Nicolas Sarkozy, expresidente de la República francesa (2007-2012) ha sido condenado a tres años de prisión, uno de ellos en la cárcel. La decisión se produce tiempo después de una condena sin precedentes en primera instancia. Hace unos días, el Tribunal de Apelación de París condenó al exmandatario por el llamado asunto de las «escuchas telefónicas», vinculado a la financiación de su victoriosa campaña para las elecciones presidenciales de 2007. Este caso es uno de los tantos que estremecen a la clase política francesa, la cual debe conducirse en un marco determinado por la ética y la transparencia, lo cual responde en buena parte a lo establecido en la Ley sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica (2016-1691) o conocida como ley Sapin II, dado el apellido de uno de sus promotores, Michel Sapin.
Regresando al caso judicial, el abogado y amigo del expresidente francés, Thierry Herzog, así como el antiguo magistrado Gilbert Azibert fueron condenados a las mismas penas. El Tribunal de Apelación también impuso a Sarkozy una inhabilitación de tres años para ejercer sus derechos cívicos, lo que le impide presentarse a las elecciones, y a Herzog una inhabilitación por igual período para ejercer su profesión.
De esta manera, Sarkozy se convierte en el primer expresidente de aquel país condenado a la cárcel. En 2011, su antiguo mentor y también expresidente, Jacques Chirac, recibió una condena de libertad condicional de dos años en el caso de los empleos ficticios en la ciudad de París, al término de un juicio histórico.
La causa contra Sarkozy se remonta a 2013, cuando las autoridades intervinieron su teléfono móvil mientras investigaban las acusaciones de que Muamar Gadafi, el antiguo líder libio, había ayudado a financiar la campaña del candidato francés en 2007. Fue entonces cuando fueron halladas conversaciones entre Sarkozy y Herzog, entonces su abogado. Estos intercambios, que ambos pensaban protegidos por la confidencialidad entre abogado y cliente, se referían a otras acusaciones de financiación ilegal de partidos que circulaban en aquel momento. El caso contra Sarkozy en ese asunto había sido retirado. Sin embargo, según los fiscales, Sarkozy quería información relacionada con otras investigaciones.
Durante estas conversaciones, según dictaminó el tribunal esta semana, surgió un «pacto de corrupción». A cambio de información, Sarkozy se ofreció a ayudar a Gilbert Azibert, magistrado del Tribunal de Apelación, a conseguir un puesto de trabajo en Mónaco. Ambos niegan las acusaciones. Según el juez de la causa, Sarkozy, «garante de la independencia del poder judicial, utilizó su condición de expresidente para recompensar a un magistrado por haber servido a sus intereses personales».
Sarkozy quien calificó la decisión en primera instancia de injusta, al escuchar el veredicto se marchó del reciento sin pronunciar palabra alguna. En los últimos años, los tribunales han condenado a una serie de políticos franceses, lo cual ha empezado a erosionar la sensación de que son intocables. En 2020, un tribunal condenó a François Fillon, exprimer ministro de Sarkozy y candidato presidencial, por malversación de fondos. Otros acusados han sido Jérôme Cahuzac, exministro socialista de Presupuestos, Claude Guéant, exjefe de gabinete de Sarkozy, y Patrick Balkany, exdiputada del partido de Sarkozy y exalcalde de Levallois-Perret, un suburbio de París.
Las acciones del Estado francés contra la corrupción son un hecho real y obedecen a la Ley sobre transparencia, lucha contra la corrupción y modernización de la vida económica. La ley aprobada en 2016 proclama una República ejemplar poniendo la legislación francesa a la altura de las mejores normas europeas e internacionales en materia de lucha contra la corrupción, y así contribuir a dar una imagen positiva de Francia en el plano internacional.
La ley Sapin II, dota de herramientas innovadoras para detectar, prevenir y sancionar eficazmente la corrupción y las faltas de probidad. El instrumento jurídico pretende responder a las aspiraciones de los franceses de transparencia, ética y justicia en materia económica. Según Michel Sapin, antiguo ministro de finanzas, la ética debe ser la brújula de la vida pública y económica. Para quien ocupo diversos puestos en la administración pública, este texto contribuirá a hacer de Francia una democracia moderna, basada en valores sólidos, y no una democracia de la sospecha. Ayudará a construir para Francia una economía al servicio de todos y a eliminar las finanzas desenfrenadas al servicio de la corrupción y la especulación.
Cualquier comparación con los casos de corrupción registrados en Venezuela resultaría banal. Lo importante de la decisión ante el pacto de corruptos liderado por Sarkozy es que no hay intocables, tarde o temprano los culpables responderán ante la ley o sucumbirán ante el destino natural. Asimismo, la transparencia, la lucha contra la corrupción y la impunidad deben ser parte de un compromiso nacional, desvirtuar estos mecanismos en falsos intentos por establecer ideologías o desarrollar “cacerías de brujas” es condenar el futuro. Finalmente, establecer una administración pública transparente y libre de corrupción es posible, rentable para la ciudadanía, sostenible y sobre todo un acto de responsabilidad con las generaciones futuras, pero la transparencia debe ser legitima.