El pasado 22 de julio Roland Carreño cumplió 1.000 días de detención arbitraria. Como si eso no fuera suficiente, al alto nivel de la revolución bonita le dio por intervenir descaradamente en el desteñido y arbitrario proceso judicial en contra de Roland, con el propósito de poner en práctica la odiosa y perversa acción que conduce al “borrón y cuenta nueva”. Dicho en cristiano, la víctima de la oposición debe comenzar su enjuiciamiento partiendo de cero, algo inaudito, descarado y sin fuerza ni obligación.
Como es sabido, en octubre de 2020, tras abandonar la residencia del embajador de España en Venezuela, donde recibió protección, se concretó la fuga de Leopoldo López, figura emblemática de la oposición venezolana y muy cercana a Carreño. Molesto por la audaz acción del opositor -que le permitió trasladarse hasta España y reunirse con su esposa e hijos-, el régimen que encabeza Nicolás Maduro tomó la decisión de que Roland pagara por los platos rotos. Se trató de una venganza despiadada e injusta. Eso último es corroborado con el nuevo y arbitrario enjuiciamiento que ahora tendrá el periodista y popular presentador de otros tiempos.
Hay que resaltar que con dicha voltereta la dictadura puso de manifiesto, una vez más, el total irrespeto al Estado de derecho. En efecto, con su accionar, el conductor de Miraflores y su horda pasan por alto que en el artículo 3 de nuestra Constitución se señala expresamente lo siguiente:
El Estado tiene como fines esenciales la defensa y el desarrollo de la persona y el respeto a su dignidad, el ejercicio democrático de la voluntad popular, la construcción de una sociedad justa y amante de la paz, la promoción de la prosperidad y el bienestar del pueblo y la garantía de cumplimiento de los principios, derechos y deberes reconocidos y consagrados en esta Constitución.
No puede haber dudas sobre tan clara disposición. El Estado de derecho implica que todas las personas, incluidas las de más alto rango, están sujetas a la ley.
Lamentablemente, ese Estado de derecho sucumbe en el instante en que la dictadura es la que marca los pasos como le venga en gana. Esa, amigos lectores, es la realidad que hoy experimentan los venezolanos y que explica la perversa medida que afecta a Roland Carreño. Pero ni él ni nuestros compatriotas demócratas son tontos; ambos tienen conocimiento exacto y reflexivo de las cosas, así como de la forma en que se bate el cobre en estos tiempos de dictadura. Maduro y sus partidarios saben que toda acción que lleven a cabo debe ajustarse a la norma jurídica escrita. Como consecuencia de lo anterior, las decisiones de un órgano de gobierno han de estar sujetas a los procedimientos que la ley regula y guiadas por el respeto a los derechos.
De lo antes señalado se colige que, con ese “nuevo proceso”, a Roland Carreño se le están violando sus derechos más elementales, ratificando así su condición de víctima de la revolución que encabeza Nicolás Maduro. Entonces que nadie lo dude: en algún momento la justicia se impondrá en nuestro país y los que hoy maltratan deberán responder por sus abusos y faltas.