“La unión debe salvarnos, como nos destruirá la división si llega a introducirse entre nosotros” / Simón Bolívar

La radicalización es un proceso, que se puede dar en un individuo o en un grupo, cuya finalidad es conseguir imponer sus ideas sin importarle las consecuencias o sin aceptar las disidencias, por lo tanto, es un fenómeno social a nivel individual y grupal, como sociedad.

En  nuestro país, el término radicalización ha pasado por alto para muchos, por lo que el mismo no ha sido tomado muy en cuenta y con poca o ninguna atención, mas si lo analizamos en profundidad observaremos que el régimen sí lo estudió con detenimiento para aplicarlo con perversas intenciones bajo el pretexto del recrudecimiento de la pandemia generada por el coronavirus.

Según la RAE, radicalismo es la doctrina que propugna la reforma total del orden político, científico, moral y religioso, así como un modo extremo de tratar los asuntos. Por tanto una persona radical es aquella que es partidaria de reformas extremas. La sociedad avanzada actual, ha sido influida directamente por multitud de radicales, especialmente criticados, perseguidos o cuestionados política, social y en ocasiones, judicialmente. En el caso venezolano, el régimen aplicó la radicalización sin estupor alguno y mucho menos consideración, dejando de lado los derechos humanos, tan cuestionados en estos últimos años, al extremo de haber sido denunciados en instancias internacionales, sin que hasta la presente fecha se hayan tomado medidas contra Maduro y su séquito gubernamental, que se ufanan de ser unos verdaderos demócratas.

Desde Ghandi a Mandela, pasando por el Dalai Lama o María Teresa de Calcuta, han sido individuos radicales en su contexto histórico, al defender posturas extremas en el entorno político y social en el que surgieron y se desarrollaron. Pese a su radicalismo, existe consenso en afirmar que todos ellos fueron personas de paz.

Se puede afirmar que todo el radicalismo es extremo, pero este puede ser pacífico o violento, en función del contexto y de los medios utilizados para conseguir sus fines. Esto es importante a la hora de referirnos a individuos radicales violentos, ya que si nos olvidamos del atributo “violento” englobamos a todos los radicales, desde los pacíficos hasta los violentos, en el mismo término, lo cual deslegitima a los pacíficos y legitima a los violentos.

Para profundizar en esta consideración, a continuación nos adentraremos en las tipologías de la radicalización, pues existe la violenta la cual es compleja por cuanto abarca algunas dimensiones además de que está entrelazada, influida y afectada por componentes ideológicos, políticos o religiosos, por lo que su definición se torna imprescindible como lo señalamos en párrafo anterior.

Existen varias tipologías de radicalización, con diferentes atributos de legitimidad, que es un concepto particularmente subjetivo, por cuanto abarca un amplio consenso en afirmar que en contextos con derechos políticos y civiles como los que se dan en cualquier sociedad avanzada con un Estado de Derecho, la radicalización violenta no tiene ninguna legitimidad, por cuanto existen cauces políticos, sociales y mediáticos para expresar las ideas, hacerlas públicas, someterlas a votación e influir en el desarrollo político y social deseado.

En un contexto sin derechos políticos y civiles como es el caso de Estados dictatoriales, totalitarios, absolutistas o tiránicos como Venezuela, la legitimidad de la radicalización violenta varía, pues provoca consideraciones bien como una organización terrorista sin ninguna legitimidad, o como un movimiento con total legitimidad, lo que les hace pensar que pueden asumir posturas extremas para adoptar medidas que vulneran los derechos humanos, coartan la libertad de expresión, aceleran la represión, y acentúan su populismo en procura de mantener una imagen positiva en el conglomerado nacional.

En la Unión Europea, este matiz conceptual despojado de derechos políticos y civiles avanzados, no pasa de ser sino simplemente una radicalización violenta que carecerá de legitimidad y, por tanto, se le considerará terrorista, como la califican algunos observadores internacionales latinoamericanos al régimen de Nicolás Maduro, tras las demostraciones poco democráticas que en los últimos tiempos ha ejecutado, a la vista de propios y extraños.

Por esta razón, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, manifestó en fecha reciente que “el gobierno de Nicolás Maduro ha instaurado una dictadura en Venezuela, que está luchando por perpetuarse en el poder, a un precio humanitario sin precedentes y radicalizaciones ideológicas preocupantes”. Agregaría luego: “Nuestros ciudadanos no entienden cómo algunas personas  han podido ser tan complacientes con el régimen que se está instaurando en Venezuela”, en alusión al líder de la izquierda de su país Jean Luc Melenchon, aliado de Maduro.

Estas declaraciones son unas de las más fuertes pronunciadas hasta la presente fecha, por un alto dirigente europeo sobre la situación de Venezuela, hoy día sumida en la más grave crisis política, económica y social jamás ocurrida desde el nacimiento de la República, la cual exige la solidaridad y apoyo humanitario hoy más que nunca, de gobiernos latinoamericanos.

El politólogo Luis Salamanca afirma que más de 20 denominaciones se han utilizado durante los 22 años del chavismo en el poder para ponerle cascabel al gato: «Tiránico, dictatorial, bonapartista, fascista, antidemocrático, iliberal, nazi, autoritario, despótico, neodictatorial, neoautoritario, sultánico, autoritarismo competitivo, autoritarismo electoral, y un sinfín más. Es un boom de calificativos, y casi todos surgieron en el período de Chávez. En el caso de Maduro, como ha ido depurando la técnica autoritaria, se usa más la palabra “dictadura”.

Es hora ya de que constitucionalistas, jueces, magistrados y líderes políticos se propongan con extremada urgencia ponerle fin a las constantes violaciones de la Constitución para que se restablezca el Estado de Derecho, a fin de devolverle al pueblo su participación plena en la vida política y al libre ejercicio de sus derechos ciudadanos.

 

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