«La primera de todas las fuerzas, es la opinión pública». Simón Bolívar.
No sorprende la pretensión del régimen de reformar la Ley del Ejercicio del Periodismo, que tantas luchas y sacrificios costó para su aprobación en el Congreso Nacional en 1972.
Quieren, de un plumazo, y de manera arbitraria y grosera, permitir que ejerzan «legalmente» la profesión de periodista, quienes no han egresado de universidades nacionales, y extranjeras, con argumentos falaces y banales, afirmando que «la comunicación es un hecho cotidiano del ser humano y que ante los cambios de paradigmas hay que reconocer la práctica del ejercicio comunicacional».
En pocas palabras aspiran, torpemente, a legalizar el empirismo para favorecer a quienes participan en el denominado periodismo «comunitario y revolucionario», lo cual le permitiría al régimen, consolidar más aún su proyecto hegemónico comunicacional, y asumir totalmente el control de las comunicaciones con fines inconfesables.
¿Seguirá manteniendo su criterio Anahí Arismendi, quien ganó en el reciente proceso de las elecciones en la UCV, la representación principal en el consejo de la Escuela de Comunicación Social, quien textualmente afirmó: «Ratificamos nuestro compromiso y llamado a retomar los valores del periodismo, y poder nuevamente reafirmar los debates necesarios, que nos permita reencontrarnos con lo más hermoso de nuestra profesión».
Para la colega periodista “esta elección de manera clara, hace un llamado al gremio en torno a la necesidad de revisarse y retomar un debate plural, de los temas que nos interesan a los periodistas, y no para temas particulares o de intereses políticos o mercantiles”.
Bien lo afirma el Colegio Nacional de Periodistas, mediante comunicado en el que rechaza firmemente la pretensión del régimen en modificar la Ley de Ejercicio Profesional del Periodismo, por cuanto «contraría la necesidad de proveerle a la sociedad venezolana información de calidad y responsable, a partir de la formación universitaria, de aquellos facultados para convertir datos en información socialmente significativa, que aún permanece intacta; a pesar de que los tiempos han cambiado, pero la Ética sigue siendo la misma y las amenazas para quienes hacen de la libertad de expresión también es una bandera».
El Colegio Nacional de Periodistas es, según el Artículo 5 de la Ley, una «corporación de derecho público, dotado de personalidad jurídica, patrimonio propio distinto al Fisco Nacional; es custodio y defensor del derecho del pueblo a ser y estar informado veraz y oportunamente, y al mismo tiempo, del derecho del periodista al libre acceso a las fuentes informativas» y no como en el caso venezolano estar sujeto al ocultamiento premeditado de la información oficial, a la vocación censora del régimen y al uso de artificios legales para cerrar medios, apresar periodistas y violar los derechos humanos.
La ley actual, ratificada en el año 2004, faculta al Colegio Nacional de Periodistas como garante y defensor de la Libertad de Expresión en el país, aún cuando se han promulgado leyes que la amordazan y condicionan, como la ley Resorte, o la que supuestamente lucha contra el Odio. Quienes hacen leyes como las anteriormente señaladas en la llamada Asamblea Nacional, están de espaldas a la Legislación vigente, pues el Artículo 5, numeral 7, de la Ley señala como fin del Colegio Nacional de Periodistas, la «cooperación con el diseño de las políticas comunicacionales del Estado».
El país nacional ha visto durante estos últimos 20 años, pese a la existencia de la Ley de Ejercicio Profesional del Periodista, la disminución de medios de comunicación independientes, el cierre de espacios de opinión, la prohibición de blogs noticiosos en las redes sociales, todo por medio de factores de poder y de grupos ideológicos enemigos de la libre expresión.
El colega Eduardo Orozco, ex presidente del CNP, es tajante cuando al manifestar su opinión en torno al tema, refiere: «La presencia del CNP en esa Asamblea Nacional, no es para legitimarla. Defenderemos la ley en todos los espacios. Los periodistas han conquistado una ley de protección al ejercicio profesional con muchos sacrificios. Unos burócratas no pueden deformar la ley para satisfacer intereses políticos de un régimen que desprecia la libertad. Y si esos diputados lo ignoran, les explicaremos lo que significa la libertad de expresión, para el ejercicio del periodismo. Les explicaremos qué significa el derecho a la información, con un régimen que niega información a los ciudadanos. Ocultan estadísticas, no declaran, no dan entrevistas y engañan permanentemente. Persiguen a los periodistas y cierran acceso a portales que investigan sobre la corrupción. Defenderemos el periodismo en todos los terrenos».
Quienes ejercemos la profesión y somos egresados de la Escuela de Periodismo de la UCV, y colegas de otras máximas casas de estudio del país, no claudicaremos jamás ante la ignominia brutal de un régimen que aspira eliminar de un solo plumazo la libertad de expresión y con ella las garantías de un pueblo a estar informado de manera objetiva, veraz y oportuna.
No se necesitan leyes regulatorias que restrinjan los derechos ciudadanos, por cuánto éstos son aliados de los medios y de los periodistas profesionales, cuya función primigenia es combatir la mentira.
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