Vestida con un uniforme orlado de condecoraciones y ungida con el destacado cargo de jefe del Comando Sur del país más poderoso del planeta, la Sra. Laura Richardson no puede permitirse el lujo de ser ni vaga ni ambigua en sus declaraciones. Sobre todo, cuando se refiere a temas de interés esencial para su país. Así que no es necesario interpretar ni leer entre líneas sobre lo que esta general de las Fuerzas Armadas de  Estados Unidos le declaró a Infobae en torno a temas que nos tocan a los venezolanos bien de cerca.

Los inequívocos planteamientos de esta alta funcionaria deben hacernos reflexionar sobre las posibilidades de que las conversaciones con Estados Unidos que estarían siendo retomadas en Trinidad pueda conducir, dentro del interés de Washington, a algo distinto a la instauración de un régimen democrático en nuestro país por una vía creíble y confiable.

Sus afirmaciones no pudieron ser más claras cuando se refirió a la relación del régimen venezolano actual con el tráfico de narcóticos que afecta a su país y al mundo: “La corrupción es endémica en Venezuela, y el régimen participa activamente en el narcotráfico y da cobijo a grupos terroristas regionales como el ELN y las disidencias de las FARC. …La mayoría de los vuelos sospechosos de traficar con drogas hacia México y Centroamérica parten de los estados venezolanos fronterizos con Colombia, principalmente Zulia. Los envíos marítimos de cocaína procedentes de Venezuela transitan por el Caribe y el Atlántico en ruta hacia Estados Unidos y Europa”.

Al mismo tiempo Richardson dejó clara cuál ha sido la relevancia que este tema tiene para su país y de cuál manera Estados Unidos han actuado en contra de quienes impulsan y se lucran de este criminal negocio: “El régimen de Maduro no ha hecho ningún esfuerzo significativo para combatir la actividad ilegal de las drogas ni para perseguir a los funcionarios corruptos o a los presuntos narcotraficantes, incluidos los sancionados por el gobierno de Estados Unidos. En 2020, Estados Unidos anunció cargos penales contra Maduro y miembros de su círculo íntimo por participar en una conspiración narcoterrorista, conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y cargos relacionados con armas de fuego”.

La general de cuatro estrellas fue aún más lapidaria cuando aseguró  que la participación en este criminal negocio “recorre todos los escalafones del régimen de Maduro”.

Cabe entonces preguntarse -si uno tiene clara la significación del sacrosanto principio de la “división de poderes” en  el gran país del Norte- cuánta capacidad de maniobra tienen los funcionarios que se sienten en la mesa con los maduristas para obviar sanciones de carácter personal que están siguiendo un curso en los tribunales y fiscalía norteamericanos o incluso para divorciarse de este posicionamiento crítico, sólido, inequívoco e irrefutable emitido por una representante de este calibre del sector militar norteamericano.

Quienes desde la oposición venezolana escriben cartas al presidente  de Estados Unidos deberían tomar en cuenta estas realidades que van bastante más allá de lo económico. También las empresas que presionan a un conveniente acercamiento petrolero que buscan aumentar un volumen de crudo venezolano en el mercado internacional deberían incluirlo dentro sus elementos de juicio.


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