En la Venezuela de hoy oímos hablar a diario de sanciones y de soberanía, dos temas cargados de pasión.
Desde el chavismo en el poder ven las sanciones, en especial las estadounidenses, como el enemigo número uno del régimen, ya que han reducido significativamente su capacidad para destruir, la cual llegó a su punto máximo cuando las sanciones no existían y Chávez y Maduro recibían cuantiosos ingresos petroleros que procedían alegremente a malgastar y robar. El terror del régimen a las sanciones impuestas por países como los Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea ha llegado a tal extremo que algunos funcionarios del régimen piden que los venezolanos que las apoyen sean declarados traidores a la patria y eliminada su nacionalidad, propuesta que revela su terror y carencia total de principios éticos. Las sanciones contra el régimen, tanto las personales como las económicas, ejercen el mismo efecto que el crucifijo ante el vampiro.
En su rechazo el régimen de Maduro ha encontrado algún apoyo en la izquierda caviar como ha sido el caso del economista venezolano Francisco Rodríguez y del mercenario estadounidense Mark Weisbrot, este último autor de un escrito en el cual dice que las sanciones han generado 40.000 muertos en Venezuela, afirmación irresponsable y desvirtuada por el coautor del escrito, Jeffrey Sachs, ver: https://venezuelanalysis.com/news/14446#:~:text=%E2%80%9CThe%20sanctions%20are%20depriving%20Venezuelans,thereby%20lead%20to%20regime%20change.%E2%80%9D
Las sanciones al régimen y a Pdvsa
En los múltiples análisis sobre corrupción atribuyen mucho de su progreso a la ausencia de sanciones morales, sociales y legales. Se lee que Hitler surgió irresistible porque no se le aplicaron las debidas sanciones en el momento, prefiriéndose el apaciguamiento, a lo Neville Chamberlain. En el plano social la aceptación de notorios corruptos es lo más frecuente, dándoles la categoría de “exitosos”, cuando el rechazo social sería un poderoso factor inhibitorio de la mala conducta. El fútbol nos enseña que cuando un jugador comete falta le dan tarjeta roja.
En el caso venezolano las sanciones personales impuestas a los miembros corruptos del régimen chavista/madurista abarcan a casi la totalidad de las figuras del régimen, hasta el punto que la cabeza de Maduro fue puesta a precio, 15 millones de dólares, por el gobierno de Estados Unidos. Estas sanciones no parecen merecer rechazo entre nadie que pertenezca a la sociedad decente venezolana. El rechazo de la izquierda caviar a las sanciones se basa fundamentalmente en lo que denominan su impacto sobre la población. Para apoyar sus argumentos hablan del colapso de la industria petrolera afirmando que las sanciones, implantadas por primera vez en 2017, son la causa de ese colapso.
Este es un argumento irresponsable, de naturaleza ideológica, el cual sacrifica la verdad, sea por ignorancia o por mala fe. En 2017 ya la producción petrolera había bajado de 3.2 millones de barriles al día en 1998 hasta unos 2 millones de barriles diarios y Pdvsa experimentaba una pérdida de unos 200.000 barriles diarios al año, debido a la corrupción y la ineficiencia de la Pdvsa chavista manejada desde 2004 por Rafael Ramírez Carreño y luego por Eulogio del Pino y otros igualmente corruptos, todo lo cual está plenamente documentado. Las gerencias de Ramírez, Del Pino, Martínez, Manuel Quevedo, Asdrúbal Chávez, Tareck el Aissami (ministro) y Pedro Tellechea han sido desastrosas, incapaces y corruptas, como lo evidencia el reciente megafraude de unos 20.000 millones de dólares en las exportaciones de petróleo que nunca fueron pagadas a la nación. El colapso de la industria petrolera venezolana progresaba antes de la ejecución de las sanciones. Los niveles de exportación de petróleo pagado efectivamente declinaban cada año, ya que buena parte del volumen exportado iba al pago de las deudas contraídas con China, Rusia, Japón y a alimentar el criminal subsidio a Cuba, país que recibía 100.000 barriles diarios de petróleo y derivados prácticamente gratis y a los países miembros de Petrocaribe, como pago a su lealtad política. Más de 50% de las exportaciones eran destinadas al pago de deuda o a subsidios a los compinches internacionales del chavismo/madurismo.
Al menos desde el año 2010 Pdvsa había visto sus socios internacionales retirarse, algunos de ellos como ExxonMobil y ConocoPhilips, demandándola por despojo de sus activos. Las plantas mejoradoras de la faja del Orinoco construidas por las empresas extranjeras se habían comenzado a pudrir y el número de equipos de perforación se reducía año tras año. En 2016 entró a saquear Pdvsa una empresa de militares conocida como Camimpeg, vulgar intermediaria. La aparición de esta alcabala manejada por militares ignorantes de las operaciones petroleras fue el golpe de gracia para una empresa que iba desbocada hacia la ruina.
No es posible negar que la aparición de las sanciones de naturaleza comercial contra Pdvsa ha acelerado su colapso. Ello es evidente, pero lo que también es evidente es que el dinero generado por la Pdvsa roja nunca se ha utilizado para mejorar estructuralmente las condiciones de vida del pueblo, sino en gastos de naturaleza política y populista para consolidar al régimen en el poder. Es bajo esta luz que debemos evaluar las sanciones contra el régimen de Maduro, las cuales son al régimen de Maduro lo que la quimioterapia es al cáncer, es decir, una de las armas más eficaces en esa batalla a pesar de tener efectos secundarios.
¿Es que el éxodo de los venezolanos comenzó en 2017? ¿Es que las deudas del régimen con China y otros países comenzaron en 2017? ¿Es que las empresas multinacionales demandaron a Pdvsa en 2017? ¿Es que el fraude de los CLAP solo comenzó en 2017?
Las misiones llenas de despilfarro y de fracaso, la comida podrida de Pdval, los inmensos fraudes de las gabarras de perforación costa afuera del Aban Pearl y Petrosaudí, el saqueo hecho por los bolichicos y por Wilmer Ruperti, todo ello ocurrió antes de 2017.
¿Deben continuar las sanciones contra el régimen de Nicolás Maduro? Por supuesto que sí. Son una expresión del rechazo de la comunidad civilizada de naciones contra un régimen brutal. Hay sectores venezolanos que dicen ser democráticos que tienen razones políticas o comerciales para rechazar las sanciones. Recientemente el presidente de Fedecámaras llamó “locos” a quienes las apoyan. Manuel Rosales las rechaza y posa sonriente junto a Maduro, quien lo considera como un satélite de su régimen. Estos dos personajes tienen sus razones, pero la inmensa mayoría de quienes no dependen del régimen para su bienestar político o empresarial ven las sanciones como el arma más efectiva contra la barbarie chavista.
El concepto de soberanía y la privatización de la industria petrolera venezolana
Hablar de la privatización de la operación de la industria petrolera venezolana es más preciso que hablar de la privatización de Pdvsa, lo cual, ya lo he dicho antes, es un término difuso ya que es realmente imposible privatizar un muerto. Nadie estaría interesado en cargarlo.
No es necesario privatizar Pdvsa sino darla por terminada y salvar los activos salvables. Colocar la operación de la industria petrolera en manos del sector privado, regulado por una agencia del Estado, para lo cual existe en Venezuela el talento y la experiencia.
Este paso encuentra gran rechazo de parte del espectro político venezolano, rechazo basado en lo que estos sectores llaman pérdida de soberanía.
Lo primero que debemos preguntarnos es de qué soberanía hablan quienes esgrimen este concepto para rechazar la privatización de la industria petrolera, ya que han guardado vergonzoso silencio ante la efectiva pérdida de soberanía venezolana frente a Cuba y Rusia. Debido a la postura sumisa de Hugo Chávez y luego de Nicolás Maduro Venezuela es desde hace años un satélite de la Cuba castrista, país que tutela y exprime a Venezuela para su beneficio.
En 2012 el ministro de Chávez, Rafael Ramírez, decía:
“Un tema muy importante en estos años de gestión del gobierno del comandante presidente Hugo Chávez, en el ciclo que cierra en 2012, es que el eje fundamental se centra en… la política de Plena Soberanía Petrolera… El manejo soberano de nuestros hidrocarburos ha permitido, captar los recursos que antes se iban del país y ahora esos ingresos son para el beneficio del pueblo”.
En ese mismo período Chávez y Pdvsa acababan de endeudarse con China por 65.000 millones de dólares, a fin de financiar la reelección de un agonizante Hugo Chávez en la presidencia de Venezuela. Ramírez hablaba de soberanía, término favorito de los bellacos del populismo., mientras ejecutaba entregas de soberanía frente a Cuba, China y Rusia.
¿Qué es soberanía?
Los tratados definen la soberanía como “el poder supremo e ilimitado, tradicionalmente atribuido a la nación para establecer su constitución y adoptar las decisiones políticas fundamentales tanto en el ámbito interno como en el plano internacional”. Es la facultad que tiene una Nación para tomar libre y soberanamente sus decisiones. Aquí no hay ambigüedad ni problema alguno.
En línea con esta definición la nación venezolana dijo en 1975: “Reservamos al Estado la operación y control, de la industria petrolera venezolana”, ejerciendo su soberanía con base en una decisión que fue ampliamente compartida por el pueblo.
Si la nación venezolana dijera hoy, con el apoyo de su población: “Hemos decidido que la operación de la industria petrolera venezolana debe ser llevada a cabo por empresas del sector privado, bajo la supervisión y regulación del estado venezolano y, por lo tanto, el país no requerirá de una empresa estatal de petróleos”, esa decisión sería tan soberana como la que se tomó en 1975.
Lo que se delega en el sector privado del sector no es la propiedad del recurso sino la operación que hace posible la exploración, producción, refinación y comercialización del petróleo y otros hidrocarburos. No se delega el control sobre esa operación por parte de la Nación. Para tener pleno control sobre esta industria no es necesario ejecutar directamente la operación sino supervisarla y regularla mediante decisiones soberanas de políticas públicas, con el apoyo de agencias especializadas y en base a la firma de contratos en los cuales los límites de atribuciones de cada empresa operadora se definen claramente.
Entonces, ¿cuál es el problema? Evidentemente, quienes se arropan con la bandera de la “soberanía” para rechazar la privatización de la industria petrolera venezolana definen el ejercicio de la soberanía como un concepto idéntico al de estatización total de la actividad, lo cual es totalmente erróneo. Este error fundamental se explica porque en el siglo XXI la Nación venezolana ha sido tomada por asalto por una pandilla populista e ignorante, la cual mantiene la ficción de que ellos representan a la Nación cuando todo lo que han hecho es ponerle las garras al Estado, el cual debería estar al servicio de la Nación.
Esta manera de pensar originada en la Alemania nazi, la Italia fascista y la Rusia de Stalin agrede los mejores intereses de la nación venezolana. Venezuela no tiene por qué invertir cuantiosas sumas de dinero (que no tiene) en una actividad que puede hacer de manera eficiente y sin riesgo para la nación el sector privado, actuando dentro de los límites a ser impuestos por la nación venezolana soberana.
El ejercicio de la verdadera soberanía en materia petrolera obliga al Estado a llevar a cabo las tareas de desarrollo de esa industria de la manera más eficiente y beneficiosa para la nación, no la obliga a hacer la carpintería. El carpintero contratado no es quien toma las decisiones, es el gerente de la empresa. Los acomplejados que piensan que la soberanía exige que hagamos en casa hasta los tornillos han llegado a hablar de traición a la patria por quienes piden la privatización de la operación petrolera, olvidando que la verdadera traición a la patria es lo que ha hecho el chavismo en materia petrolera en los últimos 23 años.
Soberanía es decidir libremente, no es el capricho de un régimen totalitario que tiene a la nación de rehén. Venezuela podrá decidir libremente cómo manejar su industria petrolera una vez que este régimen haya desaparecido y pueda manejar su industria petrolera sin complejos, con base en las mejores condiciones para la nación.
En nombre de una pretendida soberanía petrolera Chávez y Maduro regalaron el petróleo de la nación a sus compinches y pusieron su cada vez más exigua producción, refinación y exportación en manos de piratas y ladrones.