Durante semanas, el Partido Socialista ha fingido protagonizar una negociación que, desde el principio, tenía como destino la concesión de la amnistía a quienes desafiaron al Estado de derecho en el año 2017. La ambición de Pedro Sánchez por seguir en el poder y la deslegitimación de las alternativas democráticas a su Gobierno han sido el preámbulo de un proceso que, en el día de ayer, ha revelado las consecuencias de un sometimiento total al secesionismo catalán, sin reparar en el daño irreversible que estas concesiones suponen para el orden democrático vigente durante más de cuarenta años en España. Lo que se proyectó hacia la opinión pública no fue más que una dramaturgia más o menos disimulada para acabar concediendo al independentismo todo lo solicitado a cambio de apoyar la investidura de Sánchez. Así lo demuestra el acuerdo firmado entre ERC y el PSOE, que este jueves presentaron el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, y un expresidiario como Oriol Junqueras, condenado y posteriormente indultado en lo que fue el primer pago por el apoyo de los republicanos a los socialistas en la pasada legislatura.
El acuerdo parte de una premisa fatal que quiebra la esencia de las democracias liberales al plantear un conflicto entre una legitimidad parlamentaria popular y otra constitucional. Es falso: la esencia de la democracia es que todos los poderes, también el legislativo y el ejecutivo, están sometidos al límite que marca la ley. A ello se suma otro ardid semántico. Para referirse al conjunto de ilícitos perpetrados por los políticos separatistas, el texto avalado por el PSOE apela a la existencia de un conflicto político. El documento asume, posteriormente, la necesidad de desjudicializar dicho «conflicto», eludiendo dolosamente el hecho indubitable de que los delitos o crímenes perpetrados por causa política o por actores políticos no sólo no son menos graves, sino que deben estar sometidos a una especial vigilancia en un régimen democrático. Asimismo, la relación que el texto establece entre el Gobierno de España y la Generalitat se plantea en términos de simétrica bilateralidad, lo que, de nuevo, hace imposible la defensa del marco constitucional.
Pedro Sánchez no ha dudado en debilitar al Estado con tal de hacerse presidente y ha cedido en todo a las reclamaciones planteadas por ERC. Así, el documento contempla concesiones económicas que colman los requerimientos más exigentes del independentismo. Los votos de ERC tendrán como contrapartida que el Estado condone 15.000 millones de euros de deuda viva de Cataluña y otros 1.300 en concepto de intereses. Se transferirán, además, fondos previstos para una gestión autónoma de las prisiones, la investigación, los Mossos y la creación de nuevos órganos judiciales. Esta concesión económica irá acompañada, a su vez, de una cesión total de la gestión de una infraestructura estratégica tan capital como el servicio de ferrocarriles regionales y de cercanías, lo que sacia así otro de los objetivos tradicionales del independentismo.
El Partido Socialista ha consentido, también, que en los principios que se exponen en el documento se contemple una solución basada en el consenso social y parlamentario circunscrito exclusivamente a Cataluña. Es decir, que el PSOE asume la posibilidad de cercenar la capacidad decisoria del pueblo español como único depositario de la soberanía nacional, tal y como recoge nuestra Constitución. Que los consensos mencionados se limiten a Cataluña determina la titularidad de la soberanía y, sobre todo, crea un marco habilitante para una consulta o referéndum. Del mismo modo, Sánchez acepta la creación de un mecanismo que tendrá la misión de acompañar, verificar y realizar el seguimiento de todo el proceso pactado. Por lo tanto, se aprueba de facto el arbitrio de un ‘relator’, causa que hizo saltar las negociaciones en 2019 entre el PSOE y Esquerra y que, sin embargo, ahora resultan digeribles para los socialistas. Por último, y no por previsto es menos grave, definitivamente se expone negro sobre blanco el pacto que certifica el trámite de una ley de amnistía que permitirá revocar el ordenamiento jurídico que hizo posible la defensa de nuestro Estado de derecho en el año 2017 y que intentará reescribir la historia. El mismo Sánchez que fue capaz de votar a favor del 155, movido ahora por un estricto interés personal de perpetuarse en el cargo, es capaz de saldar el principio de legalidad por el cual todos los poderes del Estado deben quedar limitados y se permite emplear la igualdad entre españoles como moneda de cambio con tal de garantizarse la investidura.
Editorial publicado en el diario ABC de España