Una verdadera reforma del Poder Judicial en Venezuela debería regresarles sus atribuciones y competencias establecidas en nuestra carta magna, que fueron sustraídas por el Ejecutivo nacional para su beneficio político.

El Poder Judicial en Venezuela está impregnado de tinte político, con la gravedad de que actualmente 70% de los jueces son provisorios, carentes de concursos de méritos y un baremo que aún desconocemos para sus nombramientos.

La AN corre desesperada para intentar lavarle el rostro a un sistema de justicia que siempre fue utilizado para perseguir, limitar, encarcelar a la disidencia política sin el debido proceso y el respeto a las garantías procesales establecidas en nuestra carta magna. Y esto ocurre después del anuncio del fiscal de la CPI, el abogado Karim Khan, de que iniciará una investigación en nuestro país por crímenes de lesa humanidad.

El daño que le ha hecho el sistema de justicia a los ciudadanos es incalculable por someterlos a un alto nivel de indefensión en cuanto a garantías constitucionales y derechos humanos.

En la clandestinidad total se discute la reforma del sistema de justicia en la AN, siguen sin tomar en cuenta la opinión de los mejores juristas y la academia del país. Este foro político también fue despojado de sus atribuciones de control y legislación establecidas en nuestra carta magna al solo legislar para otorgar más poder al Ejecutivo y no para la ciudadanía.


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