Al 7 de abril de 2020, la Organización Mundial de la Salud documentó la existencia en todo el planeta de 1.282.931 casos confirmados de covid-19, con 72.774 muertes como resultado de los contagios. En las Américas, la Organización Panamericana de la Salud reseña que existen a esa misma fecha 417.416 casos confirmados y 12.597 muertes como resultado del virus. Esta pandemia global se está convirtiendo en la crisis más importante que el mundo ha enfrentado en los últimos tiempos, y probablemente marcará un antes y un después en cómo operamos como sociedades.
La pandemia también ha puesto presiones importantes en los gobiernos de la región, especialmente en sus sistemas de salud pública y protección social. Los gobiernos han variado en sus respuestas. Desde garantizar que los alimentos y medicamentos estén disponibles para las personas, la provisión de créditos especiales a las compañías para garantizar el pago de salarios, la congelación de los pagos por servicios básicos y la prohibición de la suspensión de estos servicios por falta de pago a los proveedores, aumentos en el gasto social a través de la expansión de transferencias monetarias directas a hogares sin salarios o familias en pobreza, así como la entrega de paquetes de alimentos a familias y estudiantes que solo en las escuelas tenían acceso a alimentos adecuados. Estas son solo algunas de las medidas que los países de las Américas han venido implementando para responder a los retos asociados con la pandemia.
Sin embargo, esta crisis, como en todas las catástrofes, tiende a afectar de forma más acentuada a las personas que ya se encuentran en situación de vulnerabilidad. Y es que en la región más desigual del planeta, este tipo de situaciones tiende a exacerbar las diferencias, y exponen a unas personas más que otras a una mayor exclusión y vulneración de derechos.
Para contribuir con los países de la región en estas respuestas, esta semana la Organización de los Estados Americanos lanzó la Guía Práctica de Respuestas Inclusivas y con Enfoque de Derechos ante el covid-19 en las Américas, en el entendido de que en un hemisferio marcado por la desigualdad, las afectaciones en el derecho a la salud, y en todas las esferas de los derechos humanos, impactan de manera más acentuada y diferenciada a las personas en situación de vulnerabilidad. Es así que las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, afrodescendientes, los pueblos indígenas, las personas LGBTIQ, las personas desplazadas internas, migrantes, solicitantes de asilo y refugiadas, privadas de libertad, así como también la infancia y adolescencia, y todas aquellas en situación de pobreza y pobreza extrema, requieren ser priorizadas en las respuestas políticas, las cuales deben adecuarse a los retos específicos que enfrentan en medio de una pandemia como la que estamos enfrentando.
La Guía Práctica de la OEA dedica una sección a cada población, mapeando retos particulares y recomendaciones, pero no deja de lado un concepto clave al pensar en las respuestas, a saber: la interseccionalidad, es decir, el cruce de múltiples ejes de desigualdad y estigmatización de la diferencia —económica, política, cultural, bio-psico-social, racial, de género, de etnia, identidades y experiencias— que cuando se intersectan en contextos históricos específicos producen afectaciones únicas a las personas.
Los principios de igualdad y no discriminación son centrales también a las propuestas que ofrece esta Guía Práctica de la OEA. En el abordaje de esta crisis es vital garantizar el acceso al derecho a la salud, y a todos los otros derechos establecidos en los instrumentos jurídicos internacionales e interamericanos, y que se han visto afectados por la crisis del covid-19, a toda la población sin diferencias de trato basadas en factores expresamente vedados y discriminatorios, tales como la raza, la etnia, el género, la religión o el origen social, condiciones bio-psico-sociales, o por razones asociadas a la desigual distribución de recursos y oportunidades.
En los tiempos de fake news y desinformación, esta pandemia del covid-19 también genera otros retos. El poder contar con información estadística confiable y actualizada sobre la pandemia (casos confirmados, casos en observación, fallecidos) es esencial para eliminar o reducir la posibilidad de que sean la desinformación o las noticias falsas las que informen a la ciudadanía. Tal como recomienda este documento de la OEA, para un mejor manejo por parte de los Estados de esta crisis, es importante que las personas tengan conocimiento y estén informadas de la gravedad de la situación, de las medidas que se están adoptando y de las medidas de prevención que deben tomar, y que esta información sea accesible para todas las personas sin distinción, incluyendo las personas con discapacidad, pueblos indígenas, personas mayores, entre otros.
Como dijo recientemente el secretario general de la OEA, Luis Almagro, de esta crisis no podemos emerger “ni menos democráticos, ni la gente con menos derechos”. Aprovechemos la coyuntura actual que provoca la pandemia del covid-19 para aprender cómo ser aún más solidarios, para ayudar a los que más lo necesitan, y para fortalecer las capacidades de los gobiernos para transformar estas desigualdades y llevar más derechos a más personas en las Américas.
* Las opiniones expresadas en este artículo son personales. No representan a la Organización de los Estados Americanos