Las consecuencias del acuerdo firmado entre el oficialismo y algunos partidos minoritarios de la oposición no pueden ser analizadas sin antes profundizar en las causas que condujeron al fracaso de las negociaciones orientadas a encontrar una real solución a la crisis política venezolana, conducidas entre el régimen de Nicolás Maduro y los sectores mayoritarios de la Asamblea Nacional, liderados por su presidente Juan Guaidó, con los buenos oficios del reino de Noruega. La ruptura de estas conversaciones ocurrió por el retiro de los negociadores oficialistas con la excusa de que lo hacían como respuesta al incremento del nivel de las sanciones económicas impuesto por Estados Unidos, el cual no tuvo mayores consecuencias, a pesar de que el régimen lo etiquetó como «un bloqueo». Los representantes del reino de Noruega hicieron consistentes esfuerzos para lograr su reincorporación sin lograrlo. Por su parte, los representantes opositores esperaron más de quince días el regreso del oficialismo hasta que decidieron dar por finalizada la negociación. Por ello es importante conocer, con detalle, lo ocurrido para poder determinar las responsabilidades de este nuevo fracaso.

Gerardo Blyde, uno de los negociadores de la oposición, aclaró en una entrevista radial en el programa de Román Lozinski, el lunes pasado, el nivel alcanzado en las negociaciones de Noruega: “A mi juicio, lo más importante para los venezolanos es que Maduro abandone el poder para poder ir a unas elecciones en condiciones justas y libres. Para lograrlo, se propuso reformar la Ley Electoral y constituir un gobierno de transición de unidad nacional que incluyera a todas las fuerzas políticas y a la propia Fuerza Armada. En este caso, Nicolás Maduro y Juan Guaidó abandonarían sus cargos. El oficialismo intentó agregar acuerdos adicionales a los pautados en la agenda demostrando que su único interés era lograr la suspensión de las sanciones impuestas por Estados Unidos…”. Es decir que, con la excusa del bloqueo norteamericano, el oficialismo decidió retirarse de las negociaciones al llegar las conversaciones a este punto fundamental que exigía una decisión definitiva. No le importó conocer que su permanencia en el poder incrementaría, aún más, la tragedia que viven los venezolanos.

El lunes pasado, los venezolanos fuimos sorprendidos con la noticia de que esa tarde se firmaría en la sede de la Cancillería venezolana un acuerdo entre el oficialismo y algunos partidos de oposición, en lo que se conoció como la “Mesa Nacional de Diálogo por la Paz”. Esos partidos son: Cambiemos, Soluciones, MAS, y Avanzada Progresista representados por Timoteo Zambrano, Claudio Fermín, Felipe Mujica y Luis Augusto Romero. El acuerdo se firmó con base en los siguientes puntos: reincorporación de los diputados del Gran Polo Patriótico a la Asamblea Nacional; designación de un nuevo Consejo Nacional Electoral; suficientes garantías para los próximos procesos electorales; enviar a la Comisión de la Verdad los expedientes de los presos políticos para que se estudien y a su criterio sean liberados; rechazar la aplicación de sanciones económicas contra Venezuela; canjear petróleo por alimentos, medicinas e insumos en concordancia con los mecanismos aplicados por las Naciones Unidas. Estos puntos exigen, si en verdad hay intención de cumplirlos, una mayor clarificación ya que en la forma en que fueron planteados no permiten una mínima garantía de cumplimiento.

El primer aspecto que resalta de la firma de estos acuerdos es su falta de representatividad parlamentaria. Al aceptarse que los diputados del Gran Polo Patriótico se reintegrarán a la Asamblea Nacional, se supone que ese será el escenario de discusión de la crisis política que afecta a Venezuela. De los cuatro partidos que firmaron, solo dos tienen representación parlamentaria: Cambiemos, 6 diputados y Avanzada Progresista, 2 diputados. El Gran Polo Patriótico, 50 diputados. Sumados no logran el quórum necesario, ya que el sector mayoritario de la oposición suma 112 diputados. De inmediato surgen otros interrogantes: ¿la designación del nuevo Consejo Nacional Electoral se hará por votación calificada de la Asamblea Nacional? ¿Será eso posible, sin el respaldo de los sectores mayoritarios de la oposición? ¿El Tribunal Supremo de Justicia declarará a la Asamblea Nacional fuera del supuesto desacato para que pueda cumplir sus funciones? ¿Qué ocurrirá con la asamblea nacional constituyente? ¿Se le permitirá regresar a todos los diputados presos y perseguidos? ¿Se puede aceptar que el estudio de los casos de los presos políticos a ser liberados lo realice la actual Comisión de la Verdad, la cual está formada exclusivamente por representantes del oficialismo? ¿Por qué razón no se aprobó en el acuerdo la representación proporcional de las minorías?

Estoy convencido de que el acuerdo recientemente firmado terminará en un nuevo fracaso al no poder obviar dos factores fundamentales de la crisis nacional: el tiempo y el empecinamiento de Nicolás Maduro de mantenerse en el poder aún a costa del sufrimiento de todo un pueblo. Venezuela necesita resolver, lo más rápido posible, la actual crisis política para poder iniciar su proceso de reconstrucción. Cada día que pasa la solución se hace más difícil. En estos veinte años de desgobierno chavista-madurista se ha destruido gran parte del esfuerzo de varias generaciones que aprovecharon las favorables condiciones de nuestro siglo XX para encaminar a Venezuela por la senda de la modernidad y el progreso. El gran obstáculo para encontrarle solución a la tragedia nacional es Nicolás Maduro. Eso hay que saberlo. Ensoberbecido como se encuentra, el mismo día de la firma del acuerdo trató de destruir las figuras de Juan Guaidó y Henri Falcón sin importarle que se estaba iniciando un supuesto proceso de distensión nacional. También creo que es posible regresar a las negociaciones de Oslo si se ratifican los puntos alcanzados en las conversaciones en Barbados. De no hacerse, Nicolás Maduro continuará conduciendo a nuestro pueblo por un doloroso camino de violencia y de pobreza. Esta realidad deben conocerla los venezolanos y los miembros de la Fuerza Armada Nacional.

 

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