La comunidad internacional ha calificado el Informe de la Misión Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en septiembre de 2019 (resolución 42/25), como un documento demoledor demostrativo de la violación permanente de los derechos humanos en nuestro país, al identificar incluso a funcionarios de la mayor jerarquía del régimen como responsables de torturas, muertes y violaciones contumaces, calificados como delitos de lesa humanidad, los cuales no prescriben ante la justicia internacional.
Pues bien, a la contundencia de este informe que afecta dramáticamente a miles de venezolanos al continuar detenidos cientos de prisioneros políticos y la represión gubernamental impune, se añade la tragedia que impacta a millones de venezolanos, denunciada mil veces ante los diferentes organismos internacionales, entre ellos la OIT organismo vigilante global de los acuerdos laborales reconocidos por 150 países a nivel planetario.
Visualizada en el salario mínimo en Venezuela con la cifra récord de 0,80 dólar mensual, indicador que no registra ningún país de los 5 continentes, donde pudierancontarse con los dedos de la mano las regiones con la situación extrema de 1 dólar diario, como Cuba y Kenia, porque la cenicienta continental Haití indica ingresos diarios de 2 dólares para sus trabajadores.
Si el Informe de la Misión de la ONU denuncia expresamente asesinatos, en este caso estamos en presencia de un genocidio que incluye a casi 5 millones de pensionados y jubilados que perciben su pensión o jubilación inferior a 1 dólar, a los 3 millones de trabajadores del sector público cuyas remuneraciones promedian entre 0,80 y 8 dólares mensuales. Entre tanto, en el sector privado, con una población formal aproximada de 3,5 millones de trabajadore,s las encuestas identifican remuneraciones promedios de 30 a 50 dólares, pues la economía informal con una población cercana a 3,5 millones se bate al detal diariamente, sin ingreso fijo en medio de la pandemia y cuarentenas radicales y flexibles.
Si vamos a los análisis de mercado, las ONG especialistas en la materia nos indican cómo en el caso del Cendas-FVM la Canasta Básica Alimentaria de agosto se ubicó en más de 91.800.000 bolívares, con una proyección para finales de septiembre de 100 millones de bolívares. Entre tanto, los pronósticos de devaluación indican para diciembre de 2020 un dólar sobrepasará los 900.000 bolívares. Este escenario dantesco fue el impulsor de la diáspora 2015-2019 de 6 millones de venezolanos y el reinicio del éxodo para lo que resta de 2020 y de 2021.
¿Qué es lo alarmante? Que el régimen tiránico no reconoce esa realidad y todo se lo achaca al bloqueo, excusa predilecta que decreta la pobreza extrema y conlleva a trabajadores públicos, como lo denuncian sindicatos de la región capital, a comer de la basura al solo decretar bonos de la patria con cantidades irrisorias para adquirir la alimentación suficiente.
Curiosamente, el sector privado estigmatizado por el “presidente obrero” como «explotador y chupasangre» ha hecho una propuesta concreta a través del presidente de Fedecámaras, de pagar un salario mínimo vital de 25 a 30 dólares para afrontar la situación de emergencia nacional.
La inacción y la indolencia gubernamental solo conducen a la agonía de un pueblo inerte, indefenso, indiferente a elecciones legislativas o a referendos consultivos, el impasse económico, político y social requiere la reactivación urgente de la economía, medidas sanitarias para enfrentar la pandemia, dotar de poder adquisitivo a la población y la convocatoria en el corto plazo a elecciones generales para restablecer la democracia.
Finalmente, este drama que sufre el pueblo venezolano amerita la atención de los gobiernos democráticos del mundo, de la ONU, la OIT, la UE, la OEA, que debieran ejecutar acciones más allá de la diplomacia retórica, pues por las dimensiones de la tragedia determina la presencia urgente de misiones de estos organismos como ha sucedido en otros países, con capacidad de afrontar la crisis humanitaria que amenaza incluso la existencia de la nación y facilita la prolongación de la dictadura.