En enero de 2019, Suramérica fue testigo de la inauguración de Jair Bolsonaro en Brasil y la autoproclamación de Juan Guaidó en Venezuela. Al mes siguiente, el canciller brasileño, en coordinación con Estados Unidos, Colombia y la oposición venezolana, llevó dos vehículos cargados de arroz, leche y medicinas de baja complejidad a la frontera entre Brasil y Venezuela bajo la narrativa de la ayuda humanitaria.

Fue el punto álgido del flujo migratorio de Venezuela a Brasil y la presión política de Brasil y sus aliados contra el régimen de Nicolás Maduro. Venezuela mantuvo la frontera cerrada por unos pocos miles de dólares y el efecto práctico de la operación fue nulo.

Dos años más tarde, la pandemia enfrió la presión migratoria, pero el flujo comercial en la frontera entre Pacaraima y Santa Elena de Uairén nunca ha sido más intenso. Este fenómeno es aún más sorprendente si se tiene en cuenta que el comercio intrarregional en América del Sur cerró el año 2020 en su peor nivel relativo desde la creación del Mercosur y que la fragmentación política entre los países de la región ha aumentado considerablemente.

En 2020, por primera vez en la historia, dos estados brasileños tenían en un solo país vecino el principal destino de sus exportaciones. No eran estados en la frontera sur con Argentina o en la frontera oeste con Perú. El año pasado, Roraima y Amazonas vendieron más a Venezuela que a cualquier otro país del mundo. Las otras 25 unidades de la federación del Brasil tenían como principal destino de sus exportaciones los países extrarregionales, 15 a China y 6 a Estados Unidos.

El estado de Roraima, que era el menor exportador de Brasil, multiplicó sus ventas al exterior más de 10 veces en 2 años, pasando de 15 millones en 2018 a 200 millones en 2020. Más de tres cuartos de todo lo que Roraima ha exportado en los últimos 2 años ha sido destinado exclusivamente a Venezuela. Esta cifra sería significativamente más alta si se considera el comercio fronterizo informal.  Ningún otro estado tiene tan concentradas las ventas al extranjero. En 2019, el PIB de Roraima creció 4,3%, mientras que el promedio brasileño se situó en 1,1%. El movimiento se intensificó en 2020.

La explicación, por supuesto, no está en el dinamismo económico de Venezuela. El PIB de Venezuela se ha desplomado en 70% desde 2013, el peor desempeño del mundo. Este es uno de los efectos secundarios de las sanciones económicas aplicadas por Estados Unidos contra el régimen de Nicolás Maduro y varias instituciones venezolanas. Se trata de uno de los frutos de la agenda positiva que se diseñó entre Brasil y Venezuela en los años noventa y 3 décadas de flujos migratorios, muy agudos en los últimos 5 años, que estimulan el comercio fronterizo.

La migración interna a Roraima fue estimulada por los gobiernos brasileños en el esfuerzo de ocupar la Amazonía. La mayoría de los migrantes procedían de zonas pobres del nordeste del Brasil, atraídos por la expansión de la minería durante el régimen militar (1964-1985). Bajo los gobiernos de Sarney (1985-1990) y Collor (1990-1992), la lucha contra el garimpo, como se conoce a la minería informal, generalmente de pequeña escala, durante los preparativos para la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo (Río-92), dio lugar a una ola migratoria de Roraima a Venezuela, acompañada de varios incidentes y masacres de indígenas. Un número importante de brasileños que habían ido a Venezuela emigraron de nuevo a Guyana y Suriname en busca de minas aisladas.

La reacción de los gobiernos de Itamar Franco (1992-1994) y Rafael Caldera (1994-1998) fue la construcción de una agenda positiva, el Protocolo de La Guzmania, articulado por el canciller Celso Amorim en 1994. Se trataba de un programa positivo y de integración entre los dos países. Este condujo a la pavimentación de importantes carreteras y a la interconexión de las centrales hidroeléctricas del Bajo Caroní y Boa Vista. En menos de una década, cientos de kilómetros de nuevas carreteras y redes de transmisión de energía integraron físicamente los dos países. Roraima comenzó a recibir electricidad venezolana, y Manaos, bañada por el río Amazonas, se unió a Puerto Ordaz, a orillas del Orinoco, por 1.580 Km. de carretera adecuada.

Las buenas relaciones políticas entre Lula da Silva (2003-2010) y Hugo Chávez (1999-2013) estimularon un aumento significativo del comercio bilateral entre Brasil y Venezuela, que pasó de 1.000 millones en 2003 a más de 6.000 millones en 2012.

Venezuela fue uno de los tres países del mundo con los que Brasil tuvo el mayor superávit comercial entre 2007 y 2012. El balance fue bastante favorable para Brasil. Sin embargo, la expansión comercial no fue acompañada de una integración productiva.

La crisis económica venezolana, la disminución del protagonismo regional de Brasil y el distanciamiento político entre ambos países hizo que el comercio bilateral se disminuyera muchísimo entre 2014 y 2018. Tanto los productos manufacturados de Sao Paulo como los agrícolas se transportaban por barco y el comercio formal en la frontera terrestre era insignificante.

Al comienzo del gobierno de Donald Trump (2017-2021), Estados Unidos amplió las sanciones económicas contra Venezuela. Si antes se centraban en individuos en la cumbre gubernamental, las sanciones llegaron a involucrar a varias instituciones económicas venezolanas y empresas de otras naciones que se relacionaban con el país. El buque que transportaba arroz desde Rio Grande do Sul o el sureste asiático a Venezuela no podía atracar posteriormente en Estados Unidos; las empresas que participaban en esta operación tendrían sus cuentas congeladas.

Las sanciones de Estados Unidos no lograron las consecuencias anunciadas: debilitar a Nicolás Maduro, fortalecer a Juan Guaidó y forzar una transición política. Al contrario. Aparentemente, Maduro tiene hoy más poder político interno que hace dos años. Antes, los recursos de las exportaciones venezolanas formales entraban a través del Banco Central, el tesoro venezolano o las subsidiarias de la empresa petrolera estatal y llegaban a las estructuras estatales formales. Ahora las exportaciones son informales y están gestionadas por estructuras paralelas asociadas al régimen, con mucha más discreción y discrecionalidad.

Son estas exportaciones informales las que garantizan las divisas para las importaciones de alimentos brasileños transportados por tierra en cantidades miles de veces superior a la ayuda humanitaria en febrero de 2019. El aumento significativo del flujo comercial entre los estados de Roraima y Amazonas hacia Venezuela en los últimos 24 meses solo fue posible gracias a la infraestructura previa y la no adhesión de Brasil a la política de sanciones económicas a Venezuela.

Además de Venezuela, Roraima limita con Guyana, el único país de América que tuvo un crecimiento económico en 2020. La falta de una infraestructura adecuada entre Boa Vista y la capital, Georgetown, ha impedido que Roraima y Brasil se asocien al reciente desarrollo de este país vecino.

Más allá de las cuestiones geopolíticas implicadas, el reciente dinamismo económico de la frontera entre Brasil y Venezuela muestra el potencial sin explotar del comercio intrarregional en América del Sur y la importancia de contar con una infraestructura adecuada. Se trata de una cuestión importante para el programa de recuperación del crecimiento pospandémico.


Pedro Silva Barros. Economista trabaja en el Instituto de Investigación Económica Aplicada (IPEA). Fue Director de Asuntos Económicos de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur). Doctor en Integración Latinoamericana por la Universidad de Sao Paulo (USP).

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