En 1955, cuando aún se construía la carretera Panamericana, también se empezaba a levantar el Instituto Venezolano de Neurología e Investigaciones Cerebrales (IVNIC). A Los Altos, los Altos de Caracas o los Altos mirandinos, como hoy se les conoce, sin que sus diversas comunidades tuvieran exacta conciencia de lo que venía, les esperaban grandes transformaciones demográficas, económicas y socioespaciales.
Con excepción de Los Teques, capital del estado Miranda desde hacía poco más de un cuarto de siglo, pues su capitalidad, trasladada desde Ocumare del Tuy, apenas se había iniciado en 1927, las otras poblaciones que hacían parte del entonces Distrito Guaicaipuro eran apenas “aldeas serranas”, como las describió el periodista argentino Jorge Newton en un libro de propaganda del gobierno. San Diego de Los Altos, San Antonio de Los Altos y San Pedro de Los Altos tienen una historia de data colonial, igual que Los Teques, aunque más tardío como centro poblado, ya que su parroquia eclesiástica es de 1777. En cambio, Carrizal tuvo una fundación decimonónica, al igual que El Jarillo, escondido entre montañas neblinosas e incesantes cultivos. Todos estos pueblos vivían una existencia pausada y apacible que, sin embargo, empezaba a dejar los ritmos agrícolas y a sustentar las semillas de los procesos de urbanización y cambio social acelerado. En los campos aledaños a San Diego de Los Altos, se comenzaba a vivir el inicio de la migración rural-urbana, atraída por la creciente demanda de mano de obra de la industria de la construcción en Los Altos e incluso en Caracas.
Destacados vecinos de algunos pueblos ya presentían que sus modos de vida estaban amenazados. Tal era el caso de destacados habitantes de San Diego de Los Altos. No les era imposible prever que el trazado de la Panamericana los dejaría lejos de las facilidades de la comunicación por esa vía. En ese contexto social, ocurrió una interesante anécdota. El Dr. Humberto Fernández Morán, importante científico nacido en Maracaibo en 1924 y formado en Alemania, Estados Unidos y Suecia, había convencido al general Marcos Pérez Jiménez de fundar un instituto de investigaciones, el IVNIC, que no solo luego se transformó en un centro de investigaciones multidisciplinarias (el actual Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas, IVIC) en febrero de 1959 por decreto del Dr. Edgar Sanabria, presidente de la junta de gobierno en la transición democrática, sino que también el régimen militar tenía planes de construir un reactor nuclear, justamente en medio de la Guerra Fría y tan solo una década después de los horrores de Hiroshima y Nagasaki, que forzaron la rendición de Japón.
Fernández Morán anunció su intención de pedir la expropiación de los terrenos adyacentes a la gran montaña de Pipe (denominada así la sierra desde el cerro de Pan de Azúcar, en Los Teques hasta la parte alta de La Vega, por el actual Km 4 de la carretera Panamericana) como parte de una supuesta área de seguridad para el reactor atómico. Los vecinos, entre quienes estaban mi padre, Horacio Biord Rodríguez, a la sazón presidente de la Junta Comunal del municipio San Antonio del distrito Guaicaipuro, expusieron reiteradamente sus objeciones y alegatos a Fernández Morán, quien no solo ignoraba las razones esgrimidas por los vecinos sino que los trataba de forma despótica y con una actitud prepotente y displicente, como pretender escucharlos mientras hablaba por teléfono y atendía por ese medio otros asuntos. Ante el reclamo de los vecinos, les insistía que él tenía la capacidad de hacer varias cosas a la vez. Era la actitud de un inteligente joven apenas entrado en la treintena. La pretendida expropiación resultaba exagerada y la Junta Comunal a cargo de mi padre efectuó varias consultas con distintos abogados y peritos en la materia, costeadas por los vecinos.
Los vecinos desesperados tomaron la decisión de acudir a Pérez Jiménez, quien los recibió y escuchó con atención. El presidente se limitó a decirles que volvieran a hablar con Fernández Morán y que él conversaría antes con él. Ante la desesperada insistencia de los vecinos, el general Pérez Jiménez les reiteró que no había de qué preocuparse sin entrar en más detalles. En la siguiente reunión sostenida con Fernández Morán, los vecinos corroboraron que su actitud era otra, tanto en la manera como en su receptividad. Obviamente, no se llevó a cabo la expropiación.
Sorprende, pues, que en un régimen dictatorial la voz de la gente se hubiera escuchado. También oí al doctor Rafael Caldera en 1990 referir que en esa época de Fernández Morán le tocó actuar como abogado defensor de un agricultor o pequeño propietario agrícola de las montañas de Pipe en una demanda contra el IVNIC por un problema de desvío de la toma de agua. El juicio lo ganó el demandante, pese a actuar contra un organismo del Estado y estar asistido por un abogado opositor. El Estado de derecho no había desaparecido del todo. Importante lección para la historia de Venezuela.