La campaña del referendo sobre el Esequibo, en la que Maduro proclamó incluso una “paliza histórica” contra la poderosa petrolera norteamericana ExxonMobil, no logró acallar la advertencia de Washington de suspender el alivio de sanciones a menos que el régimen de Caracas libere a ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos.
La insistencia del Consejo de Seguridad de la Casa Blanca y el Departamento de Estado el fin de semana ante la falta de avances en la liberación de los “detenidos injustamente” pareció exponer la determinación estadounidense en este asunto. “Tendremos más que decir en los próximos días”, anticipó el gobierno de Biden.
En Venezuela, la detención arbitraria de Javier Tarazona -a pesar de su delicada condición de salud- es “un ejemplo paradigmático de la intolerancia y los abusos del gobierno de Nicolás Maduro”, han expresado organizaciones defensoras de derechos humanos como Amnistía Internacional.
Una de las figuras más emblemáticas entre los 275 presos políticos que hay en el país -militares y civiles- es el director de la ONG Fundaredes, cuyo juicio se reinició por tercera vez el martes 21 de noviembre. A pesar del recurso de nulidad de la causa interpuesto por la defensa, la justicia al servicio del régimen convocó una nueva audiencia para este martes 5 de diciembre.
“Es un juicio político. Es una acusación genérica, no hay hechos concretos. Es una situación inverosímil”, dijo el abogado defensor Miguel Forero, citado por la agencia internacional de noticias AFP.
Sin embargo, la denuncia que presentó Fundaredes el 30 de junio de 2021 acerca de los negocios en Venezuela entre la narcoguerrilla colombiana del ELN y figuras del régimen ofrece pistas sobre los verdaderos motivos del arresto del activista pro derechos humanos apenas 48 horas después.
Al preso político lo acusan de terrorismo, incitación al odio y traición a la patria, pero no conviene olvidar que a Tarazona y su ONG siguen cobrándoles además haber contribuido a conocer que el régimen de Maduro arrastró a la FANB a la guerra de guerrillas para defender a sus aliados de las FARC en el conflicto que estalló en marzo de 2021 en Apure, donde mandos débiles capitularon y cedieron territorio nacional a los rivales de Iván Márquez y el Cartel de los Soles en el negocio de la droga.
En agosto, el Foro Penal presentó los nombres de 113 presos políticos que en el país llevan más de tres años detenidos sin condena. La destinataria de esa lista de la ONG fue la Corte Penal Internacional, que investiga crímenes de lesa humanidad en Venezuela. A la situación de los venezolanos sometidos a torturas en las cárceles del régimen se agrega la de cuatro estadounidenses “detenidos injustamente” y que su país no olvida. Todo esto, aun en tiempos de referendo por el Esequibo con mucha propaganda, no permite olvidar la causa de los presos políticos.