La funesta explosión de un almacén con 2.750 toneladas de nitrato de amonio que sacudió el puerto de Beirut el pasado martes, causando cerca de 170 muertos, más de 6.000 heridos y más de 300.000 vecinos expulsados de sus hogares, fue la gota que derramó el vaso de un prolongado descontento de la población libanesa sobre su dirigencia política.
Hasan Diab, con apenas 6 meses en el cargo de primer ministro, anunció la dimisión en bloque de todo el gobierno y denunció que el sistema de corrupción es más grande que el propio Estado. La explosión no es solo el último, sino el más dramático ejemplo de la negligencia y la corrupción del gobierno que han llevado a Líbano al colapso económico. La renuncia se produce en medio de la creciente indignación popular contra la élite política libanesa. Diab llamó a celebrar elecciones anticipadas. La dimisión del gobierno allana el camino a esta posibilidad.
Muy diferente a la respuesta del presidente Michel Aoun, líder del Movimiento Patriótico Libre, una coalición principalmente cristiana, con una visión secular de la política que se encuentra en el poder desde 2016 en alianza con Hezbolá, quien rechazó una investigación internacional sobre la gigantesca explosión que dijo podría haber sido causada por una acción exterior, con un misil o una bomba. Se trata del primer dirigente libanés que menciona una pista exterior. Por su parte, el líder de Hezbolá, Hassan Nasrallah, ofreció una declaración en la que rechazó tener algún tipo de vinculación con el material que produjo la explosión.
Con esta referencia a la crisis libanesa no pretendo establecer paralelismos con un sistema político que es expresión de una cultura completamente diferente a la nuestra, independientemente de que en la coalición gobernante se encuentre Hezbolá, organización “amiga” del chavismo, por cierto tan desastrosos en el ejercicio gubernamental como sus amigos venezolanos. Más bien lo que quiero es destacar la digna actitud de un gobernante y su gabinete, que renuncia y denuncia la corrupción que según sus propias palabras es descomunal y solicita el adelanto de las elecciones, dicho de otra manera, un gobernante que reconoce haber fallado, aunque la demolición nacional lo preceda y no se sepa lo que lo suceda.
Los venezolanos hemos sufrido a cuentagotas una tragedia de similares dimensiones, aunque con sus especificidades propias. En el día a día de estos 20 largos y oscuros años se ha producido una destrucción sistemática y paulatina de la nación, para empezar la impensada desaparición de la industria petrolera que en su agonía sigue produciendo explosiones e incendios. Una corrupción sin parangón, el hambre y la desnutrición que se ha extendido hacia sectores profesionales y antiguas clases medias y un caos generalizado que está presente y se agrava en todos los ámbitos del país, sin que nadie, ni uno de los de la cúpula cívico-militar se mueva un milímetro de su posición y ceda un ápice de poder, al contrario, al igual que el presidente libanés buscan siempre un responsable exterior al cual acusar.
La respuesta ante el clamor nacional e internacional de la urgencia de un cambio político ha sido la de cerrar cada vez más el círculo de la incondicionalidad con compra de voluntades y robo de partidos, entre otros desaguisados, para terminar de montar unas elecciones que les garanticen el control del Legislativo con la finalidad de continuar su ilegal y nociva permanencia en el poder sin incómodos obstáculos
Se me ocurre subrayar por su carácter simbólico y reciente el trato hacia la población indígena como la muestra más flagrante de la farsa de las banderas enarboladas por estos revolucionarios de pacotilla. Su vehemente indigenismo no pasó de la ridiculez de bautizar el 12 de octubre como el Día de la Resistencia Indígena, cuando ese día los nativos no se han debido ni enterar de la llegada de los advenedizos, o la de llevar a Guaicaipuro al panteón. No les tembló el pulso a la hora de dejarlos de lado y reprimirlos para explotar junto al crimen organizado el Arco Minero. Tampoco para reducirlos electoralmente a la condición de minusválidos al modificarles el voto universal, directo y secreto en una elección de segundo grado que, por ser a mano alzada, no respeta el secreto del voto y propicia la coacción de los delegados que fungirán como intermediarios de la voluntad de las comunidades indígenas.
Entiendo el razonamiento de que el crecimiento de trampas y obstáculos son argucias para disuadir la confianza en el voto como único camino de los ciudadanos para desalojar a los delincuentes del poder. Lo que no he encontrado en los argumentos de defensa de la necesidad de votar en diciembre de 2020 para elegir el Poder Legislativo son razones que me hagan ver cuál sería la ventaja que obtendríamos avalando este fraude de parte de un régimen que ha demostrado estar dispuesto a todo menos a gobernar legalmente, y mucho menos a ceder alguna cuota de poder. Las sigo buscando.