Los temores que se ciernen sobre el inicio de un proceso electoral para escoger una nueva Asamblea Nacional recrudecen. Hay una avanzada que forma parte de una estrategia global del régimen de mutar su apariencia externa hacia una nueva fase organizacional que le permita resistir y sobrevivir la tercera década de su existencia. Solo digo “apariencia”, pues en sus propósitos no está modificar su núcleo, el mismo que ha ido en veinte años depurando progresivamente, hasta llegar a lo que es hoy, una organización delictual sostenida por un entarimado de extensas complicidades internacionales, políticas y económicas, todas vinculadas a un ecosistema criminal, en las que el terrorismo y el narcotráfico integran junto a otros factores los ingredientes de un perverso cóctel.
Sin embargo, las sanciones económicas internacionales que desde Estados unidos y Europa se han impuesto, han permitido develar claramente el rostro de la bestia. Urge por tanto, para el sistema de poder que oscuramente habita tras Maduro, cambiar la fachada del régimen.
La experiencia de convivir con un Parlamento que, a pesar de su lenta agonía –marcada desde la temprana declaratoria de desacato– pudo resistir y crear las bases para una ambiciosa forma de ejercer la oposición, que al principio deslegitimó poderosamente al régimen, gracias al resurgir que de las cenizas hubo el 23 de enero del 2019 –cuando Juan Guaidó asumió, mediante una interpretación constitucional principista y prorrepublicana, el ejercicio de la presidencia interina– hizo que se le estampara internacionalmente a Maduro la imagen de invasor de la soberanía nacional y de presidente “tapa amarilla” de la cual no ha podido zafarse.
Consciente de su deterioro, el régimen necesita un hecho a partir del cual poder construir una imagen amable de totalitarismo competitivo, que brinde espacios de discusión a sus eternos adláteres mundiales y así allanarles el camino de su defensa mundial, precisamente en un momento en el que las mayorías de los gobiernos occidentales tejen nuevos modelos de “estados policiales” que justifiquen en tiempo de pandemias, invasiones a la privacidad y constricción de las libertades individuales. En este escenario se le abre al chavismo –tanto al histórico como al madurismo, hijo natural de aquel– una oportunidad única con las elecciones parlamentarias:de transar con un sector de la zoología opositora unos comicios electorales que otorguen al régimen un Parlamento dócil y al mismo tiempo desbanquen la presidencia interina.
La única manera de enfrentar esta arremetida del régimen, que junto a una oposición cohabitadora se ha lanzado a la aventura de llevar a cabo unas elecciones parlamentarias precisamente en medio de una usurpación presidencial, aún lejos de su cese, es trabajar una matriz de opinión ciudadana que pueda enfrentar con argumentos jurídicos y políticos la falacia de que “este año tocan obligatoriamente elecciones parlamentarias”, lo cual política y constitucionalmente no es cierto. Para ello, es fundamental derrumbar algunos infundados mitos compuestos tanto por el oficialismo como por la oposición cohabitadora.
Entre otros, aquel que infundadamente afirma que los actuales diputados llevan cinco (5) años en el ejercicio efectivo de sus funciones, tal como aspira la Constitución se haga, de conformidad con el artículo 192. Por el contrario, el presente Parlamento prácticamente desde el inicio de su instalación, ha estado despojado fraudulentamente del ejercicio de sus funciones y asfixiado financieramente por el régimen de Nicolás Maduro, para quien esta institución, al no haber “acatado” las órdenes del TSJ ilegítimo, merece su extinción.
Lo cierto es que, mediantes actos de fuerza, Nicolás Maduro, coludido con el TSJ ilegítimo, ha obstaculizado el normal funcionamiento de la Asamblea Nacional con más de 100 fallos de apariencia judicial, afectando su funcionamiento ordinario, declarando la nulidad de todas las leyes y otros actos normativos por ella dictados; y con el concurso de la FANB, ha mancillado a los diputados en el ejercicio diario de sus funciones, tolerando la agresión física contra ellos por bandas de civiles armados, que han impedido su libre circulación y hoy los mantienen sesionando clandestinamente, fuera de su sede natural, entre otras viles acciones consentidas.
Surge en consecuencia, como deber inaplazable de la ciudadanía y de todos los factores políticos, respaldar el rol democrático que institucionalmente representa la actual Asamblea Nacional, y a aquellos diputados que han permanecido fieles a sus principios e inalterables ante los ataques del régimen y de la corrupción organizada especialmente por el “clan alacrán”. Por ello se impone, pedirle a la actual directiva de la Asamblea Nacional y al resto de los diputados que legítimamente sesionan fuera de su espacio natural –por culpa del régimen y de algunos parlamentarios traidores a la patria–, que de conformidad con el poder que le otorga el artículo 20 del Estatuto para la Transición, procedan cuanto antes a prorrogar excepcionalmente el lapso de duración de las funciones de los actuales diputados, por el tiempo que medie hasta que se logre el definitivo cese de la usurpación que en la Presidencia de la República mantiene Nicolás Maduro Moros junto al régimen que lo acompaña.
Tengo serias críticas al desempeño no solo del Parlamento Nacional sino del ejercicio errático que del gobierno interino ha hecho Juan Guaidó. No haber encontrado fórmulas efectivas para amalgamar la fuerza interna ciudadana que aún habita en el venezolano con los momentos en que la comunidad internacional estuvo dispuesta a ejecutar compromisos multinacionales, debidamente pactados para asumir responsablemente la obligación de asistirnos humanitariamente y liberarnos políticamente del yugo tiránico que nos oprime, es mi mayor queja y distancia. Sin embargo, visualizo el horizonte y pondero la inconveniencia de permitir unas elecciones parlamentarias, mediante las cuales, se legitime una suave manera delictual de mantener un Estado totalitario, bajo formas aparentemente democráticas.
@PerkinsRocha