almirante George Dewey de Estados Unidos pulverizaba a los barcos españoles en Manila, Filipinas. Aquello, más que un combate naval fue un “tiro al blanco”. Los cañones de Estados Unidos tenían mayor alcance que los españoles. Era un mono amarrado peleando contra un feroz tigre suelto.

Las tres naciones tuvieron un destino diferente. Una vez colocadas bajo la soberanía de Estados Unidos, luego del triunfo americano y la firma del “Tratado de París” entre los representantes de Washington y Madrid. Cuba se convirtió en una República independiente en 1902, mientras Puerto Rico y Filipinas fueron territorios legalmente controlados por el Congreso de Estados Unidos. Las tres naciones se transformaron en “protectorados” de Estados Unidos mediante procedimientos diferentes.

Cuba lo fue hasta 1934. En ese año Estados Unidos derogó unilateralmente la “Enmienda Platt” que le permitía controlar (hasta cierto punto) las relaciones exteriores de la Isla. El archipiélago filipino se convirtió en independiente el 4 de julio de 1946, tras la derrota de los japoneses. Sólo Puerto Rico continuó siendo parte de Estados Unidos. ¿Por qué?

Porque en 1917, mediante la “Ley Jones”, firmada por el presidente Woodrow Wilson, les otorgaron la ciudadanía estadounidense a los puertorriqueños y no querían renunciar a ella, salvo un puñado de independentistas. Unos 18,000 se integraron en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos. No se sabe cuántos boricuas pelearon o murieron en la Primera Guerra mundial, pero sí que los puertorriqueños negros participaron en batallones segregados, como era la costumbre estadounidense en esa trágica época de derechos civiles conculcados. (Fue el presidente Harry Truman, tras la Segunda Guerra Mundial, quien liquidó la segregación racial en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos).

¿Aprovecharán los partidarios de la “estadidad” los cuatro años de Biden para tratar de lograr sus objetivos? No sé. Recuerdo a un muñocista que fue mi amigo, Wilfredo Brashi, un notable escritor boricua, endiabladamente inteligente, que me dijo: “el final de este drama será la estadidad”. ¿Será?

 

 


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