Menguado sentido del derecho tiene quienes piensan que al izarse la enseña de la Independencia al otro lado del Esequibo, debe arriarse de esta otra parte la bandera de nuestra justa reclamación. Ello equivaldría a admitir que por el hecho de que en la margen derecha del Esequibo llega a feliz término el proceso de descolonización, ha de quedar en la margen izquierda consagrada para siempre la atroz injusticia del Colonialismo…
Dr. Ignacio Iribarren Borges, 1965
El artículo «¿Regalaron el Esequibo?» de 11 de noviembre de 2023, culminaba indicando las razones que explican la nulidad del Laudo Arbitral de Paris de 1899. Básicamente, el Laudo Arbitral no considera el mapa original que indica los limites entre Venezuela y el territorio de la entonces colonia británica. Es así como, el siglo XX abre un período de reclamaciones de Venezuela ante las Conferencias Extraordinarias Interamericanas, la Organización de los Estados Americanos y a partir de 1945, ante la Organización de las Naciones Unidas.
En esta etapa es remarcable como la diplomacia venezolana logró que la reclamación fuese reconocida por el Reino Unido y más tarde por Guyana, está última constituida en república a partir de 1965. La intervención del ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela para la época, Marco Falcón Briceño, ante la Comisión de Política Especial de la XVII Asamblea General de las Naciones Unidas (1962) posicionó el tema y allanó el camino para la adopción del Acuerdo de Ginebra de 1966, el cual llevó el litigio al campo internacional. Es importante resaltar el discurso de quien también fuera ministro de Relaciones Exteriores de Venezuela, Dr. Ignacio Iribarren Borges, citado al inicio de este artículo. Si bien hubo desaciertos en la política exterior de Venezuela hasta la llegada al poder de Hugo Chávez, sin duda existió un sentido de Estado nación, muy alejado de lo que fue la participación de los representantes del régimen ante la Corte Internacional de Justicia el 15 de noviembre de 2023.
El Acuerdo de Ginebra de 1966, es importante porque hace evidente el reconocimiento de una reclamación y creó una comisión mixta, entre Guyana y Venezuela, cuya función sería buscar una solución satisfactoria al litigio. El acuerdo estableció que, si al cabo de cuatro años no se lograba un acuerdo, las partes tendrían seis meses para elegir uno de los métodos para la solución de controversia establecidos en la Carta de Naciones Unidas. Lamentablemente, las negociaciones en el marco del Acuerdo de Ginebra de 1966 fallaron. Durante esos cuatro años de negociaciones sucedieron eventos sociales vinculados al litigio, como la rebelión de Rupununi (1969) o manifestaciones antivenezolanas en Georgetown. Resultaría extenso indicar las causas que provocaron el resultado de las negociaciones, pero sin duda Guyana no tuvo ningún ánimo de solucionar el litigio porque eso implicaría ceder ante la histórica intención de obviar el territorio originalmente de Venezuela.
El fracaso de las negociaciones condujo a la adopción del Protocolo de Puerto España en 1970, el cual suspendió toda negociación durante 12 años, sin que lo anterior significara una renuncia a los derechos sobre el territorio reclamado. En 1982, el entonces presidente de Venezuela, Luis Herrera Campis, expresó la decisión de no renovar tal protocolo adicional. Al mismo tiempo, Guyana propuso someter el litigio al arreglo judicial de la Corte Internacional de Justicia, a lo cual el gobierno de Venezuela se opuso. De esta manera, el secretario general de Naciones Unidas de aquel entonces, Javier Pérez de Cuellar, intervino de acuerdo con lo establecido en el Acuerdo de Ginebra de 1966 y nombra a un buen oficiante para sugerir un medio para lograr una solución idónea a la controversia, la cual no sería obligatoria para las partes.
Así desde 1990 hasta 2014, el secretario general de Naciones Unidas apoyo la búsqueda de una salida al litigio a través de los Buenos Oficios de un representante. Sin embargo, no se alcanzó ningún resultado satisfactorio. Si bien durante años el litigio estuvo sometido a un medio de solución pacífica y Venezuela desarrollaba una activa diplomacia cultural y económica ante los gobiernos de los países del Caribe, nunca supo aprovechar su posición para obtener la mejor oportunidad del medio pacífico de solución de controversias auspiciado por Naciones Unidas. Por el contrario, desde el inicio del mandato de Hugo Chávez y hasta hoy día, las acciones han sido nebulosas y erráticas. Desde la declaración de Chávez en 2004 dando libertad a Guyana para desarrollar actividades en el Esequibo, explicada por la afinidad ideológica con el gobierno guyanés de la época, hasta las desacertadas intervenciones militares de Venezuela en ese territorio, así como la interminable crisis política, económica y humanitaria, acompañada, la política del régimen hacia el litigio entre Venezuela y Guyana debe calificarse como un desastre.
Más aún, el anunciado referendo popular sería no sólo parte de una estrategia política con alguna intención para perjudicar la voluntad popular en las próximas elecciones presidenciales de 2024, sino el más grave atentado contra nuestra soberanía. En primer lugar, no tiene sentido someter a consulta nuestros derechos sobre un territorio que de jure es nuestro. Segundo, el Laudo Arbitral de Paris de 1899, es nulo e irrito y por ello gozamos del Acuerdo de Ginebra de 1996. Tercero, y esto es lo más grave, es inaceptable consultar si este instrumento jurídico es o no válido porque representa el reconocimiento internacional a nuestra reclamación. Cuarto, es cierto que, históricamente hemos rechazado la intervención de la Corte Internacional de Justicia, pero en los últimos años el régimen hizo caso omiso a proteger los Buenos Oficios del secretario general de Naciones Unidas.
En quinto lugar, una de las preguntas propuestas es acerca de la delimitación de la porción de mar que pretende Guyana. No es necesario consultar esta cuestión porque Guyana no debe tener acceso que un mar que solo es generado por la propiedad de un territorio. Finalmente, y como postre, la última pregunta no merece consulta alguna porque perdemos. El régimen no tiene ningún control del territorio de Venezuela, no asegura los derechos más básicos a la ciudadanía, mucho menos el derecho a la identidad. Por el contrario, lo que existe es una política sistemática de violación a los derechos humanos.
En conclusión, lo más sensato para el régimen sería anular esta invitación de consulta popular sobre un tema que arriesga nuestra soberanía. Además, consultar al electorado sobre un tema que desconoce significa menospreciar a las personas. La propuesta de la candidata presidencial, María Corina Machado, resulta las más inteligente. Sin embargo, hará falta más que una comisión especial para solucionar esta histórica disputa.