UCV
Universidad Central de Venezuela. Foto: AFP

La nueva Ley de Educación Universitaria será inevitablemente promulgada, bien escondida y sujeta a una supuesta e invisible consulta; sus procedimientos están ocultos en la oscuridad para ser destinada a “legalizar los desafueros en contra de las universidades”. En estas, sus dirigentes tienen casi tres quinquenios, claro, critican la continuidad del régimen, y siguen en su afán de dirigir sus ruinas, soportan estoicamente la intervención administrativa, ya ni la nómina es de su responsabilidad autonómica. Aceptaron la desaparición de la meritocracia académica, ahora esa acción es más sofisticada cuando los esquiroles inventaron una nueva convención colectiva y se aplica una tabla salarial rasa y humillante a los denominados trabajadores universitarios. En una acción segmentaria olvidan todas las decisiones del régimen, de tal forma que las autoridades emiten comunicados de protesta por el recorte de los sueldos y salarios, ignorando que dicho recorte es sobre el vergonzoso salario que se devenga actualmente y que ha sido disminuido y humillante.

Las autoridades universitarias  sustentan sus pocas decisiones para enfrentar la intervención indirecta a la universidad y mantienen silencio y  no  dar la cara apoyados por un Consejo Universitario  afecto a las autoridades integrado por suplentes en su mayoría que fueron designados a dedo para poder actuar dentro de parámetros que le permiten a las autoridades escurrir el bulto ante los reclamos, especialmente la  entrega obligante de cuentas claras, como por ejemplo,  el haber asumido individualmente la administración de los fondos de Jubilados y Pensionados los cuales fueron allanados capturando unilateralmente todos sus recursos ejerciendo una administración cuestionable que nos dejaron sin los aportes financieros para contribuir a la seguridad social.

Ante los reclamos de los universitarios y presión de la comunidad formulan un reglamento electoral para llevar a cabo las elecciones universitarias, pero en realidad lo que han creado es un instrumento electoral que deja mucho que desear, en lo formal existen limitaciones y confusión en sus planteamientos, tiene mala redacción y restricciones legales las cuales están complementadas por un ejercicio numérico inútil. Lo denominan provisorio o temporal, lo que hace pensar que si aplicara en la elección de autoridades estas también serían temporales, pero en realidad lo que están haciendo es legitimar al régimen y a su órgano judicial cuya integración está cuestionada por violar la Constitución, y en este caso  particular, también viola la actual Ley de Universidades donde la direccionalidad se inspira en el poder central y las orientaciones del partido socialista marcando la pauta para provocar una igualdad académica insostenible y condicionante para elegir a las autoridades.

En otras palabras, todo el mundo debe votar, como decía una colega, es como un juego de pelota donde el manager no manda, sino que las decisiones las toman los mirones, peloteros, árbitros y los vendedores de cerveza, o en el caso de la bien amada por el régimen las “fuerzas del orden”, los altos mandos serían electos por la tropa. En cualquier caso, dicho reglamento es muy confuso, desconociendo la consulta que se hizo oportunamente, es decir, acoge, pero no acoge las directrices del tribunal, inventan fórmulas matemáticas para ponderar el peso de cada estrato, es decir, empleados, obreros, instructores, estudiantes y egresados.

Da la impresión de que el Consejo Universitario, en gestión acordada previamente, (sin votos salvados), lanzan un reglamento  electoral para que el régimen diga que no sirve y el resultado es que será rechazado y por tanto, las autoridades continuarán unos añitos más administrando solo los recursos de las iniciativas propias de la universidad, de los fondos sociales y de protección aportados por sus propios integrantes los cuales continuarán siendo administrados unilateral e individualmente sin presentar cuentas claras, y atesorándolos  con multitud de excusas.

Como opción y por si acaso, si el régimen deja pasar el reglamento (acción poco probable) será usado como excusa para una intervención como lo hicieron con otras universidades. Algunos piensan en la reelección o subir de puesto pensando que su gestión ha sido extraordinaria; tienen años con esa aspiración ignorando que la comunidad los ha evaluado por su mala praxis, y saben que a pesar de sus discursos de “cultura, paz y defensa de la pluralidad” tienen claro que son colaboracionistas y se han prestado para todo tipo de legitimación del régimen usando como argumento la supervivencia de la universidad. Por otro lado, es presumible que algunos profesores vinculados al régimen, culpables del desaguisado nacional que han estimulado acuerdos privados entre el régimen y las autoridades actuales formulen en una demostración de colaboración total  un equipo directivo “plural y democrático y amplio” que permita la concesión a una política de dominación que perfile la proyección de algunos de ellos aspirantes al ascenso y profundicen la colaboración adecuada con el régimen y perfeccionen su modelo político para la dominación de la universidad.

Escatológicamente expresado, a esas autoridades les ha faltado disposición y valor como lo han tenido los estudiantes para ir a elecciones o asumir una respetable renuncia, han usado de manera oportunista el argumento de la autonomía y la defensa del salario. El miedo es gratis y como precaución diplomática colaboran con el régimen, no vaya a ser que los afecten, y prefieren hacerlo para ocultar sus irregularidades; formalmente disimulan para mantenerse en los cargos, aspiran a continuar, dicen gestionar desde sus casas y asisten a los predios destruidos cuando hacen acto de presencia autoridades nacionales a los cuales por conveniencia atienden y chulean.

La intervención universitaria se ha ejecutado poco a poco, ya dejó de ser oculta, no es solo con la intervención administrativa, ahora imponen planes de estudio, obstruyen iniciativas curriculares, acabaron con la clasificación académica. Confiscaron centros de salud y de investigación los cuales destruyeron, incluyendo bibliotecas y material hipersensible; maquillan la vieja universidad para que su apariencia coincida con la estrategia de poner a Caracas “bonita”, que chévere dicen,  estamos mejorando y destacan que protegen al arte; pintan todo, despliegan luces multicolores, engañan a los cándidos que dicen que hay que ir a mirar la belleza del centro, el alumbrado de las autopistas, sus esculturas, y afirman sin rubor que  la economía se recompone y que todo va a mejorar con aumentos salariales, eso sí,  poco a poco y con dádivas a los alineados.

La economía se cae, la apariencia se impone: bodegones, tiendas, edificios ultramodernos, urbanizaciones que antes era de clase media son compradas a precio de gallina flaca, corren libremente los dólares del narcotráfico, el repele es para la plebe; la meritocracia está eliminada para imponer la igualdad protagónica; a la sazón, no  se tolera la protesta publica y escrita, tumban páginas electrónicas, no  dejan leer periódicos digitales, los archivos no abren, el que se revela lo detienen, no le dan chance de trabajar, estimulan a  que te vayas, los uniformados hacen su parte con la orden del día, en fin un caos de país. La denuncia se profundiza, pero ya la universidad no es igual, se estanca de manera determinante,

La vida universitaria del globo se desarrolla, nos deja atrás, se vincula con grandes desarrollos científicos, la investigación muta a las grandes redes académicas, se cambia el modelo hacia un entorno de futuro, y la universidad venezolana, retrocediendo a las cavernas, su comunidad está viviendo en la pobreza, descapitalizada y asustada, rogando no enfermarse porque su seguridad social desapareció y no  pueden pagar los costos de una enfermedad grave, por lo tanto, su inesperada aparición es el aviso seguro de entrar a la eternidad.

Mientras esto ocurre, los acomodados del sistema gritan, viva la pobreza porque con ella y sin educación es mejor gobernar.


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