El manejo acertado y oportuno de los tiempos es clave en la política, en algunos casos puede ser el factor decisivo para tener éxito o fracasar en el intento.
En la actual situación política venezolana, quienes gobiernan siguen teniendo la fuerza y sobre todo la voluntad para imponer la agenda y los tiempos; a despecho de que la mayoría social los desea fuera del poder.
Con relación a los comicios presidenciales, que de acuerdo con la legalidad vigente deben efectuarse en el último trimestre del 2024, el chavismo consciente de que si las fuerzas democráticas logran un acuerdo unitario lo suficientemente amplio, sólido, sostenible y escogen el candidato presidencial en primarias abiertas, para lo cual necesitan algo de tiempo, sus planes continuistas pueden frustrarse, así que amenaza con adelantar las presidenciales e incluso convertirlas en megaelecciones al incorporar los niveles regional y municipal. A ese escenario esbozado por Maduro, la semana pasada el vicepresidente del PSUV (siempre buscando ejercer el rol del policía malo) habló de adelantar los comicios a marzo de 2023.
En definitiva la calidad democrática del venidero proceso electoral sufre una nueva amenaza que pone en riesgo su competitividad real, situación que de concretarse desestimularía la participación ciudadana sentando las condiciones para que el escenario de 2018 se repita.
Ante tal situación las fuerzas democráticas deben responder y actuar para evitarlo o neutralizarlo tomando las medidas del caso. En primer lugar denunciar por antidemocrático e ilegal cualquier adelanto o modificación arbitraria del calendario. En segundo lugar, prepararse política y organizativamente para afrontarlo con éxito.
Lo procedente en esa dirección es acelerar en los acuerdos, las gestiones destinadas a concretar la conformación de la coalición unitaria de amplia convocatoria y participación nacional para confrontar al régimen. También superar el retraso existente en cuanto a la fecha de realización de las primarias abiertas, designar cuanto antes, vista la maniobra anunciada por el oficialismo en materia de calendario, la comisión electoral rectora del proceso.
El retraso existente en todos esos asuntos se origina, seguramente, en la ausencia de los acuerdos necesarios al respecto en el seno de la dirigencia. Dilación que no vacilamos en considerar imprudente y de un alto riesgo para la causa democrática de cara a las elecciones presidenciales.
La reiterada dificultad para llegar a los acuerdos exigidos por la situación política envía una señal nefasta a la ciudadanía, a los aliados internacionales, a los poderes fácticos cuyo acuerdo es indispensable para una transición hacia la democracia y la posterior reconstrucción del país.
Es hora, en realidad hace tiempo debió ocurrir, de que se priorice el interés colectivo del país cual es la superación del statu quo imperante por encima de los proyectos personales, corporativos, ideológicos. En definitiva, priorizar lo que une, no lo que separa.
Una victoria del chavismo en unas elecciones presidenciales en las cuales participase la oposición democrática tendría consecuencias nefastas para el Estado y la sociedad. La profundización irremediable de la crisis humanitaria compleja y la definitiva conversión, por cuánto tiempo es difícil de calcular, del Estado en uno forajido serían las principales consecuencias.
La dirigencia democrática tiene una deuda con los venezolanos: construir un proyecto cambio que represente los deseos de cambio reiteradamente expresados por la mayoría social de la nación. Hacemos votos para que en está ocasión prive la sensatez y el compromiso con Venezuela.