La Sala de Apelaciones de la Corte Penal Internacional -integrada por cinco magistrados- notificó ayer su decisión de rechazar “por unanimidad” la apelación presentada por el Estado venezolano a la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares del 26 de septiembre de 2023. Una decisión que autorizaba al fiscal de la CPI a continuar la investigación que comenzó en noviembre de 2022, tras el cierre del Examen Preliminar con el que se determinó que había razones fundadas para creer que en Venezuela se habían cometido crímenes de lesa humanidad.
La Sala de Apelaciones desestimó cada uno de los argumentos presentados y confirmó la decisión de la Sala de Cuestiones Preliminares que impugnaba Venezuela, por lo que la investigación formal sigue. Recordemos que para el gobierno en el país no se han cometido crímenes de lesa humanidad sino “un puñado de incidentes” que ya estaban investigando y que no ameritaban la intervención de la justicia internacional.
Por ese motivo, lo anunciado ayer es definitivamente un paso más en favor de la aplicación de la justicia y de la lucha contra la impunidad por crímenes de esta naturaleza. El proceso seguirá en la Sala de Cuestiones Preliminares, en donde el fiscal deberá presentar cargo a los presuntos indiciados por la comisión de tales crímenes, antes de pasar a la Sala de Primera Instancia, en la que se desarrollará el juicio en el sentido estricto del término, según el Estatuto de Roma.
Si bien es cierto que tarda, la justicia llega y en el plano internacional también, en favor de las víctimas de crímenes internacionales cometidos por las autoridades y representantes del Estado, como es el caso de Venezuela en el que se han cometido crímenes de lesa humanidad, tal como están definidos en el Estatuto de Roma y como lo han considerado los órganos de la Corte y numerosas organizaciones internacionales cuya credibilidad es incuestionable.
Los venezolanos, las víctimas en particular, aunque todos podemos considerarnos como tales, esperamos justicia. Han pasado años desde que se inició esta política sistemática que se traduce en tortura, detenciones arbitrarias, ejecuciones sumarias, asesinatos y en los más de 200 presos políticos, civiles y militares, miles de perseguidos y su consecuencia, más de 7 millones de venezolanos que huyen de la violencia del Estado.
Esta decisión marca una pauta importante: la aplicación de la justicia internacional penal en general, para Venezuela en especial, que vive uno de los peores momentos de su historia, aunque vientos de libertad soplan para detener el camino que han marcado hacia el fin ese grupo de irresponsables.