Con motivo del LVII aniversario de la firma de Acuerdo de Ginebra, el gobierno de la República Cooperativa de Guyana, el pasado 17 de febrero, en una ominosa e infame Declaración de Prensa en contra de nuestro país, en la cual al terminar cínicamente nos llama “hermano”, no sabemos por qué, puesto que no fuimos descubiertos ni colonizados por los ingleses, sino más bien saqueados por sus corsarios y despojados de nuestro territorio Esequibo, manipula el propósito y espíritu del Acuerdo, fundamentado en una solución práctica y satisfactoria.
El 17 de febrero de 1966, Venezuela, a solicitud de Inglaterra, aceptó que la colonia inglesa de Guyana, sin ser un país independiente, sin tener la cualidad necesaria para suscribir compromisos internacionales, firmara el Acuerdo ginebrino. Tampoco es cierto, como afirma la excolonia, que el reclamo de Venezuela sea “infundado” porque el solo hecho de que el gobierno inglés conviniera en el seno de la Asamblea de las Naciones Unidas en ir a unas negociaciones era aceptar que había una legítima controversia. En consecuencia, no puede ser infundada nuestra reclamación. Continúa mintiendo el gobierno guyanés al cuestionar que Venezuela considere nulo e írrito el Laudo de París de 1899; posiblemente ese fue uno de los errores estratégicos del gobierno de aquel momento, no acudir a una instancia internacional que verificara y ratificara las afirmaciones de Venezuela. El país en aquel momento era altamente respetado y considerado, al haber derrotado una dictadura, era un ejemplo para las democracias, fundador de la OPEP y uno de los grandes productores de petróleo a nivel mundial. Tan es cierto que Inglaterra y Guyana se negaban a esta vía, razón por la cual el canciller Iribarren recurrió al Art. 33 de la Carta de San Francisco.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Guyana flagrantemente miente al afirmar que Venezuela fue un obstáculo para la independencia de la Guyana como colonia, cuando Venezuela, además de haber liderado la independencia de cinco repúblicas latinoamericanas, apoyó los movimientos descolonizadores en el Caribe y África. Si eso hubiera sido cierto, con solo invocar el Art. 146 de la Carta de Bogotá (OEA) hubiera impedido que Guyana ingresara a la OEA. El artículo advierte: “El Consejo Permanente no formulará ninguna recomendación ni la Asamblea General tomará decisión alguna sobre la solicitud de admisión presentada por una entidad política cuyo territorio esté sujeto, total o parcialmente y con anterioridad a la fecha del 18 de diciembre de 1964, fijada por la Primera Conferencia Interamericana Extraordinaria, a litigio o reclamación entre un país extra continental y uno o más Estados miembros de la Organización”- Triste afirmación de la Cancillería guyanesa que linda con la prevaricación.
La afirmación de Guyana de que la controversia se encuentra en la CIJ con la aprobación de la comunidad internacional es una alegre interpretación del propio Estatuto y Reglamento del Alto Tribunal, al desconocer: primero, el objetivo y propósito del Acuerdo de Ginebra de una solución práctica y satisfactoria, debido a que la vía jurisdiccional no cumple con estos propósitos; segundo, los secretarios generales se excedieron en sus funciones al remitir la controversia en forma inconsulta a la Corte, desconociendo la voluntad soberana de Venezuela. Los secretarios generales no pueden constituirse en Parte en procesos contenciosos ante la Corte, ni siquiera por la vía consultiva pues no es un órgano autorizado para solicitar una opinión consultiva al tribunal. Para ello tendría que solicitar o plantear el asunto a la Asamblea General, lo que sería un proceso sumamente complicado y arriesgado para su persona como Secretario General / ONU.
Otro punto igualmente crítico son la entregas de concesiones a las petroleras. Efectivamente el Acuerdo no impone obligación alguna a Guyana de abstenerse de realizar actividades de desarrollo; pero lo que no toma en cuenta es que el Art V/2 establece que ninguna actividad en la zona en reclamación, otorga derechos de soberanía.
Como comentarista en esta columna, como presidente del Colegio de Internacionalistas de Venezuela, pregunto entonces al honorable señor ministro de Relaciones Exteriores de Guyana, ¿bajo qué derecho su gobierno reparte concesiones atentando contra el ecosistema, mediante acciones depredadoras del medio físico, al contaminar, talar y devastar las extensas zonas que representan un pulmón para la humanidad; así como la entrega de esta zona que está en litigio y pone en riego las inversiones de estas empresas, ante una segura decisión de la CIJ a favor de Venezuela, al no tener Guyana títulos históricos que demuestren sus derechos en el Esequibo, le pregunto con todas las consideraciones, señor ministro?