Cada fin de año los pronósticos abundan en materia de crecimiento económico, en ese contexto el 2023 no es la excepción, los hay para todos los gustos, desde el mandatario nacional que anuncia un crecimiento de 8% para 2024, hasta organismos internacionales que anuncian tasas que varían entre 2% y 4%.
Ante estas cifras ¿cómo le va a los factores fundamentales de la economía, el trabajo y el capital? Cada uno desarrolla un curso propio para mantenerse, en el caso del capital privado permanece inmerso en la relación de amor y odio con el régimen, expresada inicialmente en las expropiaciones salvajes estatales para luego convocar a Fedecámaras a colaborar en la reconstrucción de la economía.
Dicha relación no puede reconocerse solo con el simple enunciado “La lucha es de clases de pobres contra ricos”, sino en la simulación de adaptarse ante un proyecto político dictatorial en el poder, quien no la pudo sustituir fracasando en sus experimentos con los parapetos de Fedevesp, Fedeindustria. Conllevándole a mimetizarse a la oferta económica gubernamental, que como cantos de sirena no ha derivado en desarrollo alguno, llámese Zonas Económicas Especiales (ZEE) o la “implantación del modelo chino”, los fundidos 14 motores de la producción, núcleos endógenos etc, todos derivados en disparates cuyo resumen fatal ha sido la pérdida de 80% del PIB, en la última década y la ruina de un país.
A fin de cuentas, el capital posee una capacidad para sobrellevar su relación con el Estado, no así el factor trabajo, quien ha visto como su principal fuente de bienestar, los salarios y los servicios públicos han profundizado su caída libre, precarizando la condición de vida al extremo de la subsistencia.
Lo cierto del caso es que, en las sesudas premoniciones de crecimiento solo resaltan los indicadores económicos de supuesta prosperidad, siendo ignoradas las políticas necesarias para restablecer y reconocer la inconmensurable pérdida sufrida en la riqueza obtenida históricamente por los trabajadores, hoy depredada por un modelo económico saqueador de sus bienes.
A partir del anuncio publicado el 12 de diciembre de 2023 en El Periodiquito de Aragua podemos actualizar la magnitud de la tragedia, al resaltarse un supuesto aumento salarial para el presupuesto 2024 de 10% más 70% en los bonos. Como propuesta planteada en la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.
En resumen, luego de 653 días transcurridos de aquel lejano 01 de marzo de 2022 hasta hoy, con una inflación acumulada entretanto de 282% en 2022 y proyectada hacia el 200% en 2023, siendo la interanual de 314%, resulta risible la propuesta reciente a considerar para el presupuesto 2024.
La magnitud de la crueldad del régimen contra el factor trabajo, con el consecuente desmedro de los bienes salariales de los trabajadores venezolanos en el sector público, podemos observarlo en la descripción de casos sucedidos todos estos años en empresas del estado tales como la CVG, Cantv, Pdvsa, ministerios, alcaldías y gobernaciones.
En cuanto a la liquidación de las prestaciones sociales el retardo acumula hasta 2 y 3 años violando el artículo 92 de la Constitución, que señala: “Todos los trabajadores tienen derecho a prestaciones sociales que les recompensen la antigüedad en el servicio y los amparen en caso de cesantía. El salario y las prestaciones sociales son créditos laborales de exigibilidad inmediata”.
A esta anomalía se añade la exclusión del cálculo a salario integral que determina la inclusión como remuneración de los diferentes bonos permanentes, siendo su resultado una disminución drástica del monto final de las prestaciones sociales. El trabajador es víctima en definitiva del retardo en el tiempo ejecutado con premeditación y alevosía por el gerente de turno, quien extiende deliberadamente el plazo para así abaratar el monto de las prestaciones, con el resultado fatal para un trabajador que ha laborado hasta 30 años, para recibir tan solo 400 o 500 dólares por el servicio público prestado durante toda una vida, en lugar de una cantidad 10 veces mayor a la entregada finalmente.
Esta práctica delincuencial se reafirma en la campaña agresiva actual de jubilaciones en materia de jubilaciones forzadas, al obligar al trabajador activo a retirarse aun cuando en los contratos colectivos existen cláusulas que establecen el carácter voluntario de la decisión.
Similar tendencia se observa en los trabajadores activos con el pago de vacaciones de aguinaldos o utilidades, cuando en 2022 el monto alcanzaba por ejemplo 400 dólares con una cotización de 10 bolívares por 1 dólar, retrasan el pago a la espera del aumento de la inflación para abaratar el monto a pagar por los rubros mencionados.
En el caso de las utilidades fueron pagadas fraccionadas cuando el dólar se cotizaba en 10 bolívares en 2022, hoy al cotizarse en 35 bolívares, cancelan inmediatamente los 4 meses o 5 meses, al ser un monto cercano a los 60 dólares y pretender “impresionar” al trabajador.
En definitiva, se deriva en un gigantesco “negocio” esperar a que la inflación devalúe la moneda para pagar obligaciones laborales, por tanto, es un derecho a ser restituido para los trabajadores, contra quienes se han apropiado ilegalmente de lo obtenido por décadas de servicios prestados al sector público.
Este drama transcurre en todas las ramas del sector público, ocurre con los profesores universitarios con salarios de 18 dólares a titulares de dedicación exclusiva luego de 30 años de labor, o el caso más crítico a los 20.000 trabajadores de Pdvsa despedidos en 2002 y 2003, a quienes expropiaron de todos sus beneficios, siendo extensivo a los millones de jubilados y pensionados del sector público que subsisten con el monto menor a 4 dólares mensuales.
Esta cruenta realidad amerita en los trabajadores afectados en el sector público, primero a despertar de la parsimonia y reconocer el delito cometido por quienes representan el poder, siendo oportuna la ocasión para unir esfuerzos con los trabajadores activos y reconquistar los beneficios.