Hoy los ucevistas somos testigos de la debacle nacional y la destrucción de nuestras universidades por un régimen delincuente y depredador, enemigo del saber, la cultura, la educación y de todo aquello que representa y tiene que ver con el bienestar y la vida digna de los venezolanos.
Desgraciadamente el panorama universitario actual es desolador y desalentador. Con una universidad desmovilizada, carente de protagonismo y beligerancia para luchar y exigir lo necesario e indispensable, tanto para sí misma como para la vida del país. Sumida en el silencio casi total, sin la voz contundente y orientadora que está llamada a tener, fingiendo normalidad, presa de una excesiva cautela paralizante. Conformándose en algunos casos, en medio de la pandemia y al son de las manipulaciones e irresponsabilidades gubernamentales, con las actividades a distancia que llevan a cabo con muchos esfuerzos, pero de manera precaria muy pocas de sus escuelas.
Con autoridades que siguen indefinidamente en sus cargos por los reiterados impedimentos de elecciones para su renovación por parte del brazo judicial del régimen. Y, asimismo, hay que decirlo, ha sido notoria la inacción de esas autoridades universitarias sobre el particular, al no propiciar los debates necesarios en el seno de la comunidad en concordancia con lo que establece el principio de autonomía consagrado constitucionalmente. De haberse estimulado esas discusiones, con el apoyo de los diversos gremios quizás hubiese redundado en movilizaciones importantes de la comunidad para organizarse y generar una propuesta de reglamento electoral de consenso para realizar esas elecciones. La ausencia de liderazgo, sin embargo, ha sido bastante evidente.
Con un profesorado prácticamente diezmado, al igual que el resto del personal universitario. Muchos de los cuales han tenido que emigrar de modo forzoso por razones de sobrevivencia. Quienes están aún en sus cargos, con sueldos miserables y en condiciones de vida y de trabajo muy adversas, es impensable que puedan afrontar sus obligaciones laborales. Por lo menos, la gran mayoría de ellos está así, los que solo dependen de un sueldo o salario de hambre sin ningún otro beneficio remunerativo institucional. El tiempo no les basta para pensar qué y cómo hacer para adquirir los alimentos necesarios de cada día, para movilizarse cotidianamente en varias diligencias, para comprar medicinas o para hacerle frente eventualmente a serios percances de salud que exigen fuertes erogaciones de dinero. Los testimonios en las redes sociales son abrumadores y deprimentes. Innumerables casos de personas cuyos familiares y amigos realizan diversas campañas solidarias para ayudarles a afrontar una u otra necesidad vital. Es una situación demasiado dolorosa que se ha agravado con la pandemia y con la profundización de la crisis provocada por el régimen, aun cuando venía forjándose mucho antes. Una tragedia que, en el caso particular de los profesores de la UCV, se habría podido paliar un poco si las autoridades y el Consejo Universitario hubiesen aprobado, con los recursos propios del gremio, el bono humanitario y la ampliación efectiva de la cobertura de seguridad social que el profesorado solicitó en reiteradas oportunidades.
Con unos estudiantes en el limbo, sumidos en la más completa incertidumbre en su gran mayoría. Con una carga enorme de frustración y desesperanza. Por el largo tiempo perdido, sin actividades académicas y de otro tipo. Sin información alguna acerca de la continuidad de sus estudios. Sin expectativas alentadoras. Seguramente han echado de menos en estos largos meses de interrupción de clases, la preocupación gubernamental e institucional por un plan serio de contingencia para todos los que hacen vida en la UCV, con medidas adecuadas de bioseguridad ante los riesgos de contagio por el covid-19, con medidas de reacondicionamiento de espacios y de dotación tecnológica para el desarrollo de actividades y, asimismo, con las necesarias medidas de compensaciones salariales justas para todo el personal y con servicios complementarios de apoyo socio-económico para el estudiantado.
Un plan cuya elaboración pudo haber sido propiciado por las autoridades -aún podrían y deberían hacerlo- para presentarlo públicamente y llevarlo a las instancias gubernamentales correspondientes (con todas las reservas que caben al respecto) y a organismos nacionales e internacionales, a fin de obtener los financiamientos y otros apoyos que el mismo requiera. Un plan para sentar las bases mínimas para reanudar las actividades en nuestra casa de estudios.
Pero, más allá de esto, hay que dedicarse a la tarea primordial de repensar la universidad para rescatarla y sacarla del estado de postración en la que hoy se encuentra. Vale decir, es indispensable «abrir» la universidad, movilizarla y organizarla para abordar asuntos de mayor envergadura. Uno de ellos, clave, sin duda alguna, es el debate en el seno de la comunidad acerca de la idea de universidad, con todas las dificultades que ello implica en la actualidad. Convocar a sus múltiples voces, con apego al principio de autonomía establecido en la Constitución, para perfilar los acuerdos necesarios que permitan potenciarla y desarrollarla.
Esa discusión pudiera desarrollarse desde ya por dos vías distintas: en primer lugar, para alimentar el intercambio de opiniones sobre la convocatoria y realización de las elecciones universitarias, un importante desafío al que tenemos que responder urgentemente; y, en segundo lugar, en las propuestas que la comunidad universitaria está obligada a hacer para fijar posición sobre la Ley de Educación Universitaria que la ilegítima Asamblea Nacional, electa el pasado mes de diciembre, pretende imponerles a nuestras universidades para satisfacción del régimen.
Son reflexiones que quiero compartir humildemente con mis lectores, pues no quiero sentirme como un simple testigo y relator de los hechos que hablan todos los días de la destrucción de nuestras universidades y del país.
@eleazarnarvaez