Como resultado de los graves acontecimientos políticos ocurridos durante el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez que terminaron con su enjuiciamiento, el panorama económico del país se vio ensombrecido. A la natural incertidumbre se agregó el enorme déficit presupuestario de 1992 y el debilitamiento de los precios petroleros al inicio de 1993. Lo anterior exacerbó la fuga de capitales, lo cual afectó directamente al sistema bancario.

En el mes de agosto, arrastrando literalmente los pies, el Congreso autorizó al presidente Ramón J. Velásquez para dictar medidas extraordinarias en materia económica y financiera, mediante decretos-leyes. De acuerdo con esa autorización se sancionó una nueva Ley General de Bancos (que, entre otros aspectos, reforzaba el rol del superintendente, imponía un aumento sustancial del capital mínimo requerido a los bancos, liberalizaba el negocio bancario, abría las puertas a la banca extranjera y definía mejor los delitos en que podían incurrir los directivos y gerentes de los bancos) y la Ley del Sistema de Ahorros y Préstamos.

El Congreso, por su lado, aprobó reformas importantes a la Ley del Banco Central de Venezuela (eliminando las representaciones sectoriales en el directorio, dándole mayor autonomía a dicho cuerpo en materia de política monetaria, estableciendo requisitos para el cargo de director de probada competencia profesional e intachable nivel ético). Al final del año, la inflación y el PIB reflejaron la magnitud del deterioro: 45,9% y 1%, respectivamente, una minucia si se compara con el destrozo de estos tiempos revolucionarios. Pero el costo más severo se manifestaría en 1994.

El 12 de enero de dicho año, el Banco Latino fue excluido de la Cámara de Compensación, al no poder cubrir el saldo en contra de sus cheques. La suya fue la historia de una muerte anunciada que desencadenó una crisis bancaria que ocasionó terribles daños sociales y económicos. Un registro impecable de lo acontecido quedó recogido en el libro Colapso. La crisis bancaria venezolana de 1994, Ediciones IESA, Caracas, 2002, de Ruth de Krivoy, cuya lectura recomiendo.

Han transcurrido 25 años y la situación, con sus variables particulares, está por repetirse y esta vez con mayor gravedad. Las medidas que el gobierno de Nicolás Maduro se ha visto obligado a imponer al Banco Occidental de Descuento ponen de manifiesto que el cielo encapotado anuncia tempestad.

Son muchos los indicadores que revelan que el estallido puede ocurrir de un momento a otro. El maremágnum que se desencadenará será impulsado en gran medida por la perversa política económica implantada por la revolución bonita, la cual ha generado una de las inflaciones más altas del mundo; pero habrá casos en que estarán también presentes las malas prácticas de los dueños de las instituciones bancarias afectadas.

Las recientes medidas adoptadas en contra del BOD no son más que la punta del iceberg. Al parecer los problemas que tiene la entidad que se constituyó en Curazao para captar los ahorros en dólares de muchos venezolanos se remontan a varios años. En todo eso, las autoridades del BCV y Sudeban tendrían una gran responsabilidad. El primero por ser el responsable directo de hiperinflación como consecuencia de su financiamiento desmedido a Pdvsa; y el segundo por no haberle puesto correctivos a tiempo al BOD e indirectamente a la entidad que opera en el exterior. En este último caso me cuesta creer que los afectados no hayan informado al respecto a Sudeban.

A la situación de insolvencia no escapan los bancos propiedad del Estado. Si el gobierno les quitara el manto protector con que los cubre, toda esa estructura se vendría abajo.

Para nadie es un secreto que hoy día las oficinas de los bancos venezolanos parecen más bien centros de pobreza: escaso personal, grandes espacios inoperativos, equipos en mal estado y una clientela lánguida que acude a retirar algo de dinero cuyo monto o valor máximo no pasa de 2 dólares. Es risible que para el retiro de la escuálida suma se exija al cliente llenar un recibo donde tiene que indicar de dónde provienen sus depósitos o ahorros y cuál será el uso que dará a los fondos que retira.

Para los ilusos y revolucionarios que creen que lo que acá afirmamos es una exageración, van los siguientes indicios o señales de la situación.

La principal actividad bancaria es la crediticia; en esa área el binomio del gobierno y el BCV tiene congelados los precios desde hace una década.

Junto con lo anterior, la banca está obligada a encajar (depositar en el BCV) 100% de sus reservas excedentarias, razón por la cual se ve imposibilitada de expandir sus créditos. Como consecuencia de ello, el sector no está generando utilidades.

La banca venezolana está viva gracias a las comisiones que cobran por las transferencias que realizan y no por lo que debería ser siempre su actividad principal: la intermediación financiera.

Los bancos dejaron de prestar a largo plazo. Quien compra una vivienda hoy tiene que hacerlo de contado y pagar en dólares.

Las ganancias que actualmente obtienen los bancos provienen de las revalorizaciones de sus activos a la tasa Dicom. Eso no es más que una simple acción ilusionista.

Las tarjetas de crédito perdieron la condición de palanca financiera. Con ellas hoy solo se compra una taza de café o un helado, cuando mucho.

Antes de la revolución bonita, la banca venezolana era un gigante en América Latina, hoy no es más que un pigmeo.

Como consecuencia de lo anterior, los accionistas de los bancos no están en disposición de capitalizarlos. Por el contrario, ellos se han visto obligados a cerrar muchas oficinas y reducir drásticamente la nómina de sus empleados.

No se necesita ser adivino para imaginar lo que se nos viene encima.