Por razones de mi trabajo en el Banco Central de Venezuela debí viajar con regularidad al exterior. Esa circunstancia me permitió conocer numerosos países, sus culturas, evolución política y desarrollo económico. No eran para nada traslados de placer sino de trabajo intenso que, en ocasiones, me obligaban a estar fuera por lapsos de varias semanas. Uno de los muchos aspectos positivos de esa experiencia fue que aprendí a valorar y querer a esta tierra por su belleza, riquezas naturales, bonhomía de su gente y su democracia abierta, no obstante las falencias que exhibía.
Hoy, a pesar de los descalabros ocasionados por la dictadura roja y de tener repartida a mi descendencia por varios lugares de América, me mantengo firme aquí, acompañado por mi esposa, luchando con tesón por el retorno de la democracia a esta Tierra de Gracia con el principal instrumento de que dispongo: la palabra escrita.
Por la experiencia que vivo con mis hijos, nietos y yernos -quienes residen afuera sin más contratiempos que los que derivan de las restricciones que son impuestas por la pandemia, pero que mañana podrían tomar la decisión de regresar si llegaren a confrontar problemas extremos-, me duelen profundamente las medidas que ahora ha puesto en práctica la dictadura contra los emigrantes venezolanos que retornan al país. Precisemos eso en sus detalles.
Como ya se sabe, la dictadura estableció en los pasos fronterizos puntos de control y medidas especiales que se aplican a los connacionales que vuelven. Allí les hacen las pruebas para descartar el contagio de COVID-19 y luego los trasladan a incómodos centros de aislamientos, en donde deben pasar dos semanas. Las quejas y denuncias que se han hecho sobre estos lugares son pavorosas: no se recibe una alimentación adecuada, presentan deficiencias en el suministro de agua, dan un trato ominoso y, en algunos casos, las personas pasan más del tiempo estipulado en el aislamiento.
Lo más retorcido de la acción anterior es que la misma cuenta con la “bendición” y aval de Numa Molina, sacerdote jesuita, doctor en Teología y fiel seguidor de la revolución bolivariana, quien envió por Twitter un mensaje nada religioso a sus seguidores, diciendo lo siguiente: “Un trochero infectado es un bioterrorista que te puede quitar la vida a ti y a tus seres más queridos. Entren por los pasos autorizados, bienvenidos a su patria pero sométanse a la cuarentena, no vengan a infectar a los venezolanos”.
Las expresiones de rechazo a la desafortunada proclama no se dejaron esperar y hasta la Compañía de Jesús en Venezuela desaprobó los términos peyorativos utilizados por el “religioso”, resaltando que su pronunciamiento ofendió la dignidad humana de los connacionales que vuelven en condiciones irregulares debido a los controles desmedidos impuestos por el régimen.
Es más que obvio que al cura “revolucionario” no se le aplicará la resplandeciente Ley Constitucional contra el Odio, por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia aprobada por la asamblea nacional constituyente, en virtud del principio revolucionario que dispone que “lo que es bueno para los opositores escuálidos no lo es para los partidarios de la ‘revolución bonita’”. Lo cierto es que, producto de las malas prácticas que se llevan a cabo en los puntos fronterizos de control, una gran cantidad de venezolanos que regresan por vía terrestre prefiere burlar el cerco epidemiológico e ingresar a través de pasajes alternos.
¿Cuál es entonces la solución a tan singular y delicado drama? Pues nada del otro mundo. Lo que se impone es poner en práctica un operativo que permita a esos compatriotas trasladarse hasta sus hogares con el compromiso de realizar allí la cuarentena. Estamos hablando de personas que para ese momento no han sido diagnosticados como portadores del virus.
No olvidemos que muchos venezolanos que atendían compromisos en el exterior al momento de cerrarse nuestras fronteras por el coronavirus o que sencillamente quieren volver, la están pasando mal porque el régimen no les permite el retorno. Quizás por razones de solidaridad revolucionaria, solo los gobernantes izquierdistas de España consiguieron que Maduro repatriara al primer grupo de venezolanos que estaba varado en el aeropuerto de Madrid.
Sin embargo, antes de abordar el avión, los pasajeros debieron presentar los resultados de la prueba Reacción en Cadena de la Polimerasa, la cual se hace para determinar si una persona está infectada o no con coronavirus. El examen en cuestión tiene un costo mínimo de 60 euros. Adicionalmente, solo 5% de los pasajeros fue eximido de pagar el boleto de regreso; el resto de las personas tuvo que cancelar 550 euros por el respectivo pasaje.
Lo anterior no fue todo. Según los medios de prensa nacional, a su arribo a Maiquetía, el pasado martes 21, los “afortunados” compatriotas tuvieron la opción de elegir –a pesar de haberse hecho la prueba ya indicada- el lugar de la cuarentena de dos semanas: el Centro Vacacional de Los Caracas, en el estado Vargas, o el Hotel Eurobuilding, ubicado cerca del aeropuerto. En el segundo caso tienen que pagar 90 dólares por noche ($1.260,00 por toda la estadía), con base en el principio revolucionario que establece que “business is business”.
Tan solo esperemos que no se ignore por más tiempo la dramática situación que viven los connacionales que se encuentran en otros países y aeropuertos del mundo. Gracias a la revolución “bonita”, regresar a Venezuela es una verdadera odisea.
@EddyReyes