Empresa es una organización social que combina los factores de producción para crear bienes, servicios y conocimientos, que satisfagan ciertas necesidades de los ciudadanos y se considera que es una empresa pública, cuando sus activos pertenecen a sectores que pueden ser: la nación, los estados o las municipalidades, que para los efectos del presente artículo llamaremos Estado.

Los factores de producción son: tierra, trabajo, capital, tecnología, capacidad administrativa y capacidad empresarial y para que las empresas tanto privadas como públicas sean sustentables y exitosas, deben generar ingresos económicos propios, suficientes para mantener sus gastos, crecer y remunerar a los factores de producción con: rentas, salarios, dividendos, bonificaciones y también para pagar sus impuestos a los gobiernos donde operan, de manera que estos puedan sostener las actividades administrativas, asistenciales o relacionadas con las infraestructuras públicas, sin depender de: donaciones, créditos o de la emisión de dinero sin respaldo ni medida, por parte de los bancos centrales.

La historia universal ha demostrado que los gobiernos no son los mejores empresarios, debido a que hay un factor fundamental en las empresas exitosas que es la capacidad administrativa, cuyas funciones son: planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar e infortunadamente, a los funcionarios públicos se les designa más por conveniencias de tipo político clientelar, que con base en sus conocimientos, experiencias y capacidades y por tal razón, muchas de las empresas públicas terminan destruidas por corrupción e ineficiencia, siendo un lastre para los gobiernos, al no producir al menos los ingresos necesarios para pagar sus nóminas, teniendo que ser subsidiados por el Estado y cuando son cientos o miles de empresas en esa situación de minusvalía, conducen a la quiebra de gobiernos y naciones.

Un postulado fundamental es que “el éxito de toda empresa es directamente proporcional a la calidad de su gerencia” y al ser los políticos y sus partidos quienes imponen a los funcionarios, esos entes prefieren a los más incapaces e ignorantes y consideran que son mejores si tienen alguna debilidad, para poderlos manipular a su conveniencia y mantener la hegemonía de las élites partidistas, sin descartar que estas malas praxis administrativas también convengan a grupos de especuladores, corruptos y bancas de inversión, a quienes les conviene tanto el fracaso de los gobiernos como la quiebra de las empresas públicas y países, para poder adquirir los activos del Estado a precios de remate.

La habilidad de los estafadores y especuladores para manipular es de tal magnitud, que pueden crear instituciones supuestamente filantrópicas para financiar y promover a: políticos, candidatos, intelectuales, académicos, expertos y funcionarios a su medida e introducirlos como caballos de Troya en las diversas instituciones y así obtener riquezas sin trabajar ni producir nada, mediante la manipulación y el expolio a los ingenuos, lo que explica que ciudadanos con: conocimientos, experiencias, capacidades, honestidad y criterio propio, sean despreciados, repudiados y no reciban apoyo de los grupos políticos y sus financiadores.

Cuando existen empresas públicas que por malas praxis administrativas no son autosustentables, dejan de cumplir con sus objetivos y por lo tanto quiebran, se les deben aplicar los correctivos adecuados, basados en acciones tales como son: reestructuraciones, redimensionamientos, cierres, fusiones, alianzas estratégicas, concesiones o privatizaciones, etc.

Una acción preliminar que se aplica a las empresas improductivas es la reestructuración, que consiste principalmente en cambiar de administradores por otros que puedan obtener los objetivos que justifican la existencia de la empresa.

Las alianzas estratégicas son convenios entre empresas relacionadas, que permiten complementar las fortalezas propias de cada una de ellas, con el propósito de obtener mejores resultados conjuntamente, lo que sirve para incrementar la producción, mejorar los beneficios y por ende, incrementar la remuneración proporcional a sus factores de producción, pero en esta modalidad cada empresa conserva la propiedad de sus activos, aunque en algunos casos se podría crear una nueva empresa a través una figura llamada joint venture.

Las concesiones son convenios mediante los cuales algunas empresas del sector público pasan a ser administradas por otras empresas del sector privado por un tiempo determinado, con el objetivo de que la empresa manejada por los nuevos administradores aporte los recursos y los factores de producción necesarios para el funcionamiento óptimo a cambio de: mejorar la cantidad y la calidad de bienes o servicios producidos y de entregar regalías e impuestos al gobierno, bajo el compromiso de mantener y devolverle al estado todos los activos empresariales mejorados al vencimiento del tiempo de concesión.

Las privatizaciones consisten en vender total o parcialmente la propiedad de las empresas públicas a inversionistas reales privados, de manera que los compradores continúen y mejoren las operaciones empresariales, pagando su precio al estado quien cede sus activos y pasivos, siendo que estas acciones generan importantes impuestos futuros, con base en los beneficios económicos periódicos.

Cuando las empresas públicas llegan a una situación de insostenibilidad, hay que escoger entre las diversas opciones indicadas anteriormente, donde en el peor de los casos habría que cerrarlas, teniendo en cuenta que esa acción radical genera no solo la pérdida de los activos, sino también la pérdida de puestos de trabajo, creando problemas de carácter social.

Para aliarse estratégicamente, privatizar o entregar concesiones de las empresas públicas, es necesario que exista total transparencia en todos los procesos,  donde se obtengan los mejores resultados para las naciones y por esa razón es necesario que esas ofertas se sometan a licitaciones públicas internacionales, donde se invite todos los inversores reales interesados, excluyendo a los especuladores con sus capitales golondrinas, ficticios e improductivos, dándoles preferencia a aquellos que cuenten con buenas referencias y experiencias exitosas comprobadas en el área relacionada con la actividad específica y donde no sea solo el precio u otros factores poco ortodoxos, quienes determinen la asignación de estas formas de administración o propiedad de los activos públicos.

Por otra parte, a efectos de evitar oligopolios o peor aún de monopolios y dependencias absolutas, en el caso de los servicios públicos tan extensos como es el de las compañías hidrológicas, por citar solo uno, una buena práctica es no entregar a una sola empresa la administración o propiedad total, sino hacer las divisiones racionales necesarias, porque no hay que poner todos los huevos en la misma cesta y porque cuando no hay competencia, tampoco se obtienen: cumplimiento de los contratos, buenos tiempos en la ejecución de los proyectos, buena calidad de los servicios ofrecidos ni tampoco tarifas y precios razonables.

Adicionalmente, teniendo en cuenta la debilidad de las divisas fiat y criptográficas usadas a nivel global, que no conservan el valor por estar afectadas por burbujas de liquidez, es recomendable que parte del cobro de los activos se efectúe en oro u otros activos tangibles, que junto con la parte más líquida de lo cobrado, sean resguardados por cada banco central nacional, teniendo en cuenta la voracidad de los corruptos y las bancas internacionales, que ofrecen servicios de custodia y bajo cualquier excusa se apropian de los recursos que ingenuamente se les confiaron, como ha ocurrido con los fondos públicos de Venezuela bloqueados en Europa, Estados Unidos y otras naciones.

La valoración de activos y la selección de los participantes idóneos en estas subastas, deben ser hechas por equipos técnicos reconocidos y transparentes, que estén comprometidos con los intereses nacionales y también deben ser sometidas a la aprobación del poder legislativo y a la revisión, monitoreo y seguimiento por parte de los entes contralores legales, para salvaguardar el patrimonio nacional y en el caso de las empresas más estratégicas y valiosas como son las relacionadas con los hidrocarburos, no estaría de más someterlas a procesos democráticos de consulta pública como son referendos o plebiscitos, donde participen los ciudadanos que son los dueños reales de los activos de la nación, siendo que los gobiernos son solo administradores temporales.

En el caso de Venezuela, muchas empresas públicas y en particular las empresas de servicios tales como son: agua, gas, electricidad, telefonía o servicios postales que están deterioradas por mala administración, no han cumplido con sus objetivos y como no se pueden cerrar por ser de utilidad pública general, habiendo realizado varios cambios de administraciones sin obtener mejorías visibles, sería muy conveniente pensar seriamente en el cambio de los paradigmas administrativos existentes y en el uso de soluciones tales como son: alianzas estratégicas, concesiones o privatizaciones, donde el país pueda beneficiarse obteniendo: capital, ingresos permanentes, cobro de impuestos, renovación de infraestructuras, actualización de tecnologías, prestación de servicios de excelente calidad y nuevas fuentes de empleo sustentable, que sirvan para lograr: progreso, crecimiento, bienestar y prosperidad para los venezolanos, que en última instancia son los verdaderos accionistas y dueños de todas las empresas públicas en una nación.


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