La oposición radicalizada termina siendo tan perniciosa e inadmisible para una pacífica convivencia social, como el gobierno en funciones que da la espalda y excluye toda estructura desemejante de actuación pública, tanto como de pensamiento válidamente alternativo.

Los métodos violentos de confrontación suelen convertirse en lugar común de extremismos que promueven la aplicación intransigente de sus respectivos razonamientos –cuando los hay– y diversas formas de acción política. Ahondar en el desencuentro y motivar rupturas del orden establecido bajo cualquier pretexto, deviene en práctica acostumbrada –o aprovechada, si fuere el caso– por quienes auspician radicalismos doctrinarios, de suyo incompatibles con el espíritu democrático que debe ser dominante en naciones civilizadas. Y en estos procesos que nos conmueven como venimos observando en tiempos hispanoamericanos recientes, es preciso distinguir entre actores políticos simple y momentáneamente radicalizados y aquellos que subrepticiamente desafían los límites de la convivencia ciudadana, mientras pretenden destruir el modelo sociopolítico desde dentro. No se manifiesta en ellos el ideal transformador devenido en método eficaz para lograr un apresurado desarrollo social, tal y como sugirió a su tiempo la Revolución Francesa; les motiva alcanzar el poder por medios reglamentarios, para después sostener su ejercicio a como dé lugar, con prescindencia de toda consideración ética y jurídica. He allí los ejemplos palmarios de Venezuela, Nicaragua y Bolivia, en los cuales el Estado de Derecho terminó desleído y abrogado –entre otros asuntos– bajo las pretensiones continuistas y dizque reformadoras de gobernantes elegidos por el voto popular.

En democracia, nadie dispone de la última verdad ni tiene derecho de lastimar la dignidad de quienes no piensan igual ni pertenecen al partido que más ha recibido votos; el consenso necesario es esencial y ello exige, ante todo, respeto a la disidencia que actúe con mesura, también con pleno derecho de expresarse –civilizadamente– a su leal saber y entender. La alternabilidad confiere oportunidades a los actores políticos que pueden o no aprovechar el tiempo previsto en el pacto social para el ejercicio de la función de gobierno; el cambio de administración llegado el momento que prescriben las normas generalmente aceptadas, es consustancial al sistema establecido como regla de autoridad.

El radicalismo de los miembros del Foro de São Paulo –uno de tantos extremismos contemporáneos–, se manifiesta en ideas, doctrinas y actuaciones dispersas o articuladas –según los casos–, entre quienes pretenden ejecutar reformas profundas en el orden político, económico y moral de los países de la región; un movimiento que sin duda coincide con algunos del mismo cuño que han fraguado en la Europa de nuestro tiempo, también en Estados Unidos, para circunscribirnos de tal modo a nuestro ámbito de occidente. Incluso, hemos visto en algunas de sus tendencias un ánimo expreso de intervenir espacios espirituales, con el afán de modelar nuevas convicciones religiosas que desplacen la doctrina y autoridad de la Iglesia Católica –entre otras confesiones–, peligrosa motivación que bien podría desembocar en fundamentalismos de consecuencias impredecibles para la sociedad democrática.

En tal sentido, recordemos que el fundamentalismo pretende ubicarse por encima del contexto histórico, desdoblándose como máxima indiscutible para sus sostenedores y, además, llamada a imponerse a rajatabla sobre el orden social y jurídico; acabamos de presenciar en Bolivia las secuelas del vergonzoso y antijurídico fallo que pretendió convertir –afortunadamente sin éxito– la “reelección indefinida” en “derecho humano” que prevalece sobre el orden constitucional y la expresa voluntad de las mayorías, como demuestran los hechos. Un contemporáneo ejemplo de fundamentalismo político, como lo fueron los de Adolfo Hitler, Mao Tse-tung, o Fidel Castro cuando se creyeron entronizados en aquella única verdad que intentó justificar sus reiterados desmanes.

La crisis endémica que el régimen de producción y distribución de la riqueza expresa con mayor o menor altisonancia regional ha rebasado las capacidades de la dirigencia política hispanoamericana; ya no es asunto de visiones sesgadas de derechas o izquierdas, esto es, el consabido pretexto de las parcialidades políticas incapaces de responder con sus actos de gobierno a las necesidades básicas de la gente común. Es imprescindible un giro renovador hacia el verdadero consenso de la sociedad democrática –sin exclusiones de ninguna naturaleza–, si es que se quiere fortalecer al Estado y sus instituciones fundamentales, vencer la corrupción de funcionarios, rescatar el empleo digno y bien remunerado, abatir la mendicidad tumultuosa y la prostitución que envuelven a los menos favorecidos, tanto como revitalizar la economía primaria y los sectores industrial, comercial y de los servicios. El malestar social de nuestros días no se resolverá en las huelgas y los disturbios de última hora, tampoco en la imposición de radicalismos, como propone la ultraizquierda recogida en el Foro de São Paulo, menos aún difiriendo o ignorando los problemas derivados de las desigualdades sociales, como auspician algunas corrientes reaccionarias que siguen creyendo en el absolutismo del mercado, sin que ello signifique, entiéndase bien, desconocer las bondades de la libre iniciativa. No olvidemos que proliferan las doctrinas económicas concebidas en función de intereses de clases –de la burguesía industrial, mercantil y financiera; de las burocracias políticas, sindicales y gubernativas; de la clase obrera de las ciudades y del campo; de las clases medias profesionales o independientes–, la práctica común que los lleva a envolverse en sistemas ideológicos –o las fórmulas a veces disparatadas del “vendedor de milagros” que todavía campea en predios de nuestra América paupérrima–. Insistir en la libre iniciativa conjugada con el sentido de lo social es la vertiente idónea –también moderada– para superar nuestras dificultades. En eso creemos.

Los sectarismos –igual los radicalismos– no son en modo alguno virtuosos, no resuelven nada, como hemos comprobado al correr de los años de carencias y errores imperdonables que gravitan sobre las tendencias político-ideológicas del hemisferio. No es casual lo que hemos presenciado en semanas recientes –los casos de Ecuador, Chile y Colombia–. Estaba escrito, podríamos decir, ante el descuido y la infortunada lectura de nuestras realidades políticas, sociales y económicas. Tampoco la violencia y excesos contemplados son obra necesariamente premeditada de fanáticos de izquierdas rezagadas –apenas han aprovechado la circunstancia para relanzar sus fallidas doctrinas y atribuirse méritos que no poseen–. Ha sido en su esencia un llamado a la conciencia de todos los ciudadanos, una alerta a las élites ensimismadas, una advertencia a los fanáticos de cualquier tendencia. Y ante ello, solo cabe reafirmar el espíritu civilista que nos cautiva y aquello que nos dijera uno de nuestros asiduos lectores de otros tiempos: “en el camino de la democracia, la democracia es el camino”.

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