Se avecina una revuelta popular, según un amigo mío, especialista en inteligencia y viajero incansable por los confines de nuestro territorio. Sin lugar a duda, sugiere, esta vez sería una auténtica manifestación, no manipulada por el castillismo y sus socios radicales, sino una genuina y espontánea. ¿Cuál sería la causa?, le pregunté. Él señala que la creciente negligencia de un gobierno ampliamente considerado como asesino y con un índice de desaprobación que ronda el 85%. Además, un Congreso plagado de “Mochasueldos” y lujosos bufés que supera el 90% de rechazo, y una serie de autoridades subnacionales que fomentan el odio hacia el establishment con el único objetivo de ocultar sus propias deficiencias y escándalos de corrupción.
Al mismo tiempo, los recientes movimientos en el complejo tablero político evidencian una preocupante profundización de la fragilidad tanto interna como externa del gobierno encabezado por Dina Boluarte. La retirada del respaldo por parte de ciertos aliados de la derecha y la lucha interna entre su primer ministro y su propio hermano Nicanor Boluarte (como señala acertadamente el periodista Hudtwalcker, resulta alarmante cómo hablamos con tanta naturalidad sobre el poder de su hermano), dejan a la presidenta en una posición de extrema vulnerabilidad.
Se rompe el equilibrio
«No sabemos qué va a pasar. Es un poco soberbio pensar que no habrá un adelanto o una crisis política y que las próximas elecciones se realizarán en 2026», dijo Keiko Fujimori en entrevista con Panorama. Tampoco descartó una eventual reforma para adelantar las elecciones: «Es algo que todavía está latente y no está archivado por completo. Es un proyecto de ley que se puede debatir en cualquier momento». En una semana, Keiko pide cambio de ministros, contradice a la presidenta sobre un eventual adelanto de elecciones e, incluso, manifiesta que la vacancia “es una medida que está en la constitución”.
Las razones detrás del cambio repentino de postura de Keiko no están claras. Hace apenas unos meses, la veíamos desfilando a la moda en su visita a Palacio de Gobierno. Podría tratarse de una estrategia prelectoral, una movida previa a los arreglos para la mesa directiva, o una ofensiva de cara a negociaciones con el Ejecutivo, entre otras interpretaciones posibles. Sin embargo, sea cual sea la explicación, deja en evidencia que no brinda ningún rédito político continuar respaldando a la presidenta. Este entendimiento también ha sido compartido por otros miembros de la derecha, provenientes de bancadas como Avanza País o Renovación Popular.
El gobierno de la presidente Boluarte, hasta ahora, se sustentaba en la legitimidad de su mandato constitucional y en el respaldo proveniente de los sectores respetuosos de la constitución. A pesar de ello, está experimentando una pérdida de apoyo significativa para un gobierno casi sin resortes de poder. Además, su administración, frágil y dividida, deberá enfrentarse a futuros desastres y crisis, como los inminentes Niño Costero (2023) y Niño Global (2024). Y las implicancias de estos fenómenos son múltiples y en diversos términos.
La legitimidad de origen, desprovista de apoyos y sin resultados tangibles en la práctica (legitimidad de ejercicio), se está desvaneciendo rápidamente. Se echará más fuego al caldo de la revuelta popular. Si la presidente pierde a la derecha congresal y este rechazo se alinea con el de la izquierda, el 2026 será solo un sueño mojado.
La implosión
Para las élites políticas no ha pasado nada. No parecen reconocer los impactantes sucesos que han sacudido al país en los últimos tiempos: siete presidentes en siete años, una pandemia, el gobierno destructor de Castillo y una insurrección violenta a finales del año pasado. Mientras tanto, en el Congreso, el festín continúa y, por su parte, la presidenta se muestra desesperada por promover maniobras legales con el único propósito de viajar. La población padece las consecuencias.
Mientras los políticos continúan su banquete caníbal, las perspectivas de crecimiento económico se desvanecen mes a mes. Nadie se ocupa de reconstruir el país ni de anticiparse a nuevas catástrofes. La gestión de las epidemias brilla por su ausencia. Los políticos, en lugar de actuar, solo se preocupan por acomodarse de cara a las elecciones o para su propio beneficio económico, debilitándose en su conjunto.
Mi amigo tiene toda la razón al señalar que se avecina un levantamiento popular, en consonancia con el completo deterioro del panorama político. Un gobierno inútil, junto a un Congreso plagado de corruptos, ¿cómo podrán afrontar los desafíos que se avecinan? Nuevamente, todo depende de ellos. Sin embargo, dadas las circunstancias actuales, me atrevo a presagiar el caos. Y en los escenarios políticos de América Latina, el caos se resuelve ya sea mediante el uso de tanquetas o a través de procesos constituyentes, o incluso ambos sin un orden determinado. ¿En serio van a continuar con lo mismo? Depende de las élites políticas que no, pero en todo este tiempo no nos han brindado las herramientas para esperar tranquilos.
¿Alguna solución ante tanto desconcierto? Una transición acordada, respaldada por un paquete de reformas consensuadas entre los dos poderes del Estado, y una anticipación de elecciones dentro de plazos razonables. Estas reformas pueden generar opiniones encontradas, como la controvertida reelección congresal.
Ha llegado el momento de encontrar soluciones por más impopulares que sean. Además, tampoco es que la clase política tenga mucho espacio para profundizar su impopularidad. El camino de las grandes propuestas es el único que puede parar el caos.
Artículo publicado en el diario El Reporte de Perú