Resolver el gran nudo de la unidad de todas las fuerzas contrarias a la dictadura nos mete de cabeza en el tema mayúsculo, enfrentar el álgido problema de la destrucción del sistema de justicia, un problema vital porque sin justicia confiable y transparente será imposible afianzar la democracia y la libertad.
Si miramos en la historia podemos aprender mucho, tal es el caso del famoso Juicio de Nuremberg al finalizar la Segunda Guerra Mundial. En esa oportunidad se planteó, probablemente por primera vez en Occidente, que los prisioneros derrotados del régimen nazi, sus grandes jefes, los responsables de la aplicación criminal de la Solución Final al pueblo judío –culpable de más de 4 millones de crímenes– en lugar de ser inmediatamente ajusticiados fuesen llevados a juicio, con todas las garantías necesarias de imparcialidad, un intento de levantar en la conciencia ciudadana barreras morales y jurídicas a la repetición de crímenes humanitarios. En otra escala, pero con el mismo problema en Venezuela debemos encontrar el camino que preserve un sistema de justicia que garantice la libertad e impida su utilización como mampara a través de leyes y decreto en contra del pueblo.
Es evidente que no bastan las sanciones económicas que restituyan los bienes robados por estos falsos representantes de la justicia, el meollo de la cuestión se centra fundamentalmente en lograr un sistema de justicia que se constituya en fortaleza contra las recaídas políticas, la subordinación de la justicia al poder político sectario, ideologizado, totalmente contrario al principio de equilibrio de poderes fundados por Montesquieu y Locke propios de cualquier sociedad democrática.
El primer asunto o tema que debemos mirar es el referente a la calidad humana de los aspirantes a ingresar al sistema de justicia. No albergamos dudas acerca de la calidad de las Escuelas de Derecho de nuestras principales universidades. Pero, ¿cómo ha sido posible poblar el sistema judicial de jueces que sin pudor traicionan la definición de su oficio y se arrodillan al servicio de una dictadura, condenan sin pruebas a inocentes, no defienden causas obvias de transgresión de las leyes, avalan decisiones abusivas impuestas por el poder central y son ciegos y sordos ante las peticiones y reclamos de la población en casos notorios de violación de derechos ciudadanos? La pregunta: ¿Quiénes son estos jueces? ¿dónde se formaron? ¿cómo fueron elegidos para ocupar posiciones vitales para la existencia de la democracia? ¿Pueden impunemente actuar, sancionar, castigar sin que ninguna fuerza institucional pueda velar por la rectitud de su comportamiento?
El núcleo de esta posibilidad de reconstruir al sistema judicial está centrado en la calificación del Tribunal Supremo de Justicia. Una institución primordial creada con base en una treta astuta del régimen. ¿Cómo pueden designarse sus personeros, en teoría garantes del sistema de justicia, violando los requisitos que califican a una persona para ejercer esta superdelicada función? ¿Cómo podrá la historia de Venezuela explicar, justificar, describir el hecho de que el presidente del primer Tribunal sea un individuo con prontuario penal y que desde otros países se le ponga precio a su cabeza por una trayectoria criminal? Es notorio que la tarea del TSJ ha sido impedir la participación política de los ciudadanos en los destinos del país, condenar a prisión y perseguir a los líderes de los partidos políticos, y en uno de sus actos más graves, derogar la independencia de la Asamblea Nacional, única institución legítima del país y anular la existencia de los partidos políticos que representan a los venezolanos.
Sin duda alguna, cualquier evaluación del TSJ lo colocaría al nivel de criminalidad de la FAES y la DGCIM, instituciones en las cuales sus miembros intentarán excusar sus delitos argumentando que actuaron obligados, por coacción, que obedecían órdenes y toda esa retórica ya carente de validez en el mundo. El TSJ, por el contrario, y en apariencia no recibe órdenes, decide voluntariamente actuar contra el pueblo y sus instituciones, sin excusa alguna.
Los torturadores de la FAES pueden pedir cacao, pero los jueces venezolanos no tienen esa oportunidad, ellos en teoría representaban la defensa de los derechos ciudadanos y no lo contrario, sus violadores sistemáticos.
Aquí entonces está el problema que tendremos que resolver una vez entremos en un período de transición: ¿qué se hará con los tribunales, los jueces, los magistrados, que han actuado como ofensores de los derechos ciudadanos? ¿Ciegos y sordos ante las ingentes peticiones de ayuda de los familiares de las víctimas, los asesinatos, los encarcelados inocentes, el robo y destrucción del patrimonio de bienes de todos los venezolanos?
En este tema entra también la anulación de toda la producción jurídica de la dictadura, las leyes contra la propiedad privada, las condenas de ciudadanos inocentes por su liderazgo opositor, la abundante proliferación de textos legales para destruir la actividad económica de los empresarios y los ciudadanos en general. Actuación del régimen en calco de Cuba, Fidel de un solo golpe destruyó el aparato productivo cubano y con ello la propiedad privada. Usando la ley 890, promulgada en La Habana el 13 de octubre de 1960, el robo comenzó por la A: Ingenios Azucareros “Central Bahía Honda” hasta el final con “el Terminal Oriental de Puertos”. A partir de ese día Cuba no sería la misma. Estatización total, un solo partido, un solo periódico, muerte de la elección libre y de los opositores, todo aparentemente legal.
En Venezuela tendremos que anular toda la normativa legal que impide a los ciudadanos actuar como propietarios, productores, transformadores, distribuidores de todos los bienes, productos y servicios requeridos por el pueblo venezolano. Una tarea gigante, eliminar el sistema judicial corrupto, podrido y proveer el nacimiento de una nueva institución con autonomía y fuerza para defender los derechos y hacer cumplir las obligaciones de los ciudadanos, elegir vivir en democracia y libertad en todos los planos, políticos, económicos, sociales y culturales tal como esperamos que suceda muy pronto. Reconstruir la justicia, nuestra magna tarea próxima.