Con motivo del derrumbe del sistema de sanciones económicas implementado contra el régimen de Maduro, como consecuencia de la caída de la credibilidad de la oposición venezolana y sus actos de apoyo al sucesor de Chávez, sentándose en la mesa de negociación, cabe desarrollar un conjunto de reflexiones sobre las verdades que jamás serán negociadas.
En principio existen sobrados elementos de convicción que mantienen la vigencia sobre la principal denuncia contra Maduro: los crímenes de lesa humanidad.
Sobre la oposición, es importante destacar su papel en ayudar a desmantelar las sanciones económicas contra Maduro y lesionar en gran medida la percepción mundial en favor de potabilizar la imagen de este líder del PSUV en detrimento de los esfuerzos del sistema internacional de justicia por llevar una causa ante la CPI.
Sin duda la oposición que negocia con Maduro ha demostrado un altísimo nivel de ineptitud para liderar un pueblo guerrero dispuesto a luchar por su libertad; al contrario, han preferido la comodidad de la esclavitud, no sólo haciendo silencio ante Maduro sino incluso, algunos implorando participar en elecciones patrocinadas por Maduro como corderos al matadero.
Ciertamente Maduro celebra los contratos con Repsol , Chevron y ENI y otros que vienen en tránsito que han sido permitidos por la OFAC. Es el precio que pagamos los venezolanos por tener semejante oposición. Esto está sucediendo pese a que las evidencias de los crímenes de Maduro son sólidas y más que suficiente para mantenerlos sancionados y llevarlos ante la justicia.
La maquinaria de terror de Maduro es incuestionable, para muestra un botón, se trata de los miles de casos que hoy están siendo procesados ante la sala preliminar en la CPI que fueron recibidos por la VPRS, incluso lo más reciente, en sus propios camaradas reina el terror, se trata de los arrestos por el supuesto complot de corrupción, en donde los funcionarios de Maduro han asesinado a dos altos ejectivos de su gobierno bajo su custodia: Leoner Azuaje, de quien el fiscal revolucionario Tarek William Saab dijo fue un «lamentable suicidio», y el hacker Juan Almeida Morgado. Pero la lista probablemente crezca, ya que el régimen de Maduro es insaciable y tiene una reputación y amplio prontuario de asesinatos cometidos bajo custodia del Estado.
Finalmente, Maduro si algo no puede hacer es tapar el sol con un dedo. A continuación comparto una recopilación de datos obtenidos en medios y sitios web informados, sobre las actuaciones del régimen de Maduro, que le hacen merecedor de unos asientos en primera fila ante la Corte Penal Internacional. Es una información que todos conocemos, pero que se hace necesario insistir en su divulgación habida cuenta de que el mundo sigue cuestionándose sobre la veracidad de los hechos en Venezuela.
Espero que esta recopilación de datos sirva para sensibilizar a la comunidad internacional en el sentido de que adopten políticas para proteger a la sociedad venezolana, tomando en consideración que la población está emigrando para salvar sus vidas y merecen una oportunidad. El régimen de Maduro es todo lo que se dice y más, un régimen criminal señalado como responsable de delitos de lesa humanidad.
1.- CPI abre una investigación formal
El 3 de noviembre, al finiquitar una visita de tres días a Venezuela, el fiscal de la Corte Penal Internacional, Karim Khan, anunció que el organismo abriría una investigación formal por crímenes de lesa humanidad cometidos por las autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas y personas partidarias del gobierno, en el contexto de las protestas y represión ocurridas desde 2017.
En las protestas contra Maduro en el año 2017 fueron asesinados 130 manifestantes, producto del uso excesivo de las fuerzas de seguridad de Maduro y de la acción de los grupos paramilitares, colectivos, que fueron armados por el gobierno.
En las protestas contra Maduro del 2019 fueron asesinados 39 venezolanos.
2.- ONU señala al Estado venezolano como responsable de crímenes sistemáticos
La Misión Internacional a la que la ONU encargó investigar la situación de derechos humanos en Venezuela concluyó que Nicolás Maduro y sus ministros del Interior y Defensa están involucrados en graves crímenes cometidos por las Fuerzas de seguridad del país.
“La Misión encontró motivos razonables para creer que las autoridades y las fuerzas de seguridad venezolanas han planificado y ejecutado desde 2014 graves violaciones de los derechos humanos, algunas de las cuales – incluidas las ejecuciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura – constituyen crímenes de lesa humanidad”, dijo Marta Valiñas, presidenta de la Misión.
La Misión hizo seguimiento a 223 casos, de los cuales 48 se incluyen dentro de investigaciones íntegras dentro del informe. También estudió otros 2.891 casos para reconocer los patrones de violaciones y crímenes como ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura. “Lejos de ser actos aislados, estos crímenes se coordinaron y cometieron de conformidad con las políticas del Estado, con el conocimiento o el apoyo directo de los comandantes y los altos funcionarios del gobierno”.
La Misión investigó la represión selectiva de los servicios de inteligencia como el Sebin y la Dgcim, donde el objetivo del primero es la oposición y activistas de derechos humanos, mientras que el segundo busca al personal militar y a civiles asociados. Sus víctimas fueron sometidas a “violencia sexual, incluyendo violaciones sexuales con partes del cuerpo u objetos y amenazas de violación sexual a la persona detenida o a sus seres queridos, desnudez forzada, así como palizas y descargas eléctricas en los genitales”.
3.- Desapariciones forzadas
Las detenciones secretas, conocidas legalmente como “desapariciones forzadas” forman parte central en los esfuerzos cada vez más autoritarios del gobierno venezolano para intervenir a su población, desalentar a la disidencia y castigar a sus oponentes.
El Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) contabilizó en 2021 un total de 1.634 personas desaparecidas o implicadas en la presunción de muerte no confirmada por ausencia de un cadáver.
Venezuela registró 1.370 desapariciones en 2022, 16% menos que el año anterior -cuando se computaron 1.634-, lo que representa un promedio de 4 personas desaparecidas por día, informó este jueves el Observatorio Venezolano de Violencia (OVV) en la presentación de su informe anual.
«Tenemos una tasa de desapariciones importante en el país (…) desaparecen cada día 3,75 personas, podemos decir que casi cuatro personas al día, de pronto, desaparecen, no se sabe dónde están», señaló el director de la ONG, Roberto Briceño-León.
Las desapariciones forzadas son consideradas como un crimen contra la humanidad bajo el derecho internacional si se comprueba que suceden de manera sistemática.
4.- Ejecuciones extrajudiciales
El caso Oscar Pérez es el caso de ejecución extrajudicial más conocido, pero es una práctica extendida en el uso de los organismos de seguridad de Maduro.
La misión de la ONU investigó de manera profunda 16 casos de operativos realizados por las fuerzas de seguridad del Estado que dieron lugar a 53 ejecuciones extrajudiciales, así como 2.552 casos donde los organismos de seguridad mataron a 5.094 personas.
El documento ampliado de la Misión de la ONU retrata a la Policía científica y a las FAES de la policía nacional como grupos de extermino, responsables del 59% de las muertes en el periodo analizado (2014-2019), y autores de ejecuciones extrajudiciales.
Amnistía Internacional documentó seis ejecuciones extrajudiciales a manos de las FAES en varias localidades del país. Las seis víctimas eran hombres jóvenes a quienes las autoridades presentaron públicamente como muertos en enfrentamiento con las FAES. Esta fuerza pública manipuló las escenas de crimen, y pintó a las víctimas como delincuentes, refiriendo que varios de ellos tenían antecedentes penales en un intento de justificar las muertes.
Dice el reporte que el día 24 más de 20 integrantes de las FAES, fuertemente armados y en su mayoría encapuchados, allanaron ilegalmente la casa de los Ramos Suárez y sometieron a malos tratos a los 10 miembros de la familia que se encontraban ahí, de los cuales 6 eran niños. Tras ubicar a Luis Enrique a través de su apodo, lo obligaron a arrodillarse en medio de la sala mientras que un funcionario le tomaba fotos y otros lo golpeaban.
Encerraron a los demás miembros de la familia en diferentes cuartos de la casa, les amenazaron y les golpearon en distintas partes del cuerpo. Posteriormente, retiraron a su familia a la fuerza y les trasladaron en un convoy de la PNB hasta un lugar a dos kilómetros de la casa. Minutos después, dispararon a Luis Enrique dos veces en el pecho. Murió inmediatamente.
Según los testimonios recabados, tras ejecutar a Luis Enrique, oficiales de las FAES dispararon dentro de la casa para simular un enfrentamiento. Además de fabricar evidencia, manipularon la escena del crimen, arrastrando el cadáver hasta un vehículo en el que fue finalmente trasladado a la morgue, violando así los protocolos mínimos de investigación penal.
5.- Torturas inenarrables a los presos políticos
Según oficinas de derechos humanos, en Venezuela desde 2014 se han registrado 15.777 «detenciones políticas» y más de 9.000 personas siguen con medidas restrictivas en Venezuela. El último reporte indica que 119 son civiles y 150 militares.
Los presos políticos son sometidos a torturas indescriptibles, un caso conocido fue el del politólogo Vasco Da Costa, quien en entrevista con VOA hizo un recuento de algunas de las dolencias que le dejó la cárcel: cáncer de ojo, una celulitis que casi le cuesta una pierna y el agravamiento de su hipertensión.
Las enfermedades no se comparan con lo que, según dice, se las causó: las torturas, que define como “algo brutalmente espantoso”.
Da Costa detalla cómo hombres, que a su juicio eran especialistas, tomaban su pie y lo golpeaban con una “mandarria”.
“Fue una tortura prolongada durante muchos días después que me agarraron, te golpean mucho en el pie, lo que te enloquece, en las plantas de los pies. Ellos tienen una técnica, creo que es cubana, la planta de los pies tiene terminaciones nerviosas y sientes que todo el cuerpo se te desmiembra, es una cosa terrible”, puntualizó Da Costa.
“Te golpean, a mí me metieron boca abajo en un pozo de agua, casi me muero, te asfixian con una bolsa y ponen una especie de pinchos en las tetillas y te dan electricidad, a mi me reventaron todo el ojo”, expuso.
El cáncer de ojo, sostuvo Da Costa, fue consecuencia de los golpes recibidos y alegó que cuando solicitaba atención médica, la respuesta eran más golpes.
“Lo que hacían era darme con un bate en el estómago para evacuar, metían mi evacuación dentro de una bolsa de cuero en la pared. Buscaban excremento de otro y te dejan ahí y te sacan cuando ya te hayas curado. Uno se doblega frente a esas cosas”, declaró.
“Al doctor Marulanda le reventaron las manos y se las destrozaron, a ciertos militares les reventaron las piernas y a mí me reventaron los ojos porque yo estudio. Es metódico, es sistemático, es hecho con una programación para hacerte daño”, afirmó.
“Una cosa horrible, espantosa… la sazón carcelaria. La cárcel va haciendo que con ese proceso de alimentación te vayas deteriorando físicamente, cuando llegué a la cárcel nunca había tenido una caries en mi vida. No solamente se me han malogrado los dientes, sino que se me cayeron”, contó Da Costa.
En el 2018, el activista fue acusado de presunta traición a la patria, instigación a la rebelión y sustracción de objetos pertenecientes a la Fuerza Armada Nacional.
Vasco da Costa murió en Caracas de un accidente cerebrovascular el 13 de agosto de 2022 después de estar varios días en coma.
6.- Presos políticos muertos en custodia del Estado.
En Venezuela, desde el 2015, once personas consideradas presos políticos han muerto bajo custodia del Estado, en algunos casos, en medio de circunstancias aún no esclarecidas para sus familiares y abogados.
Algunos casos conocidos son los de Rodolfo Pedro González quien murió en la celda que ocupaba en “La Tumba”, como se conoce a una de las sedes del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) en Caracas.
El teniente Rafael Arreaza Soto murió el 30 de noviembre de 2017, a los 28 años, tras recibir dos disparos, uno en una pierna y el otro en el abdomen, durante un presunto intento de fuga cuando, junto a otros prisioneros, era trasladado de la cárcel militar de Ramo Verde a tribunales militares.
Fernando Albán fue un concejal del partido Primero Justicia detenido el 5 de octubre de octubre de 2018. Murió 3 días después, el 8 de octubre de 2018, mientras se encontraba en custodia de agentes del Sebin, en “la Tumba”, en Caracas.
Nelson Martínez, exministro de Petróleo, murió por “complicaciones de salud” el 12 de diciembre de 2018, un día después de que un tribunal ordenó su traslado al Hospital Militar, “cuando el deterioro de su salud era irreversible”, de acuerdo con Foro Penal.
Rafael Acosta Arévalo, quien fue un capitán de corbeta de la Fuerza Armada Nacional (FAN), detenido forzosamente el 21 de junio de 2019 por efectivos de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), por supuestamente participar en un presunto intento de magnicidio y golpe de Estado contra Maduro.
Defensores de derechos fundamentales denunciaron que el capitán Acosta fue trasladado a tribunales en silla de ruedas, presentando graves signos de tortura (fractura de tabique nasal, costillas fracturadas, fractura en pie, hematomas en muslos y escoriación en codos). De acuerdo con la versión, no hablaba, pero pedía auxilio a su abogado y el juez ordenó trasladarlo a un centro asistencial, donde falleció el 29 de junio de 2019.
Salvador Franco. Fue un indígena de la etnia pemón que trabajaba como artesano y guía turístico. Fue detenido el 30 de diciembre de 2019, acusado de estar vinculado con el asalto y la sustracción de armamento de una instalación militar en el estado Bolívar, en el sur de Venezuela.
Aunque en noviembre del 2020 un tribunal ordenó trasladarlo para que fuera sometido a una revisión médica, Franco nunca fue atendido.
General Isaías Baduel, fue detenido en 2009 y sentenciado a más de 8 años de cárcel, acusado de varios delitos, entre ellos enriquecimiento ilícito. En 2015 salió de la cárcel, pero volvió en 2017 por presuntamente haber violado su libertad condicional y posteriormente se le imputaron nuevos delitos. Defensores de derechos fundamentales insisten en que su encarcelamiento fue por “motivaciones políticas”.
Murió el 12 de octubre de 2021, según el Ministerio Público (MP), de un paro “cardiorrespiratorio producto del COVID-19, mientras se le aplicaban los cuidados médicos correspondientes y recibido la primera dosis de la vacuna”.
Impunidad
Las violaciones de derechos humanos quedaban impunes. Los informes de la Misión de Determinación de los Hechos destacaron la manipulación del sistema judicial para proteger de la justicia a los agentes de policía y de las fuerzas armadas responsables de esas violaciones.
Venezuela pidió que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional aplazara la investigación aduciendo que las autoridades del país ya estaban indagando a nivel nacional sobre las violaciones de derechos humanos y los crímenes de derecho internacional. Sin embargo, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional solicitó reanudar su investigación alegando que Venezuela no había aportado información adicional sobre la medida en que los procedimientos internos del país cumplían las normas del Estatuto de Roma de la CPI y cuestionando la autenticidad de los procedimientos que Venezuela le había notificado. La decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI sobre la posible continuación de la investigación seguía pendiente al finalizar el año, si bien la Sala había invitado a las víctimas a presentar sus observaciones —no más tarde de marzo de 2023— en relación con las investigaciones que Venezuela alegaba haber llevado a cabo.
8.- Apertura de investigación en la CPI
La apertura de una investigación formal por crímenes cometidos por funcionarios gubernamentales e individuos a favor del gobierno, incluyendo encarcelamiento arbitrario, violencia sexual, tortura y persecución por motivos políticos, es un paso importante en la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familias. Venezuela es el primer país en América Latina en ser sujeto a una investigación formal de la CPI, y esto representa un hito en el esfuerzo por combatir la impunidad por graves violaciones de derechos humanos en Venezuela y todo el hemisferio.
El anuncio por la Oficina del Fiscal ocurrió luego de años de perseverancia de personas víctimas y defensoras de derechos humanos, quienes han enfrentado un alto riesgo frente a la represión violenta. Sin duda una solución a la crisis venezolana no será posible sin respetar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia, las reparaciones, la reforma judicial y la garantía de no repetición.
Es todo por esta semana, nos leemos en una próxima ocasión en El Nacional. Les comparto un video producido con motivo de este artículo, imágenes fuertes, se recomienda su moderación.
@estebanoria