Nicolás Maduro en reunión por el Esequibo
EFE

Mientras avanza en La Haya la causa sobre la cuestión del Esequibo –el gobierno de Nicolás Maduro debe presentar su contramemoria tras la demanda de Guyana en abril de 2024, a riesgo de dejar desprotegida a su nación, verdadera titular del territorio bajo reclamación– a contrapelo de las páginas de nuestra historia y la política exterior de la república civil democrática hasta 1999, la estrategia de este plantea una grave aporía. ¿Busca sobreponer las razones geopolíticas propias del siglo XXI –como la de la normalización de la ilegalidad– al decurso del diferendo y su estatuto marco de 1966, el célebre Acuerdo de Ginebra desvirtuándolo?

Ocurre el desconocimiento verbal y filatero por el mismo Maduro de la competencia de la CIJ –en un ir y venir táctico, como la revelan sus presencias en la misma Corte– ¿para abandonar la vía judicial y favorecer la aspiración cubana de que Venezuela tácitamente retire su reclamación? La respuesta como la pregunta pueden ser especulativas. Lo constatable y documentado, sí, es lo que declarara el presidente venezolano Hugo Chávez Frías en La Nueva Etapa, El Nuevo Mapa Estratégico de la Revolución Bolivariana, en noviembre de 2004:

ATRAER A GUYANA HACIA EL SUR – reza el elocuente subtítulo. E inicia su texto así: “Ahí está también Guyana. Por razones geopolíticas y del reclamo territorial, nosotros hemos estado siempre lejos de ese país, pero Guyana es un pueblo hermano, es un pueblo subdesarrollado, y hay un gobierno allí que pudiera ser un gran aliado. Nosotros no vamos a desistir de nuestra reclamación, pero no podemos esperar a que se solucione esa reclamación, no hay nada en el horizonte que indique que se va a solucionar en el corto plazo o en el mediano plazo; está a nivel de Naciones Unidas, pero nosotros no vamos a ir la guerra con Guyana. ¡Nooo!”. Y ajusta Chávez de seguidas: “Gobiernos de extrema derecha, subordinados a Washington nos quisieron empujar a una guerra con Guyana, cuando en Guyana mandaba Forbes Burnham, para tratar de quebrar el movimiento socialista guyanés. Quien gobierna Guyana hoy es un hombre joven, el presidente Bharrat Jagdeo, que viene de esas filas, aun cuando es de línea moderada, no es un neoliberal. Tenemos que atraer a Guyana hacia la integración de Suramérica”, finaliza.

¿Habrá de entenderse, dentro este último contexto, la dinámica más reciente, sea la de la consulta popular implementada para desconocer a la Corte que se ha declarado competente a fin de juzgar sobre la nulidad o no del Laudo Arbitral de 1899? ¿También sus virtuales amenazas o simulaciones de guerra, impulsando a renglón seguido el encuentro organizado por el primer ministro de San Vicente, Ralph Gonsalves, o la misma la Declaración Conjunta adoptada por él y el presidente de Guyana, Irfaan Ali, en tal oportunidad?

En la Declaración consta que ambos mandatarios «acordaron» que «cualquier controversia [¿la del laudo, la territorial, la relativa a la cooperación, según lo indicaba la agenda previa a la firma del Acuerdo de Ginebra de 1966?] se resolverá de conformidad con el derecho internacional, incluido el Acuerdo de Ginebra de 17 de febrero de 1966» (Numeral 2 y negritas nuestras).

Lo anterior, al constatarse que (a) los debates para dicha declaración fueron facilitados por la Celac y el Caricom, los primeros ministros del Caribe angloparlante, Colombia y Honduras, y la propia Secretaría General de la ONU y que (b) “los incidentes sobre el terreno que conduzcan a tensiones” entre Guyana y Venezuela serán arbitrados por el presidente de Brasil, la Celac y el Caricom (Numeral 6), predica, con lógica irrefutable, que se multilateraliza la cuestión esequiba. Y se sugiere, dada la redacción textual y su contexto, dejar en un plano de subsidio al Acuerdo ginebrino, que es bilateral y el fundamento de la competencia de la Corte. Lo que a la par sería incongruente, en el caso de Venezuela, con las mismas resultas de su consulta, una de cuyas arbitrarias preguntas reza así: ¿Apoya usted el Acuerdo de Ginebra de 1966 como el único instrumento jurídico válido para alcanzar una solución práctica y satisfactoria para Venezuela y Guyana, en torno a la controversia sobre el territorio de la Guayana Esequiba?

Téngase presente, como paradoja, lo que denunciara en 1981 ante la ONU el canciller de entonces, José Alberto Zambrano Velasco, cuando Guayana era la empeñada en multilateralizar la controversia a fin de escaparse de los efectos del Acuerdo de Ginebra: “Denuncio claramente las acciones y declaraciones del gobierno de Guyana, como dirigidas a buscar apoyos internacionales, o a publicitar supuestos e inexistentes respaldos, o a conseguir una animadversión contra Venezuela. Denuncio tales actividades como arbitrios destinados a que Venezuela caiga en la trampa de una reacción explosiva de nuestra parte”, esgrime Zambrano. ¿Ahora se invierten los roles, tras la conjura de San Vicente?

Lo que es más extraño, nombran los mandatarios “una comisión conjunta de los ministros de relaciones exteriores y técnicos de los dos Estados para tratar los asuntos mutuamente acordados (Numeral 7). ¿Trátase de una vuelta atrás de las páginas recorridas hasta el 16 de noviembre de 1962, cuando Venezuela y Gran Bretaña acuerdan en la ONU reunirse para examinar sus respectivos documentos, tras la reclamación presentada por la primera?

En fin, por añadidura, ¿fue desliz deliberado el del numeral 9 siguiente?, disponiendo una reunión próxima en Brasil “para considerar cualquier asunto con implicaciones para el territorio en disputa”, incluido el de la “mencionada actualización de la comisión mixta (SIC y negritas nuestras)”. ¿Es un retorno al instante de la aprobación del Acuerdo de Ginebra y a los efectos de su artículo I, que demanda en 1996, como paso previo antes de llegarse a la Corte agotar la gestión de una comisión así titulada, comisión mixta?

Lo que cabe confirmar es que Estados Unidos le hizo entrega a Maduro de su joya predilecta –el “comerciante” Alex Saab– en el mismo territorio del encuentro por el Esequibo. ¿Una casualidad?

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